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Derechos Humanos Cuba 2000

Favor poner en "Asunto" el título y autor del artículo

Informe del País
Resumen ejecutivo

Cuba es un estado totalitario controlado por el presidente Fidel Castro, quien es jefe de estado, jefe del gobierno, primer secretario del Partido Comunista y comandante en jefe de las fuerzas armadas.  El presidente Castro controla todos los aspectos de la vida cubana a través del Partido Comunista y sus organizaciones de masa afiliadas, la burocracia gubernamental y el aparato de seguridad del Estado.  El Partido Comunista es la única entidad política legal y el presidente Castro escoge personalmente a los miembros del Politburó, el selecto grupo que encabeza el partido.  No hay elecciones competitivas de los 601 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que se reúne dos veces al año durante unos pocos días para refrendar mecánicamente las decisiones y políticas ya formuladas por el gobierno.  El partido controla todos los puestos gubernamentales, incluso los cargos judiciales.  El poder judicial está completamente subordinado al gobierno y al Partido Comunista.

El Ministerio del Interior es el órgano principal de la seguridad del estado y el control totalitario.  Oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dirigidas por el hermano del presidente Castro, Raúl, han sido designados para ocupar la mayoría de los cargos claves del Ministerio del Interior en años recientes.  Además de las funciones policiales rutinarias de regular la migración y controlar la Guardia de Fronteras y las fuerzas policiales regulares, el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior investiga y reprime activamente la oposición y la disidencia.   Mantiene un sistema penetrante de vigilancia mediante el uso de agentes encubiertos, informantes, las Brigadas de Respuesta Rápida y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).  El gobierno ha utilizado tradicionalmente a los CDR como medio de movilizar la población en contra de los disidentes, para imponer la conformidad ideológica y para desarraigar la conducta "contrarrevolucionaria". A principios de la década de los años 90, los problemas económicos redujeron la capacidad del gobierno de recompensar la participación en los CDR, y con ello la voluntad de los ciudadanos de participar en ellos, lo que ha tenido como resultado una pérdida de su eficacia.

Otras organizaciones de masa también contribuyen al control, por parte del gobierno y del Partido Comunista, de las actividades diarias de cada ciudadano en el hogar, el trabajo y la escuela.  Los miembros de las fuerzas de seguridad cometen graves violaciones de los derechos humanos.

El gobierno continuó controlando todos los medios importantes de producción y siguió siendo el principal empleador, a pesar de permitir alguna inversión extranjera, cuidadosamente controlada, en empresas mixtas.  A los empleadores extranjeros se les permite contratar trabajadores sólo a través de agencias
estatales, que reciben pagos en divisa dura por la labor de los trabajadores, pero, a su vez, les pagan a los trabajadores una pequeña fracción de esos pagos (generalmente el 5 por ciento) en moneda cubana.  En 1998 el gobierno continuó abrogando ciertos cambios que habían conducido a un aumento de la actividad empresarial legal no gubernamental, cuando aumentó las restricciones en el sector del empleo por cuenta propia al reducir el número de categorías permitidas y cobrar impuestos relativamente elevados a las personas que trabajaban en sus
propias empresas. En septiembre el ministro de Trabajo y Seguridad Social declaró públicamente que habrían de promulgarse leyes más restrictivas para regular el empleo por cuenta propia. Sugirió que el ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Impuestos y el ministerio de Finanzas actuaran coordinadamente para reducir las "actividades ilegales" de muchos empleados por cuenta propia. Según funcionarios gubernamentales, la cantidad de personas empleadas por cuenta propia era al mes de septiembre era de 156.000, una disminución en comparación con las 166.000 que se informó en 1999.

De acuerdo con las cifras oficiales, la economía creció 5,6 por ciento durante el año. A pesar de esto, el producto económico general sigue por debajo de los niveles anteriores a la caída -- que llegó a por lo menos un 35 por ciento del producto interno bruto -- ocurrida a principios de la década de los años 90,
debido a las ineficiencias del sistema económico de control centralizado; a la pérdida de miles de millones de dólares anuales provenientes del bloque comercial soviético y los subsidios soviéticos; al continuo deterioro de plantas, equipos
y el sistema de transporte; y al continuo mal desempeño del importante sector azucarero. La zafra de 1999-2000 (apenas por encima de 4 millones de toneladas) fue muy poco mejor que la de 1998-1999. La zafra de 1997-1998 fue considerada la peor en más de 50 años. Por décimo año consecutivo, el gobierno mantuvo sus medidas de austeridad conocidas como el "período especial en tiempo de paz". Los mercados campesinos, legalizados en 1994, dan a los consumidores más acceso a la carne y hortalizas, aunque sus precios están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos cuyos ingresos consisten exclusivamente en pesos.  Dadas estas condiciones, la corriente de centenares de millones de dólares en remesas que envía la comunidad del exilio ayuda significativamente a sobrevivir a aquellos que reciben dólares.  El turismo siguió siendo una fuente clave de ingresos para el gobierno. Continúa el sistema de "apartheid turístico", con visitantes extranjeros que pagan con divisa dura y tienen preferencia por encima de los ciudadanos para obtener comida, productos de consumo y servicios médicos.  La mayoría de los ciudadanos continúan excluidos de los hoteles, playas y balnearios turísticos.

El historial del gobierno en materia de derechos humanos siguió siendo malo.  Continuó violando sistemáticamente los derechos políticos y civiles fundamentales de sus ciudadanos.  Los ciudadanos no tienen el derecho de cambiar pacíficamente su gobierno.  Hubo varios informes no confirmados de muertes
extrajudiciales cometidas por la policía, y de que algunos presos mueren en prisión por la falta de atención médica. Miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del sistema carcelario continuaron con las palizas y otros abusos en contra de los detenidos y prisioneros.  El gobierno se abstuvo de enjuiciar o castigar adecuadamente a los miembros de las fuerzas de seguridad y guardias carcelarios que cometieron tales abusos.  Las condiciones en las prisiones siguen siendo rigurosas.  Las autoridades continuaron rutinariamente hostigando, amenazando, arrestando arbitrariamente, deteniendo, apresando y difamando a los defensores de los derechos humanos y a los miembros de asociaciones profesionales independientes, entre ellos periodistas, economistas y abogados, frecuentemente para coaccionarlos para que salgan del país. El gobierno usó el exilio interno y externo contra esas personas y a los presos políticos se les ofreció escoger entre el exilio y el encarcelamiento continuado.  El gobierno negó el debido proceso de ley a los disidentes y a los defensores de los derechos humanos y los sometió a juicios injustos.  El gobierno infringió el derecho de los ciudadanos a la intimidad personal.  El gobierno les negó a los ciudadanos las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación.  Limitó la distribución de publicaciones y noticias extranjeras al grupo selecto de fieles militantes del partido, y mantuvo para el resto del público una estricta censura de noticias e información.  El gobierno restringe algunas actividades religiosas aunque permite otras. Antes y después de la visita del Papa Juan Pablo II en enero de 1998, el gobierno permitió algunas procesiones públicas en días festivos y restableció la navidad como feriado oficial; pero no ha respondido a l llamado papal para que a la iglesia se le permita desempeñar un papel más importante en la sociedad cubana. Durante el año, el gobierno autorizó la entrada al país de dos nuevos sacerdotes (como profesores de un seminario) y de otros dos para reemplazar a otros tantos sacerdotes cuyas visas no habían sido renovadas. Pero las solicitudes de muchos sacerdotes y trabajadores religiosos seguían pendientes, y algunas visas se emitían por períodos de sólo 3 a 6 meses. El gobierno mantuvo firmes restricciones a la libertad de movimiento, incluyendo los viajes al extranjero.  El gobierno rechazó áspera y públicamente todas las críticas a sus prácticas en materia de derechos humanos y procuró desalentar y obstaculizar los contactos con activistas de derechos humanos en el extranjero. La violencia contra la mujer, especialmente la violencia doméstica y la prostitución infantil se han convertido en problemas. Se dieron casos de discriminación racial. El gobierno restringió severamente los derechos de los trabajadores, inclusive el derecho de formar sindicatos independientes.  El gobierno prohíbe el trabajo infantil forzado o en pago de deudas; sin embargo, requiere que los niños realicen trabajos agrícolas sin remuneración durante sus
vacaciones escolares de verano.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1  Respeto a la Integridad de la Persona, Inclusive
Estar Libre de:

a. Ejecuciones Políticas y Otras de Tipo Extrajudicial

No hubo informes de muertes por motivos políticos.  Hubo informes no confirmados de muertes debidas al uso excesivo de fuerza por parte de la policía nacional.

El 6 de octubre, según un informe de la Agencia Prensa Libre Oriental (APLO, agencia noticiosa independiente), un policía le disparó a Leovigildo Oliva, de 41 años, de El Poblado, Dos Caminos de San Luis, en la provincia de Santiago, mientras la víctima volvía a su casa, temprano en la mañana, llevando una bolsa de forraje. Oliva fue llevado a un hospital y murió pocas horas después. No se dio ninguna explicación por el ataque a tiros.

El 28 de diciembre Leonardo Horta Camacho, de 27 años, fue muerto a balazos. Según algunos informes, Horta, aparentemente, fue baleado cuando trataba de robar un cerdo; se dice que un policía le dijo a la novia de Horta que la víctima había sido herida accidentalmente mientras luchaba con un policía. Otra versión señala que la policía creyó que Horta era uno de dos presos fugados a los que se estaba buscando.

Las sanciones gubernamentales contra los perpetradores fueron leves o inexistentes en los casos de muertes por el uso excesivo de fuerza durante 1998.  No hubo informe de investigaciones apropiadas de las muertes de Wilfredo Martínez Pérez, Yuset Ochoterena y Reinery Marrera Toldedo.

Durante el año hubo informes de que algunos presos murieron en prisión debido a la falta de atención médica (véase Sección 1.c. 


En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe final sobre el hundimiento del remolcador "13 de marzo", provocado por el gobierno el 13 de julio de 1994, en el que perdieron la vida 41 personas, incluso mujeres y niños.  La CIDH ordenó al gobierno indemnizar a los
sobrevivientes y a los parientes de las víctimas por los daños causados. A fines de año, el gobierno todavía no lo había hecho. El gobierno detuvo a varios activistas de los derechos humanos para impedirles participar en una misa en sufragio de las
víctimas, en el aniversario de sus muertes (véase Secciones 1.d. y 2.c.).

b.  Desapariciones

No se informó de desapariciones por motivos políticos.

c. Tortura y otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante

La Constitución prohíbe el trato abusivo de detenidos y prisioneros; sin embargo, hubo casos en que miembros de las fuerzas de seguridad y guardias de prisiones golpearon y cometieron abusos contra defensores de los derechos humanos, detenidos y presos. Ha habido numerosos informes de hostigamiento policial desmedido contra jóvenes negros (véase Sección 5).

El 22 de enero, militantes del Partido Comunista atacaron a miembros de la familia Sigler Amaya en su hogar en Pedro Betancourt, en la provincia de Matanzas, en presencia de oficiales de policía. La familia terminaba un ayuno en demanda de la liberación de dos de sus miembros, Guido y Ariel Sigler Amaya, que habían sido detenidos el 15 de diciembre de 1999.  Luego de destruir varios carteles, los diez militantes del partido atacaron con palos a varias personas de la familia. Juan
Francisco Sigler Amaya fue aturdido a golpes; Miguel Sigler Amaya sufrió la fractura de una costilla; Gulliver y Ulises Sigler González, hijos de Juan Francisco, sufrieron lesiones menores. Los militantes del partido golpearon también a Gloria
Amaya González, la abuela. Luego del ataque, oficiales de la policía entraron en la casa y arrestaron a todos los hombres. El 23 de enero las autoridades pusieron en libertad a Rogelio "Yeyo" González, Juan Francisco Martínez y Miguel Sigler Amaya, pero los multaron por alterar la paz y causar un desorden público. A fines del año, el gobierno no había castigado por este ataque a ninguno de los militantes del partido. La policía puso en libertad a Guido Sigler Amaya el 9 de julio, y a Ariel Sigler Amaya el 5 de agosto.

El 13 de julio Ernesto La O Ramos, del "Movimiento Cívico Nacional Máximo Gómez", planeaba, según se informó, arrojar flores en un río cercano en  conmemoración de las 41 personas que perecieron en el hundimiento del remolcador 13 de Marzo en 1994. Un policía le advirtió a La O Ramos que no fuera al río. Cuando éste se negó, el policía lo llevó hasta la estación policial. En el camino hacia la estación, La O Ramos saludó a un amigo, y el policía interpretó el gesto como una indicación de que La O Ramos se proponía darse a la fuga. El oficial golpeó a La O Ramos en la cara, fracturándole la nariz y rompiéndole los
lentes. La O Ramos fue citado por desacato y su juicio fue pospuesto el 3 de agosto hasta nuevo aviso. Pero el 29 de septiembre el juez declaró sin lugar las acusaciones contra La O Ramos.

