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 Diciembre de 2000

REGULACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES  

Ing. Salvador Pérez Adón

Nos parece lógico que haya sido creado un nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones nacionales, que se adapte a las permanentes innovaciones y  perfeccionamiento sin límites, que experimenta  la tecnología actual.

Somos testigos de un mundo, en el que se desvanecen, cada vez más, las    fronteras entre las telecomunicaciones y la informática, para  beneficio y desarrollo  de las transmisiones radiales y televisivas, de las centrales telefónicas, de las comunicaciones móviles, y de la tecnología óptico digital, en general.

Apreciamos que nuestra regulación haya sido impactada por las tecnologías de punta, y que se haya enriquecido con  valores recogidos en códigos legales de amplia aceptación regional, y con las normas más depuradas del comercio internacional, surgidas al calor negociaciones locales, regionales y globales.

Si escudriñáramos allí, donde se encuentren los   puntos fuertes de nuestra regulación, veríamos lo siguiente: se han creado reglas de juego claras para los inversionistas privados,  se han creado mecanismos transparentes y libres de las influencias de los intereses políticos de turno, para el acceso al mercado, para la solución de controversias  y para las toma de decisiones regulatorias, se ha establecido la soberanía del estado sobre el dominio radioeléctrico, el reordenamiento de las frecuencias, el  servicio universal, la defensa al consumidor y la prestación de servicios bajo un régimen de libre competencia, mediante el sistema de concesiones y licencias.

Sin embargo, no debemos omitir que  existen  oportunidades de mejorías, en áreas tan importantes, como son: el planeamiento estratégico, el monitoreo de las transmisiones radiales, el reclutamiento de personal, y el establecimiento de un programa de actividades donde se especifiquen claramente  las prioridades.

Dedicaremos las siguientes líneas, a las consideraciones de algunos  aspectos relacionados con las prioridades, nos limitaremos a analizar lo sucedido en más de dos años de operaciones del  “INDOTEL”,  evitando en lo posible, particularizar entre autoridades presentes o pasadas.

Desde la promulgación de la ley 153-98 que crea el “INDOTEL”,  en mayo de 1998,  no es mucho lo que se ha divulgado acerca  de sus actividades,  pero sabemos que no se ha diseñado un plan de atribución de frecuencias, apropiado al nivel de desarrollo y necesidades del país,  no se han adaptado los contratos de concesiones y licencias vigentes,  a la nueva ley,  no se ha establecido un plan migratorio para la transición a televisión digital,  y  no se ha establecido ninguna meta que deba alcanzar el país, en materia de monitoreo y de líneas telefónicas a lograr, por cada cien  habitantes.

Aún cuando el  impuesto creado por la ley, denominado “aporte al desarrollo de las telecomunicaciones” (dos por ciento del total de la factura telefónica), ha producido, durante más de dos años, una cifra mayor a los 400 millones de pesos, las prioridades del “INDOTEL”  no se han orientado a establecer un programa anual de construcciones destinado a llevar  las telecomunicaciones, a las zonas fronterizas, a los bateyes, a las comunidades rurales de más de 500 habitantes, cuyas condiciones económicas y geográficas, presenten un perfil desfavorable para el retorno de las inversiones privadas.

Por el contrario, reproduciendo esquemas incorrectos, observados en otros países de la región, se han privilegiado  las compras de vehículos de lujo, la decoración y climatización de oficinas, la asignación de sueldos y beneficios anuales que superan las seis cifras, para los  funcionarios y asesores extranjeros, la contratación de estudios de dudosa importancia, y la asistencia a eventos internacionales de escaso valor para el país.

 

 

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