El gobierno continuó sometiendo a "actos de repudio" a aquellos que estaban en desacuerdo con el gobierno.  A instigación del gobierno, miembros de las organizaciones de masa controladas por el estado, compañeros de trabajo o vecinos de las víctimas elegidas son obligados a montar protestas públicas contra aquellos que disienten de las políticas del gobierno, gritando expresiones obscenas y a menudo causando daños a los hogares y propiedad de las víctimas; en ocasiones ocurren ataques físicos contra las víctimas.  La policía y los agentes de la seguridad del Estado están a menudo presentes, pero no hacen nada para impedir los ataques o terminar con ellos.  Los que se niegan a participar en estas acciones encaran medidas disciplinarias, inclusive la pérdida del empleo.

Durante el año no hubo actos de repudio masivo dirigidos contra los hogares de activistas de derechos humanos en particular; sin embargo, hubo actos de repudio en pequeña escala, conocidos como "reuniones relámpago". Estos actos están a cargo de pocos individuos que por lo común no son vecinos de la persona objeto del repudio, y pueden durar hasta 30 minutos. Estos individuos gritan insultos y arrojan piedras u otros objetos contra la casa de la víctima. Por ejemplo, temprano en la mañana del 21 de junio, un pequeño grupo de gente tiró piedras, tomates y huevos durante 10 minutos contra la casa de Yvette Rodríguez Manzanares, en Santiago de Cuba. Rodríguez Manzanares es miembro del Movimiento Seguidores de Chibás (MSC).

El 12 agosto, por la noche, desconocidos arrojaron piedras contra la casa de Nelson Parra Polanco, miembro del Partido Solidaridad Democrática en Manzanillo, provincia de Granma. El 27 de septiembre, poco antes de medianoche, un número desconocido de individuos entró en el patio de la casa de Isabel del Pino, presidenta de la Asociación de Seguidores Humanitarios de Cristo Rey, y dio fuertes golpes a su puerta. La multitud gritó también palabras insultantes, tales como "abajo la gusanera", "que se vayan los gusanos", etc.

Las condiciones de encarcelamiento continuaron siendo rigurosas y amenazantes para la vida, y las condiciones en las instalaciones para detenidos son también duras.  El gobierno afirma que los prisioneros tienen derechos garantizados, como
visitas de familiares, alimentación adecuada, remuneración por trabajo, el derecho de solicitar libertad bajo palabra y el derecho de presentar peticiones al director de la prisión.  Sin embargo, la policía y los funcionarios carcelarios frecuentemente niegan estos derechos y apalean, tratan con negligencia, aíslan y les niegan atención médica a los detenidos y presos, incluso los condenados por delitos políticos o aquellos que persistieron en expresar sus opiniones. Human Rights Watch (HRW) informó que en febrero de 1999 el gobierno enmendó el Código Penal y determinó que los presos no pueden estar sujetos a castigo corporal, ni se permite emplear medio alguno contra ellos para humillarlos o rebajar su dignidad.  Sin embargo, el código enmendado omite establecer castigos por cometer tales actos.

El gobierno violó también con regularidad el derecho a la alimentación adecuada y a la atención médica. El 1 de junio APLO informó que Marcelo Diosdado Amelo Rodríguez, encarcelado en Boniato, no recibía medicinas para sus problemas de hipertensión y circulatorios. En junio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno que diera tratamiento médico a dos periodistas que cumplían sentencias de prisión. Los dos periodistas sufrían de hepatitis e influenza grave, y la SIP temía que uno de ellos pudiera contraer tuberculosis. El 27 de julio, una agencia periodística independiente informó la muerte de la presa común Lucía Castelúa Padrón, porque las autoridades de la prisión no la transfirieron a un hospital para que recibiera tratamiento por estar enferma de hepatitis. En 1997 la CIDH calificó de "alarmante" la situación alimentaria e higiénica en las prisiones, junto con las deficiencias de la atención médica.  Tanto la CIDH y el Relator Especial de la ONU, como otras organizaciones de vigilancia de los derechos humanos denunciaron la alta frecuencia de casos de tuberculosis, sarna, hepatitis, infecciones parasitarias y desnutrición en las prisiones.

El 10 de abril, más de 100 presos de la Prisión 1580, situada en el municipio de San Miguel del Padrón, en la ciudad de La Habana, protestaron contra la falta de atención médica y reclamaron mejores condiciones de prisión. El 3 de mayo, según se informó, varios presos se amotinaron la prisión de Kilo 7, en Camagüey, y exigieron mejor atención médica, mejor alimentación y respeto a sus personas. Aparentemente, fuerzas especiales de la policía atacaron a los presos y terminaron con la huelga, acción que resultó en que 20 presos tuvieron que ser
hospitalizados.

Guardias de prisiones y funcionarios de seguridad del Estado también sometieron a los activistas de los derechos humanos y la democracia a amenazas de violencia física, a la intimidación psicológica sistemática, y a la detención o reclusión en celdas junto con delincuentes comunes y violentos, reclusos sexualmente agresivos o agentes de la seguridad del estado que se hacían pasar por presos. Hay instalaciones de prisión separadas para mujeres y menores de edad.

Los funcionarios de prisiones les denegaron regularmente a los presos otros derechos, tales como recibir correspondencia, y siguieron confiscando las medicinas y alimentos llevados por los parientes de los presos políticos. Las autoridades de las prisiones, también como cuestión de rutina, les niegan a los
trabajadores religiosos el acceso a detenidos y presos.

A los presos políticos se les requirió cumplir con las reglas impuestas a los presos comunes y a menudo se los castiga severamente si se niegan a hacerlo.  A detenidos y presos se los somete a menudo a interrogatorios repetidos y vigorosos, concebidos para coaccionarlos para que firmen declaraciones
incriminatorias, forzarlos a colaborar con las autoridades o intimidar a las víctimas.

Vladimiro Roca Antúnez, miembro del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, sigue en prisión y fue trasladado a principios de julio del confinamiento solitario a una sección de la prisión para los presos comunes. Los funcionarios de la prisión le negaron permisos de salida los fines de semana, que les fueron concedidos a los otros tres miembros del grupo antes de que fueran excarcelados en mayo (véase Sección 1.e.).

Las autoridades, luego del juicio de un solo día de duración que le celebraron en febrero, llevaron al doctor Oscar Elías Biscet a una prisión en Holguín, a unos 700 kilómetros de La Habana, donde vive su familia. El 7 de junio, Biscet fue colocado en una "celda de castigo" y no podía recibir visitas ni alimentos, ropas o publicaciones. No se le permitía llevar ningún material de lectura a la celda de castigo, ni siquiera la Biblia. Las autoridades, según se informa, encerraron a Biscet en una celda de castigo porque inició un ayuno de seis horas para conmemorar la huelga de hambre de 40 días que comenzó el 7 de junio de 1999  en un apartamento de Tamarindo 34, en el municipio 10 de Octubre, de la ciudad de La Habana. El 1 de julio Biscet salió de la celda de castigo; pero las autoridades lo enviaron de regreso a ella cuando anunció su intención de ayunar el 13 de julio en memoria de los cubanos que murieron cuando el hundimiento del remolcador 13 de Marzo en 1994. Las autoridades de la prisión, según se informa, le dijeron a Biscet que tales actos perturbaban la vida en la prisión y podían conducir a la violencia. Biscet pasó 42 días en confinamiento solitario. En noviembre las autoridades volvieron a castigarlo, esta vez por protestar contra la atención médica inadecuada que se les daba a 10 presos comunes que sufrían de diarrea. Se asegura que los guardias se negaban a entregarle los alimentos que su familia le traía y rehusaban permitirle visitas familiares programadas. A fines de año Biscet seguía aún en prisión.

Del 24 de mayo al 1 de junio, el preso político Jorge García Pérez (Antúnez) se mantuvo en huelga de hambre para protestar contra la falta de atención médica, el retiro arbitrario de libros y material de lectura, inclusive la Biblia, y la suspensión de las visitas familiares. Se informó que luego de la huelga de hambre recibió mejor trato de parte de los funcionarios de la prisión.

El 22 de agosto los padres de Jesús Joel Díaz Hernández informaron que se lo había encerrado en una celda de castigo en la prisión provincial de Canaleta, en Ciego de Avila. Los funcionarios de la prisión no le permitieron disponer de ningún
material de lectura, ni siquiera la Biblia.

Aunque ya no se encuentra en confinamiento solitario ni en una celda de castigo, Francisco Chaviano González, que era presidente del Consejo Nacional de los Derechos Civiles en Cuba y que había sido puesto en prisión desde 1994 acusado de espionaje y desacato, se niega a ver a sus familiares mientras los funcionarios de la prisión no le garanticen que puede recibir visitas de los miembros de su familia una vez al mes, de acuerdo con los reglamentos de la prisión. Actualmente, Chaviano y su esposa intercambian correspondencia.

El gobierno no permite la observación independiente de las condiciones en las prisiones por parte de grupos internacionales o nacionales dedicados a la vigilancia de los derechos humanos. Desde 1989 el gobierno se ha negado a permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja visite las prisiones, y sigue rechazando las solicitudes de reiniciar tales visitas.

d.  Arresto arbitrario, detención o exilio

El arresto y la detención arbitrarios siguen siendo un problema y siguen siendo las armas más eficaces del gobierno para hostigar a los opositores.  La Ley de Procedimientos Penales exige que la policía instruya de cargos formales al detenido, lo libere o lleve el caso ante un fiscal dentro de las 96 horas del arresto.  También exige que las autoridades proporcionen a los sospechosos el acceso a un abogado dentro de los 7 días del arresto.  Sin embargo, la Constitución establece que todas las libertades civiles legalmente reconocidas pueden serle denegadas a cualquiera que se oponga activamente a la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo.  Las autoridades invocan rutinariamente esta autoridad absoluta para negarle el debido proceso a los detenidos por supuestos delitos contra la seguridad del estado.

Las autoridades se dedican de manera rutinaria al arresto y detención arbitraria de los activistas de los derechos humanos, sometiéndolos a interrogatorios, amenazas y tratamiento degradante y condiciones insalubres por horas o días.  Un estudio hecho por la organización no gubernamental (ONG) ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó que el gobierno sancionó o procesó a 368 personas por motivos políticos en 1999.  Amnistía Internacional (AI) reconoció además el aumento de arrestos y hostigamiento contra los disidentes al final del año, particularmente al aproximarse el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando las autoridades arrestaron a aproximadamente 200 personas para impedirles que participaran en una celebración de ese aniversario.  Los activistas de derechos humanos describieron esta escalada como la peor en una década.  Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dijo que le preocupaban especialmente los métodos nuevos e ilegales usados por las fuerzas de seguridad para hostigar a los disidentes, incluso el
uso de la fuerza al arrestar a los activistas.

Por ejemplo, la policía arrestó al periodista independiente Víctor Rolando Arroyo Carmona y a Pedro Pablo Hernández Mijares durante la celebración del cumpleaños de Noel Ascanio Montero en Guines.  La policía golpeó a Rolando Arroyo, le confiscó la grabadora (él es periodista independiente) y 15 dólares. Posteriormente la policía dejó a los dos hombres al lado del camino, lejos de Guines. Los hombres regresaron a Guines y se dirigieron a la estación de policía local para formular una denuncia contra la policía, pero en cambio fueron llevados lejos nuevamente y dejados en la ruta a más de 30 kilómetros de distancia.  Al regresar a Guines por la mañana temprano, Rolando Arroyo volvió a acudir a la estación de policía, pero la policía lo interceptó y lo llevó a la vecina municipalidad de Guanajay.

En diciembre de 1999, la policía detuvo a José Aguilar Hernández y Carlos Oquendo Rodríguez, del Movimiento 13 de Julio; a Diosdado González Marrero, del Partido Paz, Amor y Libertad, y a Marcel Valenzuela Salt de la Organización Cívica Fraternal cuando intentaban realizar una manifestación durante las festividades religiosas en honor de San Lázaro, cerca de la pequeña localidad de El Rincón, en las proximidades de La Habana.  Los cuatro hombres fueron liberados por las autoridades el 13 de junio.

En diciembre de 1999, las autoridades arrestaron a Maritza Lugo Fernández, la vicepresidenta del Partido Democrático 30 de Noviembre y sólo la dejaron en libertad el 2 de junio.  Maritza Lugo había sido dejada en libertad de la cárcel en agosto de 1999 y fue detenida varias veces antes del arresto subsiguiente en diciembre de 1999.  Cuando Maritza Lugo fue liberada, funcionarios de la seguridad del estado le dijeron que preparase los documentos para la partida de su familia, incluido su esposo Rafael Ibarra Roque, quien todavía estaba preso.  Sin embargo, las autoridades volvieron a arrestar a Maritza en diciembre y la tuvieron detenida hasta fin de año sin presentar cargos en su contra.

Las autoridades siguieron deteniendo activistas de los derechos humanos y periodistas independientes durante períodos breves, con frecuencia para impedirles asistir o participar en eventos relacionados con cuestiones de los derechos humanos.  Las autoridades también colocaron a esos activistas bajo arresto domiciliario durante períodos breves por razones similares. El 13 de enero el personal de seguridad impidió a un número de activistas de derechos humanos y periodistas independientes asistir al juicio del periodista independiente Víctor Rolando Arroyo Carmona.  Víctor Rolando recibió una sentencia de seis meses de cárcel por supuesta acaparación de juguetes.  El había comprado juguetes para distribuirlos a los niños pobres el 6 de enero.  El gobierno confinó a Juan Carlos Pérez Arancibia, Feliciano Alvarez y Cecilio González en sus hogares para que no pudieran asistir al juicio de Arroyo en Pinar del Río.  En 1996 Arroyo Carmona había cumplido una condena de 1 año y 9 meses de prisión por desacato a las autoridades.

El 25 de enero, la policía detuvo a Oswaldo Paya Sardinas, presidente del Movimiento de Liberación Cristiano y a Héctor Palacios Ruiz, director del Centro de Estudios Sociales.  Según Elizardo Sánchez Santa Cruz, los dos fueron detenidos para impedir que se llevara a cabo una reunión en la casa de Palacios sobre "Todos Unidos", un documento que se emitió antes de la Novena Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana en noviembre de 1999.  La policía detuvo también a un número de otros disidentes, entre ellos a José Orlando González Bridón, secretario general de la Confederación de la Unión de Trabajadores Democráticos de Cuba, y a un periodista independiente; todos ellos fueron dejados en libertad esa misma tarde.  La policía había detenido a González Bridón el 20 de enero y lo interrogó sobre sus actividades periodísticas.

Oficiales de la seguridad del estado detuvieron a activistas de los derechos humanos y a periodistas independientes, entre ellos Alejandro Chang del Movimiento de Hermanos Fraternales por la Dignidad; Nelson Aguiar Ramírez del Partido Ortodoxo, María A García Delgado del Movimiento del 24 de Febrero, Carlos Alberto Domínguez del Partido Democrático 30 de Noviembre, Carlos Ríos de Cambio 2000, Clara Morales Martínez del Movimiento 13 de Julio, Angel Polanco, Rafael Peraza, María de los Angeles González Amaro y José Antonio Fornaris Ramos para asegurar que no pudieran asistir al juicio público de un día del doctor Oscar Elías Biscet, Eduardo Díaz Fleitas y Fermín Scull Zulueta, que tuvo lugar el 25 de febrero en La Habana.  Además, las autoridades les dijeron a muchos disidentes y periodistas independientes que no asistieran.  Las autoridades ordenaron al prominente disidente Jesús Yañez Pelletier que no saliera de su casa, y colocaron guardias frente a ella para asegurar el cumplimiento de la orden.  Otros a quienes se les ordenó permanecer en sus casas fueron María Esther Suárez Valdés de la Confederación de la Unión de Trabajadores Democráticos de Cuba; Ileana González del Partido Democrático 30 de Noviembre; Rubén Camalleri del Movimiento del 24 de Febrero; Carlos Raúl Jiménez Carrero de Agenda Nacionalista, y Odilia Collazo Valdés del Partido pro Derechos Humanos de Cuba.  Las autoridades pusieron bajo arresto domiciliario por un día a los periodistas independientes Omar Rodríguez Saludes y Jorge Olivera Castillo.

El 24 de mayo, la policía de seguridad detuvo a cuatro activistas de derechos humanos que iban en camino a entregar una carta a las autoridades penales de Vedado, La Habana, pidiendo mejores condiciones carcelarias para los presos políticos.  La carta también protestaba por el encarcelamiento del doctor Biscet a 720 kilómetros de su familia.  La policía detuvo a Armando Domínguez y Iosvani Aguilar Camejo del Movimiento de Hermanos Fraternales por la Dignidad, y a Alejandro Chang Cantillo y Marlón Cabrera del Movimiento Cívico Fraternal.  El 23 de octubre la policía dejó en libertad a Marlón Cabrera Rivero y a Alejandro Chang Cantillo; liberó a Armando Domínguez González el 20 de octubre y a Iosvani Aguilar Camejo el 30 de octubre.  Las autoridades también impusieron una multa de 600 pesos (alrededor de 30 dólares) a Aguilar Camejo por perturbar la paz en la prisión.

El 29 de junio, la policía arrestó a Rafael Iturralde Bello, presidente de la cooperativa agrícola independiente Libertad en Santiago de Cuba, frente a la estación de autobuses de Pinar del Río.  Iturralde fue arrestado antes de que pudiera reunirse con otros miembros de la Asociación Nacional de Agricultores
Independientes de Cuba en Pinar del Río.  Iturralde fue dejado en libertad 24 horas después y colocado a bordo de un autobús con destino a Santiago de Cuba. 

Como en años anteriores, el 13 de julio la policía impidió a los activistas que conmemorasen de cualquier manera el incidente de 1994 en el cual 41 personas murieron ahogadas cuando la Guardia Fronteriza hundió el remolcador 13 de Marzo (ver Sección 1.a). Comenzando el 12 de julio la policía detuvo activistas en varias provincias y les ordenó que se quedaran en sus casas el 13 de julio. Las autoridades les dijeron a los disidentes que si no obedecían serían procesados por asamblea ilegal y distribución de propaganda enemiga, o por incitación a la rebelión.  En Santiago de Cuba, se informó que más de 80 agentes de seguridad del estado atacaron a alrededor de 30 disidentes que habían arrojado ramos de flores al océano en homenaje a quienes murieron en 1994.  Se denunció que los agentes de seguridad del estado también golpearon a las mujeres que se hallaban en el grupo.  Los agentes de seguridad acusaron a los disidentes de ser ladrones y delincuentes (ver Sección 2.b).

El 21 de julio, las autoridades también impidieron a los activistas en Santiago de Cuba, entre ellos el periodista independiente Luis Alberto Rivera y Fidel Soria Torres e Ivette Rodríguez Manzanares del MSC, que asistieran al juicio de Néstor Rodríguez Lobaina y Eddy Alfredo Mena González del Movimiento Juventud Cubana por la Democracia.  Los dos hombres fueron acusados de desacato, causar daños y desorden público.  El 15 de agosto la corte impuso a Rodríguez una sentencia de 6 años de cárcel y a Mena una sentencia de 5 años de cárcel (ver Sección 1.e).

El 8 de septiembre, la policía de seguridad ordenó a un número de activistas de derechos humanos que no asistieran a la procesión anual en honor de la Virgen de la Caridad (ver Sección 2.c).

El Código Penal incluye el concepto de "peligrosidad", definido como la "proclividad especial de una persona a cometer delitos, demostrada por su conducta en manifiesta contradicción con las normas socialistas".  Si la policía decide que una persona muestra indicios de peligrosidad, puede llevarla a juicio o
someterla a "terapia" o a "reeducación política".  Las autoridades gubernamentales regularmente intimidan a sus críticos con este artículo.  Tanto la CDHNU como la CIDH criticaron este concepto por su subjetividad, la naturaleza sumaria de los procedimientos judiciales empleados, la falta de protección legal, y las consideraciones políticas implícitas en su aplicación.  Según la CIDH, "la inclinación especial a cometer delitos" a los que se refiere el código penal cubano
tiene "un criterio de subjetividad" empleado por el gobierno para justificar las violaciones del derecho a la libertad individual y al debido proceso de personas cuyo único delito ha sido la inclinación a sostener un punto de vista diferente del
oficial.

El 8 de agosto, la policía citó a Manuel Lantigua Domínguez, miembro del disidente Consejo Unico de Trabajadores Cubanos (CUTC) en la provincia de Guantánamo, a la estación de policía local.  Después de fotografiarlo y de tomar sus impresiones digitales, la policía le dijo a Lantigua que se abriría contra él un caso por denuncias de peligrosidad.

El gobierno también usó el exilio como instrumento para controlar y eliminar la oposición interna.  AI ha señalado que el gobierno detiene a los activistas de derechos humanos repetidamente por breves períodos y los amenaza con
encarcelamiento a menos que desistan de sus actividades o se vayan del país.  El gobierno usó estas tácticas agresivas crecientes para forzar a Rubén Ruiz Armenteros, vicepresidente del Partido de los Derechos Humanos de Cuba, a dejar el país el 28 de septiembre.  El 26 de octubre, Orestes Rodríguez Horruitiner, presidente del MSC, también dejó el país. Rodríguez había estado preso desde julio de 1997 hasta el 7 de abril.

El gobierno también ha presionado a los activistas de derechos humanos presos y a los presos políticos a solicitar permisos de emigración y regularmente condicionó su liberación a la aceptación del exilio.  Human Rights Watch señaló que el gobierno rutinariamente invoca el exilio forzado como condición para la liberación de prisioneros y también presiona a los activistas para que salgan del país a fin de evitar persecución en el futuro.

AI ha expresado particular preocupación por la práctica del gobierno de amenazar con denunciar, enjuiciar y encarcelar a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas independientes antes del arresto o la sentencia si no salen del
país.  Según AI, esta práctica "efectivamente impide a los interesados que sean capaces de actuar en la vida pública en su propio país".

e.  Negativa a ofrecer un juicio público imparcial

Aunque la Constitución prevé la existencia de tribunales independientes, explícitamente los subordina a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y al Consejo de Estado, que encabeza Fidel Castro.  La ANPP y sus contrapartes en niveles inferiores eligen a todos los jueces.  La subordinación de los tribunales al Partido Comunista, que la Constitución designa como "la fuerza directiva superior de la sociedad y del estado" compromete aún más la independencia del poder judicial.  Las cortes socavan el derecho a un juicio imparcial al restringir el derecho a la defensa y con frecuencia no observa los pocos derechos de debido proceso disponibles a los acusados.

Existen tribunales civiles a nivel municipal, provincial y en la Corte Suprema.  Los presiden grupos compuestos por una mezcla de jueces profesionalmente acreditados y jueces legos.  Los tribunales militares asumen jurisdicción en ciertos casos contrarrevolucionarios.

Las leyes y las prácticas de juicio no cumplen con las normas internacionales de los juicios públicos imparciales.  Casi todos los casos se juzgan en menos de un día; no hay juicios por jurado.  Aunque la mayoría de los juicios son públicos, se
efectúan a puertas cerradas cuando se alega que está involucrada la seguridad del estado.  Los fiscales pueden presentar el testimonio de un miembro de los CDR en cuanto a los antecedentes revolucionarios del acusado, lo cual puede contribuir a extender o reducir su condena.  La ley reconoce el derecho de apelación en los tribunales municipales, pero lo restringe en los tribunales provinciales a los casos en que se ha aplicado la condena máxima de prisión o la pena capital.  La apelación en casos de pena capital es automática.  Esta clase de condena debe ser ratificada en última instancia por el Consejo de Estado.

Los criterios para la presentación de pruebas, especialmente en los casos de activistas de los derechos humanos, son arbitrarios y discriminatorios.  Con frecuencia la única prueba presentada, particularmente en los casos políticos, es la confesión del acusado, usualmente obtenida bajo coacción y sin el consejo legal o el conocimiento de un abogado defensor.  Regularmente las autoridades niegan a los acusados el acceso a sus abogados hasta el día del juicio.  Varios disidentes que han cumplido sus condenas de prisión informan que fueron juzgados y sentenciados sin asistencia legal y que no se les permitió hablar en su defensa. Amnistía Internacional declaró en 1996 que "en ningún caso los juicios satisfacen las normas internacionales de juicio imparcial".

La ley otorga al acusado el derecho de tener un abogado defensor, pero el control que ejerce el gobierno sobre los medios de vida de los miembros de los bufetes colectivos controlados por el estado -- especialmente cuando defienden a
personas acusadas de delitos contra la seguridad del estado -- compromete su capacidad para representar a sus clientes.  Se ha informado que los abogados son renuentes a defender a los acusados en casos políticos por temor de poner en peligro sus propias carreras.

En enero, una corte de La Habana confirmó la condena a 4 años de prisión por peligrosidad impuesta en 1998 a Lázaro Constantín Durán, dirigente del Club de Amigos de una organización de maestros independientes.  El 18 de enero un tribunal sentenció al periodista independiente Jesús Joel Díaz Hernández a 4 años de prisión por peligrosidad (ver Sección 2.a)

El 25 de febrero, diplomáticos y miembros de la prensa internacional asistieron al juicio de un día del doctor Oscar Elías Biscet, presidente de la Fundación Lawton para los Derechos Humanos. Biscet fue declarado culpable de desacato, perturbación del orden público al colgar una bandera cubana invertida durante una conferencia de prensa en su hogar, e incitar a otros a violar la ley.  En su declaración inicial, Biscet negó todos los cargos en su contra e insistió en que era
un activista pacífico de los derechos humanos.  La corte de tres jueces oyó a seis testigos y los argumentos iniciales y de cierre del fiscal y del abogado defensor.  La corte condenó a Biscet a 3 años de prisión (menos que los 7 años solicitados por la fiscalía).  La misma corte sentenció a Fermín Scull Zulueta a 1 año de prisión y dejó en libertad a Eduardo Díaz Fleitas.  Estos dos últimos hombres habían sido acusados de insultar los símbolos nacionales, perturbar el orden público e incitar al delito.  Las autoridades trasladaron a Biscet a la prisión Cuba
Sí en Holguín (ver Sección 1.c).  Las autoridades detuvieron e impidieron que activistas de los derechos humanos y periodistas independientes asistieran al juicio (ver Sección 1.d).

El 13 de julio, las autoridades carcelarias acusaron a Egberto Angel Escobedo Morales, quien cumplía una condena de 24 años por los delitos de espionaje, propagación de propaganda enemiga y robo, de los delitos adicionales de desacato y perturbación del orden en la penitenciaría.  La fiscalía solicitó una sentencia adicional de 20 años de prisión.

El 21 de julio, en Santiago de Cuba, Néstor Rodríguez Lobaina y Eddy Alfredo Mena González, del Movimiento Juventud Cubana por la Democracia, fueron sometidos a juicio por desacato, causar daños y desorden público.  El 15 de agosto Rodríguez recibió una condena a 6 años de prisión, mientras que Mena fue condenado a 5 años de cárcel.

Durante el año, tres de los cuatro miembros del Grupo de Trabajo Disidente Interno fueron puestos en libertad condicional: Félix Antonio Bonne Carcasses, el 12 de mayo; Martha Beatriz Roque Cabello, el 15 de mayo, y René de Jesús Gómez Manzano, el 23 de mayo.  La policía había arrestado a las cuatro personas en julio de 1997 por expresar pacíficamente su desacuerdo con el gobierno.  En septiembre de 1998, fueron acusadas de actos contra la seguridad del estado en relación con el delito de sedición.  A pesar de la demanda de la fiscalía de penas de 5 a 6 años, Félix Bonne y René Gómez recibieron una sentencia de 4 años mientras que Martha recibió una sentencia a tres años y medio.  El cuarto miembro del grupo, Vladimiro Roca Antúnez, recibió una sentencia a 5 años.  A comienzos de julio, Roca fue trasladado de confinamiento solitario a una sección de la prisión para presos comunes; a fines de año seguía en la cárcel.

Los grupos de observadores de los derechos humanos dentro del país estiman la cantidad de presos políticos entre 300 y 400 personas. El 16 de julio, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó que 314 personas se encontraban en la cárcel por motivos políticos.  Las autoridades las han encarcelado acusándolas de diseminación de propaganda enemiga, asociación ilícita, desacato (generalmente por criticar a Fidel Castro), impresión clandestina o la acusación general de rebelión, esgrimida frecuentemente contra los promotores de un cambio democrático pacífico.

f.  Interferencia arbitraria con la intimidad personal, la familia, el hogar o la correspondencia.

Aunque la Constitución establece la inviolabilidad de la residencia y correspondencia de la persona, la vigilancia oficial de los asuntos privados y familiares por parte de las organizaciones de masa controladas por el gobierno, como los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), sigue siendo uno de los rasgos más acuciantes y represivos de la vida cotidiana.  El estado ha asumido el derecho de interferir en la vida de sus ciudadanos, aun en la de quienes no se oponen activamente al gobierno y sus prácticas.  El propósito aparente de las
organizaciones de masa es mejorar a la ciudadanía, pero de hecho su objetivo es descubrir y desalentar la disconformidad.  La participación de los ciudadanos en estas organizaciones de masa ha declinado; la crisis económica ha reducido la capacidad del gobierno de proporcionar incentivos materiales para su participación y ha forzado a mucha gente a emprender actividades en el mercado negro, las cuales las organizaciones de masa están en la obligación de informar a las autoridades.

Las autoridades utilizan una amplia gama de controles sociales.

El Ministerio del Interior emplea un intrincado sistema de informantes y comités de cuadra (los CDR) para vigilar y controlar a la opinión pública.  Aunque en medida menor que en el pasado, los CDR siguen informando sobre toda actividad sospechosa, como el consumo ostentoso, reuniones no autorizadas, incluso con extranjeros, y actitudes desafiantes hacia el gobierno y la revolución.

El gobierno controla todos los accesos a la Internet, y todos los correos electrónicos están sujetos a censura.  El Departamento de Seguridad del Estado lee con frecuencia la correspondencia internacional y escucha las llamadas telefónicas internacionales y las conversaciones con extranjeros.  El gobierno también controla las llamadas telefónicas y la correspondencia nacionales.

En enero, las autoridades dejaron cesante a Teidy Betancourt González de su empleo como maestra auxiliar en un jardín de infantes porque su esposo, Rubén Pérez Pons, miembro del grupo Acción Democrática en Sancti Spiritus, es un disidente.  El 29 de abril las autoridades expulsaron de su lugar de trabajo a José Carlos Malina González, que se encontraba en libertad condicional, porque se negó a participar en un evento público auspiciado por el gobierno para el regreso de Elián González Brotons.  El administrador del lugar de trabajo de Molina
amenazó con informar a la policía a fin de que fuera devuelto a la prisión.

En agosto, Romilio de Jesús García Mauri, miembro del Club de Presos y ex Presos Políticos, fue convocado tres veces a comparecer ante la estación de policía local en Santiago de Cuba por posible tráfico de drogas.  Cada vez que se presentó a la estación de policía, Mauri fue sometido a un examen escrito.  El 10 de agosto la policía detuvo a Yuri Tier Piñeiro en la playa de La Victoria, en la provincia de Sancti Spiritus, y lo interrogó durante 3 días sobre las actividades políticas de su padre, Marcelo Tier Pérez, y su hermano mayor Marcelo Tier
Piñeiro, miembros del Partido Solidaridad Democrática.  Yuri no es activista político.

Hubo numerosos informes fidedignos de desalojos forzosos de ocupantes ilegales y residentes que carecían de permiso oficial para residir en La Habana (ver Sección 5).

Sección 2Respeto a las libertades civiles, incluyendo:

a.Libertad de expresión y prensa

El gobierno no permite la crítica de la revolución o de sus líderes.  Las leyes contra la propaganda antigubernamental, los dibujos e inscripciones en los muros y el desacato a los funcionarios imponen castigos de entre tres meses y un año de
prisión.  Si el presidente Castro o miembros de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado son el objeto de la crítica, la sentencia puede extenderse a tres años.  Las acusaciones de diseminar propaganda enemiga (que incluye simplemente expresar opiniones que no están de acuerdo con las del gobierno) pueden acarrear sentencias de un máximo de 14 años.  Desde el punto de vista del gobierno, materiales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los informes internacionales sobre violaciones de los derechos humanos y periódicos y revistas extranjeros que reflejan la tendencia principal de la opinión pública constituyen propaganda enemiga.  Los CDR locales inhiben la libertad de expresión mediante la vigilancia y la denuncia de la disidencia y la crítica.  Con regularidad la policía y los agentes de Seguridad del Estado hostigaron, amenazaron y cometieron otros atropellos contra defensores de los derechos humanos, en público y en privado, como medida de intimidación y control.

La Constitución estipula que los medios de información impresos y electrónicos son propiedad del Estado y en ningún caso pueden llegar a ser propiedad privada.  El Partido Comunista controla todos los medios de información, excepto unas pocas publicaciones pequeñas de las iglesias.  Aun estas publicaciones, que no pueden tener acceso a equipo de impresión en gran escala, están sujetas a la presión del gobierno.  El gobierno criticó en particular, públicamente, dos veces durante el año, al director de la revista Vitral, publicación de la diócesis de Pinar del Río; el presidente Castro había criticado públicamente un artículo que la revista publicó en 1999.  El gobierno informó ampliamente sobre artículos en Vitral y sobre las actividades y contactos del director, que denominó antirrevolucionarios.  Hasta octubre no se había cerrado a Vitral, pero para finales del año la Iglesia seguía siendo objeto de presión considerable para que evite tratar temas políticos.

El gobierno controla todo el acceso a la Internet y todos los mensajes por correo electrónico están sujetos a censura.  Los ciudadanos no tienen derecho de recibir publicaciones del exterior, aunque en los hoteles para extranjeros y en
determinadas tiendas de transacciones en moneda dura se venden periódicos y revistas extranjeros.  El gobierno continuó interfiriendo Radio Martí y Televisión Martí.  Las transmisiones de Radio Martí frecuentemente superaron los intentos de
interferencia en las bandas de onda corta, pero sus transmisiones de onda media son bloqueadas por completo en La Habana.  Los agentes de seguridad sometieron a disidentes, diplomáticos extranjeros y periodistas a hostigamientos y vigilancia, incluso vigilancia electrónica.

Todos los medios de información deben operar según las pautas del partido y reflejar los puntos de vista del gobierno.  El gobierno trata de moldear la cobertura de prensa en tal grado que no sólo continuó ejerciendo presión sobre los periodistas nacionales, sino que mantuvo una andanada de presión sobre grupos que normalmente se encuentran fuera del dominio del control oficial, como los corresponsales extranjeros visitantes.   Fidel Castro continuó criticando públicamente a la prensa internacional, a menudo citando nombres.

Los corresponsales extranjeros residentes informaron que la gran presión gubernamental experimentada en 1999, incluso quejas oficiales e informales sobre artículos, llamadas telefónicas amenazantes y falta de acceso a las autoridades, continuó durante el año.  El gobierno  fortaleció su capacidad para controlar la prensa extranjera mediante la suspensión de la expedición de visados de ingreso múltiple para periodistas de organizaciones de prensa extranjeras que residen en La Habana. Actualmente estos periodistas deben solicitar un nuevo visado cada vez que salen del país.

En agosto Radio Morón, una pequeña estación de radio dirigida por el gobierno en la región central del país, despidió al presentador de uno de sus programas después de que éste leyó en el aire un poema de Raúl Rivero (fundador y director de la agencia de noticias Cuba Press).

La Ley de Protección de la Independencia y la Economía Nacionales de 1999 proscribe una amplia gama de actividades como debilitantes de la seguridad del estado y agrava las penas a la actividad criminal.  Conforme a la ley, toda persona encontrada en posesión de literatura considerada subversiva, que distribuya la misma o  que suministre información que pueda ser usada por las autoridades de Estados Unidos en la aplicación de legislación estadounidense, está sujeta a multas y a penas de prisión de 7 a 20 años.  Aunque muchas actividades entre ciudadanos cubanos y extranjeros podrían caer posiblemente dentro de los alcances de esta nueva ley, la misma parece estar dirigida primordialmente a los periodistas independientes.

Esta ley aumentó las penas y amplió las definiciones de actividades cubiertas por la Ley de la Dignidad y la Soberanía Cubanas de 1996, que ya prohíbe a los ciudadanos suministrar información a cualquier representante del gobierno de Estados Unidos o procurar de ellos alguna información que podría ser usada directa o indirectamente en la aplicación de legislación estadounidense contra el gobierno.  Esto incluye aceptar o distribuir publicaciones, documentos u otro material de cualquier origen, que las autoridades puedan considerar que facilita la aplicación de esa legislación.

El gobierno continuó amenazando a periodistas independientes, anónima o abiertamente, con arresto y declaraciones de culpabilidad basados en la nueva ley. Algunos periodistas fueron amenazados repetidamente en los meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.  Periodistas independientes observaron que la mera existencia de la ley tenía algún efecto sobre sus actividades y aumentaba la autocensura, y algunos indicaron que es la herramienta más eficaz del gobierno para hostigar a los miembros de la prensa independiente.

En febrero de 1999 el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, dijo a los corresponsales extranjeros que, de conformidad con la nueva ley, aun los reporteros que trabajan para medios de información extranjeros reconocidos podían ser sentenciados a un máximo de 20 años de prisión, si se considera que la información que publican sirve los intereses de Estados Unidos.

El gobierno sigue sometiendo a los periodistas independientes a la prohibición de viajar por el país, detenciones arbitrarias y periódicas (de dos días o más), hostigamiento de familiares y amigos, incautación de computadoras, equipos de oficina y de fotografía y amenazas reiteradas de prisión prolongada (véase
Secciones 1.d, 1.f. t 2.d.).  En La Habana, periodistas independientes informaron que durante el año continuaron las llamadas telefónicas amenazantes y el hostigamiento de familiares.  Más de 20 periodistas independientes experimentaron diversos grados de hostigamiento y parece que se señaló especialmente a algunos individuos.  Desde enero docenas de reporteros fueron detenidos repetidamente, algunos durante varios días.  Las autoridades también pusieron a periodistas bajo arresto domiciliario para impedir que informaran sobre conferencias auspiciadas por promotores de los derechos humanos, actividades relacionadas con los derechos humanos y casos judiciales contra activistas de esos derechos.

Algunos familiares han perdido sus empleos porque rehúsan desaprobar o informar sobre estas personas, llamadas contrarrevolucionarias (ver Sección 1.f.).  Desde 1999 se ha informado con menos frecuencia de actos de intimidación. Sin
embargo, la policía trató, con mayor frecuencia, de impedir que periodistas extranjeros cubrieran los llamados sucesos delicados.

En enero un agresor no identificado atacó a Mary Miranda, de Cuba Press, y la golpeó hasta dejarla inconciente. 


En febrero la policía detuvo brevemente a Edel García, director de la agencia Centro Norte del País, cuando salía de la iglesia despué  de asistir a una misa en memoria de los pilotos de Hermanos al Rescate, que volaban en los aviones derribados por la fuerza aérea cubana en 1996.  La policía a menudo detiene a García por supuestas violaciones de tránsito.  La esposa de García recibe semanalmente amenazas de muerte y sus hijas adolescentes son hostigadas con creciente frecuencia.  García tiene un juicio penal pendiente, pero la fecha y las acusaciones de éste se desconocen todavía.  Los cargos que se han mencionado son: insulto al presidente, asociación ilícita, colaboración con el enemigo, difusión de noticias falsas y espionaje.

En febrero agentes de seguridad ordenaron a varios periodistas permanecer en sus casas y no asistir al juicio de un miembro de la oposición.  José Antonio Fornaris, de la Agencia Cuba Verdad, rehusó permanecer en casa; la policía lo detuvo en la cárcel local durante todo el día.

En marzo la Universidad de La Habana expulsó a la hija de María de los Angeles González Amaro, directora de la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes, luego que un decano de la universidad le advirtiera que no siguiera los pasos de su madre.  En septiembre, en dos oportunidades, los agentes de seguridad intimidaron a la señora González en su hogar.

En abril el periódico gubernamental Juventud Rebelde acusó a Raúl Rivero, Tania Quintero, Manuel David Orrio, Lucas Garve y Vicente Escobal de ser líderes contrarrevolucionarios.

En mayo las autoridades llegaron a la casa de Manuel Vásquez Portal, director de la Agencia Decoro, quien debía hablar ese día sobre "Mundialización y Cultura" en el Centro de Estudios Sociales.  Dos agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a Vázquez con detenerlo si pronunciaba el discurso.  Los agentes de la Seguridad del Estado también visitaron a otras 17 personas para decirles que no asistieran al discurso.

En julio las autoridades confiscaron equipos (cámaras de vídeo, cámaras y grabadoras de cintas) y todos los útiles de oficina de la Agencia Yara en Bayamo.

En agosto la policía detuvo a Ricardo Arabi Jiménez, director de la Agencia Yara, por haber asistido a una reunión sobre la organización del primer congreso de sindicatos gremiales del CUTC, programado para octubre (ver Sección 6.a.).

En septiembre, el director de una guardería de niños le dijo a Dorca Céspedes, reportera de Habana Press, que su pequeña hija no podía seguir en la guardería.  Las autoridades habían instruido al director para que no aceptara a la niña debido a las actividades contrarrevolucionarias de su madre.

En septiembre la policía de seguridad llevó al octogenario Néstor Baguer, periodista independiente y fundador de la primera Agencia de Prensa Independiente de Cuba, a una casa privada en La Habana donde fue interrogado sobre sus actividades.  Las autoridades también hicieron llamadas a contactos de Baguer para invitarlos a una reunión en su casa.  Las autoridades luego fueron a la casa de Baguer para informarle que sabían de la supuesta reunión.

En septiembre individuos que se hacían pasar por vándalos, pero que se cree eran agentes de seguridad, arrojaron piedras contra la casa de Juan Téllez, de la Agencia Libertad.

En septiembre las autoridades encarcelaron a Joaquín Cabeza de León en Camagüey por haber ayudado a organizar la ceremonia para un premio de literatura.

En septiembre la policía arrestó en Guines a los hermanos Jesús y Jadir Hernández Hernández, de Habana-Press, y los acusó de tráfico ilegal de seres humanos y de colaborar con una misión diplomática extranjera.  Durante varias semanas los hermanos Hernández Hernández habían diseminado información sobre la unificación de varios grupos disidentes en la provincia de La Habana.  En octubre las autoridades amenazaron nuevamente a los hermanos y a miembros de sus familias.

En octubre un agente de seguridad le mostró una fotografía al doctor José Luis García, de la Agencia Libertad, en la cual éste se veía conversando con un hombre que acababa de encontrar casualmente.  Se informó a García que el hombre era miembro de la Seguridad del Estado y que la fotografía sería mostrada a otros miembros de la oposición para que pareciera que García estaba colaborando con la Seguridad del Estado.

En octubre la policía detuvo a Jesús Alvarez Castillo y a Pedro Duque, corresponsales de Cuba Press, de Ciego de Avila, frente a la oficina de Cuba Press y los acusó de estar involucrados en un asesinato.  Posteriormente las autoridades declararon sin lugar la acusación por tratarse de un error de identificación.

Frecuentemente las autoridades confiscan equipo cuando arrestan a periodistas, especialmente equipo fotográfico y de grabación. Actualmente es posible comprar con dólares una máquina de fax o una computadora; si se puede mostrar el recibo, generalmente no confiscan el equipo.  Es imposible encontrar en el mercado local fotocopiadoras e impresoras, lo que las hace artículos particularmente valiosos para los periodistas.  Una máquina de fax que un amigo le trajo del extranjero al periodista Reinaldo Cosano Alen llegó dañada y no fue posible utilizarla después de 10 días en la aduana.  También se informó sobre el robo de equipos.  En enero personas no identificadas entraron a la casa del periodista Juan González Febles y hurtaron su grabadora, cintas grabadas y varios artículos más.  En agosto una pareja, que se hacía pasar por empleados de Cuba Press, robó todos los documentos, libros y útiles de oficina que la agencia había empacado, después que el propietario del inmueble pidió a ésta que desocupara el local debido a presiones de la policía.

Fuera de la capital, periodistas independientes informaron que las detenciones, las amenazas y el hostigamiento son más agudos que en La Habana.

AI, HRW, la SIP, Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para Proteger a los Periodistas llamaron repetidamente la atención internacional sobre la práctica continua del gobierno de detener a periodistas independientes y a otros simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión (ver Sección 1.d.).

En junio la SIP apeló al gobierno para que suministrara atención médica a dos periodistas independientes que cumplen sentencias de prisión.  Joel de Jesús Díaz, preso en Ciego de Avila, sufría de hepatitis y Manuel Antonio González Castellano, recluido en Holguín, tenía un caso agudo de influenza y posiblemente tuberculosis.  La SIP también solicitó la libertad de los periodistas independientes Víctor Rolando Arroyo y Bernardo Arévalo Padrón, quienes cumplen sentencias de prisión (ver Sección 1.c.).

En julio la policía detuvo a Ricardo González, corresponsal de RSF, durante 6 horas mientras trataba de coaccionarlo para que colaborara con ellos.  En agosto la periodista francesa, Martine Jacot, enviada al país por la RSF, estuvo en contacto con una docena de periodistas independientes en La Habana y en Ciego de Avila.  También se reunió con las familias de dos de los tres periodistas actualmente en prisión. El 17 de agosto, justo antes de que saliera del país, la policía de seguridad la arrestó, la interrogó en el aeropuerto de La Habana y le confiscó una cámara de vídeo, dos vídeocintas y documentos.  La policía nunca devolvió este equipo a la RSF.

En agosto las autoridades detuvieron a tres periodistas suecos y posteriormente los expulsaron del país.  Estos periodistas se habían reunido con periodistas independientes y habían organizado un seminario para dos grupos de periodistas
independientes.  Las autoridades dijeron que los periodistas, inclusive Martine Jacot, habían violado las leyes de inmigración al viajar con visados de turistas, en lugar de los visados que se expiden a los periodistas.

La distribución de información continúa controlada en forma estricta.  Se controla la importación de material de lectura extranjero y el público no tiene acceso a revistas y periódicos extranjeros.  Miembros importantes del gobierno han declarado que los ciudadanos no leen periódicos y revistas extranjeros para enterarse de la noticias porque no saben inglés y tienen acceso a las mesas redondas que diariamente se transmiten por televisión sobre los temas que necesitan conocer.  El acceso a las computadoras es limitado.  El uso del correo electrónico aumenta lentamente a medida que el gobierno permite progresivamente su acceso a más usuarios; sin embargo, el gobierno generalmente controla su uso y sólo muy pocas personas o grupos tienen acceso a él. El gobierno estableció una entrada nacional a la Internet para algunos periodistas, artistas y centros comunitarios para la juventud a nivel municipal, pero las autoridades todavía restringen el tipo y número de lugares internacionales a los que se puede tener acceso.

El periodista independiente Reinaldo Cosano Alen recibió una carta de la aduana informándole de la confiscación de dos revistas por ser contrarrevolucionarias.  La aduana también confiscó varios números de la revista Cartas de Cuba, dirigidos
a la periodista independiente Tania Quintero Antúnez.

El gobierno prohíbe oficialmente a todas las misiones diplomáticas en La Habana la impresión y distribución de publicaciones, especialmente periódicos y recortes de periódicos y revistas, a menos que traten exclusivamente de las condiciones en el país de origen de la misión y hayan recibido la aprobación del gobierno.  Muchas misiones no aceptan este requisito y distribuyen material en abundancia; sin embargo, las amenazas del gobierno de expulsar a los funcionarios de embajadas que suministren material publicado han tenido un efecto desalentador en algunas misiones.

El gobierno restringe la libertad de escribir y enseñar y continuó haciendo hincapié en que es más importante reforzar la  ideología y disciplina revolucionarias que cualquier tipo de libertad de expresión.  En el sistema educativo se enseña que
los intereses del estado tienen precedencia sobre toda otra obligación.  A los profesores y a otros funcionarios gubernamentales se les prohíbe reunirse con algunos diplomáticos sin la aprobación previa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Educación requiere que los maestros evalúen la actitud ideológica de los estudiantes y de sus padres y anoten dicha evaluación en el expediente escolar que los estudiantes llevan durante su paso por la escuela.  Estos expedientes afectan en forma directa las perspectivas de educación y la carrera del estudiante.  Como cuestión de política, el gobierno demanda que el material de enseñanza, para cursos tales como matemáticas o literatura, tenga un contenido ideológico.  Los esfuerzos del gobierno para debilitar a los disidentes incluyen negarles educación superior y oportunidades profesionales.  Fidel Castro ha declarado públicamente que las universidades están abiertas sólo para quienes comparten sus creencias revolucionarias.

La expresión artística está menos restringida.  El gobierno estimula a la comunidad cultural para que alcance los niveles internacionales más elevados a fin de poder vender su obra en el exterior a cambio de moneda dura. Sin embargo, durante el otoño el gobierno comenzó a aplicar un programa llamado "Ampliación de la Cultura" que vincula el arte, el socialismo, las leyendas e ideología "revolucionarias" modernas con su propia visión de la cultura.  El gobierno utiliza los medios de información gubernamentales y las escuelas para imponer su visión al público, especialmente la juventud.

b.Libertad de reunión y asociación pacíficas

Aunque la Constitución otorga derechos limitados de reunión y asociación, estos derechos están sujetos al requisito de que no pueden ser "ejercidos contra la existencia y objetivos del Estado Socialista".  La ley castiga toda reunión no autorizada de más de tres personas, incluso las relacionadas con servicios religiosos privados en residencias privadas, con un máximo de 3 meses de  prisión y multa.  Las autoridades aplican en forma selectiva esta prohibición y a menudo la utilizan como pretexto legal para hostigar y encarcelar a defensores de los derechos humanos.

Continuó durante el año la política del gobierno de autorizar en forma selectiva a la Iglesia Católica llevar a cabo procesiones al aire libre en sitios específicos en días festivos importantes.  Durante tres años consecutivos permitió la procesión en La Habana relacionada con la celebración de misas el día de Nuestra Señora de la Caridad, el 8 de septiembre.  A finales de noviembre el gobierno autorizó también unas pocas celebraciones públicas de otras denominaciones.  Sin embargo, el gobierno continuó negando, en forma habitual y arbitraria, las solicitudes de autorización para otras procesiones y celebraciones.  Poco antes de la Semana Santa, el gobierno informó a las autoridades de la Iglesia Católica que no se
permitirían procesiones.  Cuando la Iglesia publicó esta información, los funcionarios del Estado cambiaron su posición y decidieron que las iglesias que habían solicitado permiso para una procesión podían realizarla.

Las autoridades nunca han aprobado una reunión pública de un grupo de derechos humanos.  El 22 de febrero, agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a promotores de la democracia en diferentes partes del país para impedir que llevaran a cabo actividades en conmemoración del 24 de febrero de 1996, fecha en que dos aviones civiles fueron derribados en el espacio internacional por la fuerza aérea cubana.  Los agentes de seguridad también previnieron a muchos más activistas contra toda manifestación pública el 24 de febrero y advirtieron a periodistas independientes que no debían cubrir tales incidentes.

A principios de agosto agentes de seguridad detuvieron en La Habana a líderes del Consejo de Trabajadores Cubanos de varias provincias, con el fin de asegurarse de que los miembros no pudieran celebrar una reunión preparatoria para el primer congreso del CUTC.  Aunque éste estaba programado para octubre, nunca tuvo lugar.  El 13 de octubre, agentes de seguridad del Estado arrestaron a Pedro Pablo Alvarez Ramos, secretario general del CUTC, cuando iba a celebrar una conferencia de prensa.  Para finales del año, seguía en la cárcel sin haber sido acusado.

El 15 de agosto, agentes de la Seguridad del Estado advirtieron a un grupo de activistas que no se reunieran en el cementerio de La Habana para celebrar un acto en memoria de Eduardo Chibás, conocido político de la década de 1940 y de comienzos de la década de 1950.

Un marcha desde la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a la iglesia de La Merced, organizada por los disidentes para pedir la liberación de los presos políticos para el 17 de septiembre, no se pudo efectuar a causa de los actos de intimidación y las detenciones que llevó a cabo la policía.

El 25 de septiembre, la policía impidió una vez más a un grupo de activistas marchar desde la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a la iglesia de Las Mercedes. La policía condujo a los activistas a una comisaría para examinar sus documentos de identidad.

El 2 de noviembre, Día de los Difuntos, personal de la seguridad del Estado impidió a los activistas entrar en la capilla del cementerio Colón, de La Habana, donde están enterrados varios activistas de los derechos humanos.

El 10 de noviembre, en Santiago de Cuba, la policía impidió a los activistas marchar desde la Plaza de Marte en conmemoración del primer aniversario del intento de organizar una manifestación en el Parque Dolores de La Habana.

A lo largo del año, el gobierno organizó una serie de marchas y manifestaciones frente a diversas misiones diplomáticas. El gobierno moviliza a miles de personas en estas marchas, incluyendo a escolares y obreros.  La persona que no asista al
acto puede ser fácilmente identificadas dado que las personas se concentran en determinados puntos en fábricas o escuelas.  A veces se entregan a los participantes pequeños documentos de identidad que deben presentar el día siguiente a su supervisor inmediato o al personal de la escuela como prueba de su asistencia al acto.

En general, el gobierno niega a los ciudadanos la libertad de asociación. El código penal prohíbe expresamente a los grupos ilegales o no reconocidos. El ministro de Justicia, previa consulta con el ministerio del Interior, es quién decide si se
otorga el reconocimiento oficial a las organizaciones.  Las autoridades nunca han aprobado el establecimiento de algún grupo de derechos humanos.  No obstante, hay una serie de asociaciones profesionales que funcionan como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pero sin reconocimiento oficial. Por ejemplo, algunos científicos establecieron la Sociedad Zoológica, y un grupo de maestros, la Asociación de Maestros Independientes.

Junto con las iglesias reconocidas, la organización humanitaria de la iglesia católica, Caritas, la Logia Masónica, pequeños grupos de derechos humanos y una serie de fraternidades u organizaciones profesionales, son las únicas asociaciones que no están bajo el control o la influencia del Estado, el partido comunista y sus organizaciones de masas.  Con excepción de los masones, cuya presencia en el país se remonta a hace más de un siglo, las autoridades siguen ignorando las solicitudes de reconocimiento legal de estos grupos, lo que expone a sus
miembros a ser acusados de asociación ilegal. Todos los demás grupos no gubernamentales reconocidos oficialmente están, al menos nominalmente, afiliados al gobierno o bajo su control.

c.  La libertad de religión

La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a profesar y practicar cualquier credo religioso, dentro del marco del respeto a la ley; sin embargo, en la ley y en la práctica el gobierno continúa restringiendo la libertad de religión.

En 1991, el gobierno permitió a los quienes profesaban creencias religiosas ingresar en el partido comunista.  En 1992, enmendó la Constitución para prohibir la discriminación por motivos de religión y eliminó las referencias al "materialismo"
científico", es decir, el ateísmo, como fundamento del Estado. Los miembros de las fuerzas armadas que asisten a los servicios religiosos no llevan el uniforme, probablemente para evitar posibles reprimendas de sus superiores.

El gobierno exige a las iglesias y a otros grupos religiosos que se inscriban en el registro civil provincial de asociaciones del ministerio del Interior para obtener el reconocimiento oficial. En la práctica, el gobierno se niega a reconocer a nuevas
congregaciones.  El gobierno prohíbe, salvo raras excepciones, la edificación de nuevas iglesias, lo que obliga a muchas congregaciones religiosas en crecimiento a infringir la ley y a reunirse en casas particulares. Continuó la campaña de
hostigamiento por parte del gobierno de las casas particulares donde se reúnen los fieles para celebrar y, según informan las congregaciones evangélicas, se han dado casos de desahucio de viviendas usadas para estos fines. Según funcionarios del
Consejo Cubano de Iglesias (CCI), la mayoría de las casas privadas de oración cerradas por el gobierno no estaban registradas, haciéndolas técnicamente ilegales. Los miembros pentecostales del CCI también se han quejado de las actividades de proselitismo de misioneros extranjeros, que impulsaron a algunos de sus miembros a establecer nuevas congregaciones sin obtener los permisos requeridos. A causa de estas quejas presentadas por los pentecostales, el CCI ha pedido oficialmente a las organizaciones miembros de las iglesias en el extranjero ayuda para disuadir al los misioneros extranjeros a establecer iglesias pentecostales.

Las relaciones del gobierno con las congregaciones religiosas se llevan a cabo, principalmente, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del partido comunista.  El ministerio del Interior realiza una labor activa para el control y supervisión de las instituciones religiosas del país, que entraña la vigilancia, la
infiltración y el acoso de clérigos religiosos y de laicos.

En 1998, después de la visita del Papa Juan Pablo II en enero, los obispos  católicos del país exhortaron al gobierno a reconocer la función de la iglesia en la sociedad civil y la familia, así como en los sectores temporales del trabajo, la
economía, las artes y el mundo científico y técnico.  El gobierno siguió limitando estrictamente el acceso de la iglesia a los medios de información y se negó a autorizar a la iglesia a tener medios legales independientes de impresión. Mantuvo su prohibición al establecimiento de escuelas afiliadas a asociaciones religiosas. Sin embargo, en septiembre, por tercera vez desde 1961, las autoridades de los gobiernos municipales permitieron a la Iglesia católica celebrar una procesión en las calles de La Habana para conmemorar la festividad de Nuestra Señora de la Caridad.  Aunque con presencia visible, los miembros de la seguridad el Estado no hostigaron a ningún participante u observador, como ocurrió en 1998. No obstante, antes de acto, la policía de seguridad ordenó a varios defensores de los derechos humanos no asistir a la procesión. El 25 de diciembre de 1999, el gobierno permitió a la iglesia católica celebrar una procesión en La Habana con motivo de la Navidad.  Las autoridades de la iglesia católica recibieron permiso para celebrar las ceremonias de clausura del año del Jubileo y el Congreso Eucarístico de Cuba (el último tuvo lugar en 1959) los días 9 y 10 de diciembre. El 9 de diciembre 1.500 niños de todo el país hicieron la primera comunión en la plaza situada frente al seminario de San Carlos.  El 10 de diciembre, el cardenal Jaime Lucas Ortega Alamino, encabezó una procesión, acompañado de obispos, sacerdotes y fieles y llevando la Eucaristía, desde la iglesia del Cristo del Buen Viaje hasta el seminario de San Carlos. A diferencia de 1999, no se transmitió
desde el Vaticano el mensaje anual de navidad del Papa, pero se mencionó en las noticias de la noche transmitidas por la televisión.

En 1998, el Gobierno anunció en una declaración del Politburó que, a partir de entonces, se permitiría a los ciudadanos celebrar la navidad como feriado oficial. (El feriado fue eliminado en 1969, visiblemente para dar impulso a la zafra de
azúcar, y se restauró en 1997 como parte de los preparativos para la visita del Papa de 1998). No obstante, pese a la decisión del gobierno de permitir a los ciudadanos celebrar la navidad como feriado nacional, sigue vigente un decreto de
diciembre de 1995 que prohíbe la exhibición de escenas navideñas en los edificios públicos.

El gobierno autorizó la entrada en el país de dos sacerdotes extranjeros durante el año y de dos para reemplazar a otros dos cuyo visado no fue renovado en el curso del año.  Se expidieron algunos visados con una vigencia de apenas entre tres a seis meses, y todavía siguen pendientes las solicitudes de otros muchos sacerdotes y trabajadores religiosos.

El gobierno siguió aplicando una resolución que prohíbe a toda empresa cubana o empresa conjunta (salvo las autorizadas específicamente) a vender a ninguna iglesia computadoras, máquinas de fax, fotocopiadoras y otros equipos a precios que no fueran los precios oficiales al por menor --que son exorbitantes--.

El 9 de julio, un grupo de disidentes asistió a una misa jubilar por los presos, celebrada por el cardenal Jaime Ortega Alamino en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad. La iglesia distribuyó octavillas invitando a los fieles a asistir a la misa
y rezar por los presos y pedía la asistencia de los excarcelados y de los presos en libertad condicional.  También asistieron los miembros del Grupo de Trabajo de disidentes internos recientemente puestos en libertad, Martha Beatriz Roque Cabello, René de Jesús Gómez Manzano y Félix Antonio Bonné Carcasse. Durante la ceremonia una paloma blanca fue liberada de su jaula y la congregación prorrumpió en aplausos espontáneos y algunas personas gritaron "libertad, libertad".  Los agentes de la seguridad del Estado, que estaban fuera de la iglesia, no intervinieron.  La iglesia suele usar a personal laico para encargarse de la seguridad en actos como estos. Además de velar por que los fieles permanezcan en su lugar o en la fila de la procesión durante el servicio, estos guardias de la iglesia también impiden toda actividad que pueda provocar una reacción de los agentes de seguridad del Estado como la ocurrida en la misa del 9 de julio.

El 30 de agosto, la agencia de prensa independiente Grupo Decoro informó que el pastor evangélico Pablo Rodríguez Oropeza y su esposa Emma Cabrera Cabrera habían sido desahuciados de la casa en la que habían vivido seis años.  La agencia de prensa no dio el motivo del desahucio. Santos Osmany Domínguez Borjas, obispo de la iglesia pentecostal de Cuba (apostólica) regresó a La Habana después de ser expulsado a Holguín el 8 de octubre de 1999. Durante los últimos años, el gobierno ha suavizado las restricciones que pesaban sobre los miembros de algunas congregaciones religiosas, como los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de Jehová.  El CCI continúa transmitiendo un programa mensual de 15 minutos en una emisora nacional dedicada a la música clásica, con la condición de que no incluya material de carácter político.

Los agentes de seguridad del Estado visitaron a algunos sacerdotes y pastores antes de la celebración de importantes actos religiosos, aparentemente para prevenirlos contra los disidentes; sin embargo, algunos críticos aseguran que estas
visitas tienen por objeto sembrar la discordia y la desconfianza entre las iglesias y los activistas prodemocráticos o de derechos humanos. Agentes de la seguridad del Estado también hostigaron con regularidad a los defensores de los derechos humanos que trataban de asistir a la celebración de servicios religiosos en conmemoración de fiestas especiales o de importantes efemérides nacionales, incluso dentro de las iglesias y durante las ceremonias religiosas.

d.  La libertad de movimiento dentro del país, los viajes al exterior, la emigración y la repatriación

El gobierno restringió estrictamente la liberad de movimiento. En general, el gobierno no ha impuesto restricciones legales a los desplazamientos dentro del país, salvo a las personas infectadas con el virus del VIH, a las que inicialmente confina en sanatorios para someterlas a tratamiento y terapia antes de reintegrarlas condicionalmente a la comunidad.  No obstante, en los últimos años, los agentes de la seguridad el Estado han prohibido a defensores de los derechos humanos y a periodistas independientes viajar fuera de las provincias en que residen y el gobierno también ha sentenciado  a otros a exilio interno. El 12 de diciembre, un tribunal condenó a Angel Moya Acosta a un año de cárcel y le prohibió viajar a La Habana desde su provincia de Matanzas durante 10 años después de cumplir su condena.

En 1997, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto 217, para contener el flujo migratorio desde las provincias a la capital.  Los residentes de otras provincias pueden viajar y visitar La Habana, pero no pueden establecerse en la ciudad, y el motivo que se aduce para ello es que si no se controla la migración interna, los problemas de vivienda, transporte público y suministro de agua y  electricidad de la ciudad se agravarían.  El gobierno ha señalado recientemente que, desde la entrada en vigor del decreto, 17.000 personas menos han migrado a La Habana.  La policía verifica frecuentemente la documentación de los viandantes, y si encuentra a alguno que es de otra provincia y está residiendo ilegalmente en La Habana le pone una multa equivalente a 15 dólares (300 pesos y le envía a su provincia. Las multas son más altas (50 dólares, igual a 1.000 pesos) para los que residen ilegalmente en los barrios de La Habana vieja y Cerro. Los observadores de los derechos humanos han señalado que, si bien el decreto afecta a la migración en todo el país, se dirige especialmente a individuos y familias predominantemente con ancestro africano, de las provincias orientales más pobres.

El gobierno impuso algunas restricciones tanto a la emigración y a los viajes temporales al extranjero.  En junio, el gobierno negó el permiso de salida a Pedro Pablo Alvarez Ramos, secretario general del CUTC, para asistir a una conferencia en Estados Unidos organizada por la organización sindical AFL-CIO. No se le dio ninguna explicación.  Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión cubana de derechos humanos y reconciliación nacional tampoco fue autorizado para salir del país.  El Partido de Acción Nacional (PAN) de México había invitado a Sánchez a presenciar las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de julio. El PAN también había invitado a miembros del Grupo de Reflexión Moderada, pero Osvaldo Alfonso Valdés, presidente del Partido democrático liberal y miembro del Grupo de Reflexión Moderada, declaró que el Grupo decidió no solicitar el permiso de salida por falta de fondos para pagar los derechos de la solicitud para la salida. El PAN también había invitado a Elizardo Sánchez para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, el 1 de diciembre.  Según Sánchez, incluso cuando las autoridades del PAN pidieron un visado de salida para él directamente al gobierno, nunca se lo concedieron. De igual modo, las autoridades negaron el visado de salida a Osvaldo Alfonso Valdés, presidente del Partido democrático liberal, que había sido invitado a asistir a la convención del Partido liberal internacional que se celebró en Canadá en octubre.

El gobierno sí concedió un permiso de salida a Manuel Costa Morúa, del Movimiento Socialista, para viajar a Europa en abril; Costa Morúa es también miembro del Grupo Reflexión Moderada.

El gobierno permite salir a la mayoría de las personas que califican como inmigrantes o tienen estatuto de refugiados en  otros países; sin embargo, en algunos casos, las autoridades retrasan o deniegan los permisos de salida, por lo general sin dar explicación. Algunas veces se niega el permiso a profesionales que trataron de emigrar y a quienes el gobierno posteriormente prohibió ejercer su profesión.  El gobierno rehusó el permiso a otros por considerar que sus casos eran sensibles por razones políticas o de seguridad del Estado. En julio de 1999, el ministerio de Salud emitió un reglamento interno, conocido como la resolución 54, por el que se niega el permiso de salida a los médicos hasta que hayan prestado de 3 a 5 años de servicios profesionales a partir de la fecha de solicitud del permiso de viajar al extranjero. Este reglamento se aplica normalmente a los médicos recién graduados. Este reglamento no se ha publicado como parte de las disposiciones legales y se puede aplicar también a otras profesiones.

El gobierno también niega habitualmente el permiso de salida a los jóvenes que están por cumplir la edad del servicio militar hasta que cumplan 27 años, incluso cuando se haya autorizado la salida del resto de la familia. Sin embargo, en la mayoría de los casos en que se autoriza la migración a Estados Unidos conforme al acuerdo de migración entre Estados Unidos y Cuba, del 1 de septiembre de 1994, a los aspirantes se les exime finalmente del servicio obligatorio y se les concede el permiso de salida.

En septiembre, dos periodistas independientes, Jesús Labrador López, de la agencia Cuba Press, y Gustavo Cardero (de la agencia NotiCuba) se proponían salir del país como refugiados cuando las autoridades les confiscaron el permiso de salida

El gobierno tiene por norma negar el permiso de salida durante varios años a los parientes de las personas que han logrado emigrar ilegalmente (por ejemplo, los marinos mercantes que han desertado en el extranjero y las figuras del deporte que han desertado cuando estaban de gira en el exterior).

Las personas que emigran a Estados Unidos deben pagar 500 dólares por adulto y 400 dólares por niño, además del pasaje aéreo. Estos costos oficiales por el examen médico, pasaporte y visado de salida, que se abonan en dólares, equivalen para un profesional al salario acumulado en pesos de cinco años y
representan una carga considerable, sobre todo para los refugiados políticos que suelen ser personas marginadas y sin ingresos. En 1996, el gobierno permitió la salida anual de 1.000 refugiados necesitados con el pago de tarifas reducidas. Sin
embargo, después de la salida del primer grupo de 1.000 en 1996, no se ha permitido a ningún otro refugiado las tarifas reducidas. Para finales del año, 85 refugiados autorizados permanecían en el país por no poder pagar las tarifas oficiales de salida para sí y su familia.

El Código Penal establece penas de prisión de uno a tres años o multas de 15 a 50 dólares (de 300 a 1.000 pesos) por el intento de salida no autorizada en barco o balsa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) ha declarado que considera rigurosa y excesiva una pena de más de un año por tratar de salir ilegalmente.  Bajo las condiciones del acuerdo de migración entre Cuba y Estados Unidos, del 2 de mayo de 1995, el gobierno se comprometió a no procesar o tomar represalias contra los balseros devueltos a Cuba de aguas internacionales o norteamericanas, o desde la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, luego de intentar emigrar ilegalmente.

En 1994, el gobierno mitigó las restricciones a las visitas y la repatriación deemigrantes cubanos. Los cubanos que establecen residencia en el extranjero y están en posesión de un "permiso de residencia en el extranjero" expedido por el gobierno pueden viajar a Cuba sin visado. El gobierno redujo la edad de las personas que tienen derecho a viajar al extranjero de 20 a 18 años y amplió el período de estancia temporal en el extranjero de 6 a 11 meses. En 1995, el gobierno anunció que los emigrantes a quienes no se considerase implicados en "actividades hostiles" contra el gobierno y no estuviesen sujetos a procedimientos penales en su país de residencia podían solicitar en los consulados cubanos un permiso de viaje renovable de entradas múltiples, válido para dos años. Sin embargo, en 1999, el gobierno anunció que no se concedería el permiso de entrada a los emigrantes que hubieran abandonado el país ilegalmente después de septiembre de 1994. Todavía no se ha podido esclarecer si el gobierno está, efectivamente, poniendo en práctica esta norma.

La Constitución dispone la concesión de asilo a las personas que sufren persecución "por causa de sus ideales o lucha en pro de los derechos democráticos contra el imperialismo, fascismo, colonialismo y neocolonialismo; contra la discriminación y el racismo; en pro de la liberación nacional; en pro de los derechos de trabajadores, campesinos y estudiantes, en pro de sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas; en pro del socialismo y de la paz". Sin embargo, el gobierno no dispone de ningún mecanismo oficial para ofrecer asilo  a ciudadanos extranjeros. No obstante, el gobierno respeta el principio básico del asilo y lo ha concedido a un pequeño número de personas. No se tienen información acerca de su utilización durante el año. Según ACNUR, desde enero, las autoridades han recibido 75 solicitudes de personas que desean acogerse al estatuto de refugiados en el país.  A 24 de los 75 solicitantes, se les reconoció la condición de refugiados. No se conocen casos de personas que hayan sido forzadas a regresar a países donde temen ser perseguidas.

Sección 3. El respeto de los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

Los ciudadanos no tienen derecho legal de cambiar su gobierno o de abogar por el cambio, y el gobierno toma represalias sistemáticas contra los que buscan un cambio político pacífico.  La Constitución proscribe toda organización política que no sea el partido comunista.  Aun cuando la Constitución dispone la elección directa de los miembros de las Asambleas provinciales, municipales y de la Asamblea Nacional, los candidatos tienen que ser aprobados de antemano por organizaciones de masas controladas por el gobierno.  En la práctica, un pequeño grupo de dirigentes, bajo el mando del presidente Castro, selecciona a los miembros de los órganos supremos encargados de formular la política en el Partido comunista: el Politburó y el Comité Central.

Las autoridades ejercen un control riguroso en la selección de los candidatos y todas las elecciones para los cargos en el gobierno y el partido. Los comités de candidaturas están integrados por miembros de organizaciones de masas tales como la Confederación de Trabajadores Cubanos (CTC) y los CDR, que están encargados de seleccionar candidatos, cuyos nombres se envían a las asambleas municipales, las cuales, a su vez, seleccionan un solo candidato para cada escaño regional en la ANPP. Nunca se ha permitido a un candidato independiente o de oposición competir por un cargo nacional.

En enero de 1998, el gobierno realizó elecciones nacionales, en las que 601 candidatos fueron aprobados para competir por los 601 escaños de la Asamblea Nacional. Según información de los medios oficiales, estos candidatos obtuvieron más del 93% del voto. No se permitió presentarse a las elecciones a ningún
candidato de opiniones independientes o contrarias al gobierno, y en los medios nacionales de información, controlados por el gobierno, no se expresó ninguna opinión contraria a la del gobierno o el Partido comunista. El gobierno saturó los medios de información y se valió de los ministerios gubernamentales, los órganos del Partido comunista y las organizaciones de masas para instar a los electores a emitir un "voto unificado", marcando una casilla que selecciona automáticamente a todos los candidatos indicados en la papeleta.  En la práctica, el Partido comunista aprobó a los candidatos a todos los cargos.  Una pequeña minoría de los candidatos no pertenecía oficialmente al Partido Comunista. El Partido Comunista fue el único partido político autorizado a participar en las elecciones.

El 23 de abril se celebró la elección de representantes locales a la asamblea municipal.  Los periódicos del gobierno informaron que participó en la elección el 98 por ciento del electorado. Algo más que el 50 por ciento de los elegidos fueron titulares, el 20 por ciento fueron mujeres, y aproximadamente un nueve por ciento de todos los candidatos tenían de 16 a 30 años de edad. Los informes afirman también que en todo el país el número de votos en blanco disminuyó del 3,2 por ciento al 2,8 por ciento, al mismo tiempo que, comparado con la última elección, el número de votos anulados también bajó de casi un cuatro por ciento a un tres por ciento.  Se celebran elecciones municipales cada 2 años y medio para elegir 14.686 representantes locales a las asambleas municipales. Los diputados a la Asamblea Nacional, los delegados a las asambleas provinciales y los miembros del
Consejo de Estado se eligen durante las elecciones generales que se celebran cada cinco años.  Las asambleas municipales constituyen el nivel más bajo de la estructura del gobierno.

Si bien no es un requerimiento formal, ser miembro del Partido Comunista es de hecho un prerrequisito para ocupar altos cargos oficiales y para los ascensos profesionales.

El gobierno rechaza todo cambio del sistema político que juzgue incompatible con la revolución y pasó por alto y suprimió activamente los llamados a la reforma democrática.  Si bien el presidente Castro firmó la Declaración de Viña del Mar durante la Sexta Cumbre Iberoamericana en 1996, en la que los líderes de los gobiernos reafirmaron su compromiso con la democracia y el pluralismo político, el gobierno siguió oponiéndose a la actividad política independiente con el argumento de que el sistema nacional provee una forma "perfeccionada" de democracia y que existe el pluralismo dentro de la estructura monopartidista.

Los puestos principales en el gobierno continúan dominados por los hombres y las mujeres siguen subrepresentadas.  Hay muy pocas mujeres o personas de grupos minoritarios en cargos responsables en el gobierno o en el partido.  Hay dos mujeres en el Politburó de 24 miembros, 18 en el Comité Central de 150 miembros y 166 en la ANPP de 601 bancas.  Aunque los negros y las personas de ascendencia africana representan más de la mitad de la población, solamente ocupan seis bancas en el Politburó.

Sección 4 - La actitud del gobierno con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de derechos humanos.

El gobierno no reconoce ningún grupo interno de derechos humanos, ni le permite funcionar legalmente.  El gobierno sometea los defensores internos de los derechos humanos a intensa intimidación, hostigamiento y represión.  El gobierno, en
violación de sus propios estatutos, se niega a considerar las solicitudes de reconocimiento jurídico presentadas por grupos observadores de derechos humanos (véase la Sección 2.b.).

Los disidentes creen generalmente que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos han sido infiltradas y están sujetas a vigilancia constante.  Los activistas creen que algunos, quizás muchos de los disidentes, son miembros de la
Seguridad del Estado o personas que intentan calificar para obtener la condición de refugiados con el fin de abandonar el país.

En su informe de 1997, la CIDH examinó las medidas adoptadas por el gobierno y encontró que las mismas no "formaban la base de una reforma sustantiva en el actual sistema político que permitiría el pluralismo ideológico y partidista implícito en el manantial del que surge un sistema democrático de gobierno".  La CIDH recomendó que el gobierno provea salvaguardias razonables para prevenir violaciones de los derechos humanos, libere incondicionalmente a los presos políticos y aquellos encarcelados por tratar de abandonar el país, anule el concepto de peligrosidad en el código penal, elimine otras restricciones legales a las libertades básicas, cese de hostigar a los grupos de derechos humanos y establezca una separación de poderes, de modo que el poder judicial ya no esté subordinado al poder político.

El gobierno ha rechazado resueltamente la observación internacional de los derechos humanos.  En 1992 el representante del país en la ONU declaró que Cuba no reconocería el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en relación con Cuba y no cooperaría con el relator especial sobre Cuba, a pesar de que Cuba es miembro de la CDHNU.  Esta política siguió sin cambiar y el gobierno se negó hasta a reconocer las solicitudes del relator especial de visitar el país.  En abril de 1998, la CDHNU no renovó el mandato del relator especial, después de aseveraciones no cumplidas de parte del gobierno cubano de que mejoraría las prácticas de derechos humanos si no estuvieran bajo la sanción formal de la CDHNU.  Al igual que en 1999, la CDHNU volvió a aprobar una resolución, el 18 de abril, presentada por la República Checa y Polonia, que expresaba preocupación por la situación de los derechos humanos en el país.  El gobierno respondió organizando una marcha de
aproximadamente 200.000 personas frente a la embajada checa en La Habana.  El 19 de abril, la televisión nacional presentó una discusión de mesa redonda sobre el voto de la CDHNU, en la que el ministro de Relaciones Exteriores criticó acerbamente la resolución de la CDHNU y la acusó de discriminar en contra de los países del tercer mundo.

Durante esta misma sesión de la CDHNU, la relatora especial de la ONU para la violencia contra la mujer publicó su informe, en el que criticó al gobierno en cuestiones de derechos de la mujer y otros problemas de derechos humanos.

Sección 5 - Discriminación basada en raza, sexo, religión, incapacidad, idioma o condición social Cuba es una sociedad multirracial con una mayoría de raza negra o mixta.  La Constitución prohíbe la discriminación basada en la raza, el sexo o el origen nacional, si bien hay pruebas que sugieren que la discriminación racial ocurre frecuentemente.

Mujeres

La prensa informa raramente sobre crímenes violentos y no existe información públicamente disponible acerca de la incidencia de violencia doméstica y violación sexual; sin embargo, defensores de los derechos humanos informan que la violencia contra la mujer es un problema.  La ley establece castigos severos a la violación, y el gobierno parece aplicar la ley contra la violación; sin embargo, conforme a defensores de los derechos humanos, la policía no actúa en casos de violencia doméstica.

Radhika Coomaraswamy, la relatora especial de la ONU para la violencia contra la mujer, visitó el país en 1999 y publicó en febrero un informe sobre sus hallazgos.  El informe señala que le sorprendió descubrir que la mayoría de los funcionarios gubernamentales no consideraban la violencia contra la mujer un problema frecuente.  Sin embargo, observó que los activistas a nivel popular están muy al tanto de los problemas de violencia que afectan a la mujer.   Coomaraswamy urgió al gobierno que apruebe medidas amplias para aumentar la protección jurídica de la mujer e instó específicamente a que se adopte legislación que aborde la violencia doméstica y el hostigamiento sexual.

La prostitución es legal (excepto la de menores de 17 años); sin embargo, el proxenetismo o beneficiarse de otra manera de la prostitución constituye un delito grave. La prostitución ha aumentado grandemente en los últimos años; informes de prensa indican que turistas de varios países visitan el país específicamente para utilizar los servicios de prostitutas baratas.  Las medidas enérgicas contra la prostitución aprobadas por el gobierno a fines de 1998, tuvieron inicialmente algún efecto, pero las prostitutas (conocidas como "jineteras") seguían visibles en La Habana y otras ciudades principales durante el año.  El éxito inicial se debió a que se estacionó policías en casi todas las esquinas de las calles principales frecuentadas por turistas.  Se sospecha que algunos funcionarios policiales en la calle ofrecen protección a las jineteras.  La mayoría de los observadores cree que el gobierno tomó medidas contra la prostitución para combatir la idea de que fomenta el turismo sexual.  El gobierno estableció centros para sacar a las prostitutas de la calle y reeducarlas; el centro más reciente se abrió supuestamente en septiembre, en Valle Grande, cerca de La Habana.  En su informe de febrero, la relatora especial de la ONU Coomaraswamy recomendó que el gobierno cierre los centros y encuentre "otros mecanismos que no infrinjan los derechos de las prostitutas".

El Código de Familia declara que las mujeres y los hombres tienen derechos y responsabilidades iguales en el matrimonio, el divorcio, la crianza de los hijos, el mantenimiento del hogar y el ejercicio de profesiones.  La mujer está sujeta a las mismas restricciones que los hombres en lo que respecta a la posesión de propiedades.  La ley de maternidad provee a la mujer 18 semanas de licencia por maternidad y otorga a las madres que trabajan acceso preferencial a bienes y servicios. Aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres trabaja, y éstas están bien representadas en muchas profesiones.  Según la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), las mujeres ocupan el 33 por ciento de los cargos administrativos.  La FMC afirmó también que 11.200 mujeres han recibido parcelas de tierras para cultivo; que más de 561.000 mujeres han empezado a trabajar como trabajadoras agrícolas, y que las mujeres dedican 34 horas semanales al trabajo doméstico, aproximadamente la misma antidad de horas que dedican al trabajo fuera del hogar.

Niños

La Constitución estipula que el gobierno protege a la familia, la maternidad y el matrimonio.  Declara asimismo que los niños, legítimos o no, tienen los mismos derechos conforme a la ley, y señala las obligaciones de los padres para protegerlos.  La educación es gratuita y obligatoria hasta el noveno grado, pero
se basa en la ideología marxista.  La formación integral de los menores es responsabilidad de las organizaciones y escuelas estatales.  El sistema nacional de cuidado de la salud cubre a todos los ciudadanos.  No existe ninguna pauta social de abuso de menores.  Sin embargo, la prostitución de menores es un problema, y hay muchachas jóvenes que se dedican a la prostitución para ayudar a sostenerse a sí mismas y a sus familias.  Es ilegal que un menor de 17 años se dedique a la
prostitución.  A fines de 1998 la policía empezó a aplicar esta ley más activamente y continuó haciéndolo durante todo el año, como parte de sus medidas enérgicas contra la prostitución en general.  Sin embargo, el fenómeno continúa a medida que se abren más cabarets y discotecas para la creciente industria turística, que facilita a los turistas entrar en contacto con la prostitución infantil.

Los funcionarios policiales que encuentran a niños holgazaneando en las calles o mendigando de los turistas intervienen frecuentemente y tratan de encontrar a los padres.  Si la policía encuentra a un niño molestando por segunda vez a turistas, con frecuencia multa a los padres del niño.

Personas incapacitadas

La ley prohíbe la discriminación basada en incapacitación, y ha habido algunas quejas sobre este tipo de discriminación.  Sin embargo, se le ordenó a una pareja de jóvenes ciegos casados, miembros de la Fraternidad de Personas Ciegas Independientes de Cuba, que se fueran de un café en Morón, donde cantaban para recibir propinas.  No hay leyes que obliguen que los edificios ofrezcan acceso a los incapacitados.  En la práctica, los edificios y el transporte raramente son accesibles a personas  incapacitadas.

El 8 de noviembre, una operación especial de la policía desalojó a un número de personas incapacitadas, prohibiéndoles vender sus productos en el centro de La Habana.  La policía arrestó a dos personas; un tribunal sentenció a una de ellas a un año de cárcel por vender bienes robados.

Minorías nacionales, raciales, étnicas

Muchas personas de ascendencia africana se han beneficiado, a partir de la revolución de 1959, del acceso a la educación y el cuidado médico básicos, y los negros constituyen una gran parte de la fuerza policial y el personal reclutado del ejército.  No obstante, la discriminación racial ocurre frecuentemente, y es
reconocida públicamente por altos funcionarios gubernamentales, incluso por Castro.  Ha habido numerosos informes sobre un número desproporcionado de hostigamientos policiales a jóvenes negros.  En 1997 ha habido numerosos informes verosímiles de desalojos forzados de ocupantes ilegales y residentes que no tenían permiso oficial para residir en La Habana.  Los desalojos, agravados por el Decreto 217 (véase la Sección 2.d.), estaban dirigidos principalmente contra personas y familias de las provincias orientales, que tradicionalmente son zonas de poblaciones de raza negra o mixta.

Sección 6 - Derechos de los trabajadores

a. Derecho de asociación

La Constitución da prioridad a las necesidades estatales o colectivas sobre las preferencias individuales en lo que respecta a la libre asociación o provisión de empleo.  Las demandas de la economía y la sociedad tienen precedencia sobre las preferencias personales de los trabajadores.  La ley prohíbe las huelgas; no se conoce que haya habido alguna.  Las organizaciones laborales oficiales establecidas tienen una función de movilización y no actúan como sindicatos laborales, no promueven los derechos del trabajador, ni protegen el derecho de huelga.  Estas organizaciones están bajo el control del estado y del Partido Comunista, los que también administran las empresas para las que los obreros trabajan.

El Partido Comunista elige los dirigentes de la única confederación laboral legal, la Confederación de Trabajadores Cubanos, cuya principal responsabilidad es asegurar que se alcancen las metas de producción gubernamentales.  A pesar de las negativas expresadas en foros internacionales, el gobierno prohíbe explícitamente los sindicatos independientes y ninguno ha sido reconocido.  Esta condición no ha cambiado desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) halló en 1992 que el gobierno violaba las normas de la OIT pertinentes a la libre asociación y el derecho de organizarse.  Aquellos que intentan dedicarse a actividades sindicales no oficiales encaran la persecución del estado.

Los trabajadores pueden perder, y en efecto han perdido, sus empleos por causa de sus creencias políticas, incluso por negarse a unirse al sindicato oficial.  Se han creado varias organizaciones laborales independientes pequeñas, pero las mismas operan sin reconocimiento legal y son incapaces de representar eficazmente a los trabajadores o de actuar en su favor.  El gobierno hostiga activamente a estas organizaciones.  La policía detuvo en enero, por cortos períodos de tiempo, al
activista laboral independiente José Orlando González Bridón, de la CUTC.  La mayoría de los disidentes políticos pierden sus empleos y permanecen desempleados; el único trabajo que se les ofrece es limpiar las calles.

La CTC es miembro de la Federación Mundial de Sindicatos, de orientación comunista, en el pasado dominada por la Unión Soviética.

b.  Derecho de organizarse y negociar colectivamente

No existe la negociación colectiva.  El Comité Estatal de Trabajo y Seguro Social (CETSS) fija los sueldos y salarios en el sector estatal, que es casi el único empleador en el país.  Puesto que todos los sindicatos legales son entidades del
gobierno, no existe, por definición, la discriminación antisindical.

La Ley de Inversiones Extranjeras de 1995 (Ley 77) siguió denegando a los trabajadores el derecho, sin permiso especial del gobierno, de contratar directamente con las compañías extranjeras que invierten en el país.  Si bien unas pocas firmas han logrado negociar excepciones, el gobierno exige que los
inversionistas extranjeros contraten a los trabajadores a través de las agencias de colocaciones del estado, a las que se paga en moneda extranjera y, a su vez, pagan a los trabajadores salarios muy bajos en pesos cubanos.  Los trabajadores subcontratados por las agencias de colocaciones del estado deben satisfacer ciertas condiciones políticas.  Según el ministro de Industrias Básicas, Marcos Portal, las agencias de colocaciones del estado consultan al Partido, a la CTC y a la Unión de Jóvenes Comunistas para asegurar que los trabajadores seleccionados merecen trabajar en una empresa conjunta.

No existen zonas francas industriales, si bien la ley autoriza el establecimiento de zonas de libre comercio y parques industriales.

c. Prohibición del trabajo forzado u obligatorio

Ni la Constitución ni el Código Laboral prohiben el trabajo forzado.  El gobierno mantiene centros de corrección a donde envía a las personas que cometen delitos tales como la peligrosidad.  A los presos detenidos allí  se los fuerza a trabajar en granjas u obras de construcción.  Las autoridades frecuentemente encarcelan a los reclusos que no cooperan.

El gobierno emplea grupos especiales de trabajadores, conocidos como  microbrigadas, que son reasignados temporalmente de sus trabajos habituales, para trabajar en proyectos de construcción especiales.  Estas microbrigadas son cada vez más importantes para los esfuerzos del gobierno de completar proyectos turísticos y otras obras que tienen prioridad.  Los trabajadores que se niegan a ofrecerse voluntariamente para estos trabajos muchas veces arriesgan discriminación o pérdida del empleo. Los trabajadores de las microbrigadas supuestamente reciben consideración prioritaria en la asignación de viviendas.  Las fuerzas militares asignan a algunos reclutas al Ejército de Trabajadores Juveniles, en el que cumplen sus dos años de servicio militar obligatorio trabajando en granjas que abastecen a las fuerzas armadas y a la población civil.

El gobierno prohíbe el trabajo forzado y obligatorio de menores; sin embargo, el gobierno exige a los niños trabajar sin remuneración.  Todos los estudiantes mayores de once años deben dedicar de 30 a 45 días de sus vacaciones de verano al trabajo agrícola, hasta ocho horas por día.  El Ministerio de Agricultura utiliza extensamente en el sector agrícola el "trabajo voluntario" de las brigadas de trabajadores estudiantiles.

d. Estado de las prácticas del trabajo infantil y la edad mínima para empleos

La edad mínima legal de trabajo es 17 años.  Sin embargo, el Código Laboral permite el empleo de menores de 15 y 16 años para obtener entrenamiento o compensar por escaseces laborales.  La ley exige la asistencia escolar hasta el noveno grado, y esta ley se respeta generalmente.  El gobierno prohíbe el trabajo infantil forzado u obligatorio; sin embargo, alienta vigorosamente que los niños trabajen sin recibir remuneración (véase la Sección 6.c.).

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo varía según la ocupación y lo fija el CETSS. Por ejemplo, el salario mínimo mensual de una sirvienta es de 8.25 dólares (165 pesos); el de un empleado de oficina bilingüe es de 9.50 dólares (190 pesos); y el de un jardinero es de 10.75 dólares (216 pesos).  El gobierno suplementa el salario mínimo
con educación gratuita y cuidado médico subsidiado (aunque reduce la paga diaria un 40 por ciento después del tercer día de haber sido internado en un hospital), vivienda y alguna comida (esta comida subsidiada alcanza aproximadamente para una semana por mes).  Sin embargo, hasta con estos subsidios, el salario mínimo no provee a un trabajador y su familia un nivel de vida decente.  La corrupción y el mercado negro están generalizados. El gobierno raciona la mayoría de las necesidades básicas como los alimentos, la ropa y el gas de cocina, todos muy escasos.

El gobierno exige a las compañías extranjeras de empresas conjuntas con entidades del estado contratar y remunerar a los trabajadores por intermedio del estado.  HRW observó que la dependencia de las agencias de colocaciones controladas por el estado, en efecto hace que los trabajadores no tengan ninguna capacidad de negociar directamente en lo que respecta a sus salarios, prestaciones sociales, las bases de sus ascensos y la duración de sus períodos de prueba en el trabajo con el empleador.  Estas prácticas laborales explotadoras supuestamente obligan a las firmas extranjeras pagarle al gobierno tanto como 500 a 600 dólares mensuales por trabajador, mientras que éste, a su vez, recibe del gobierno sólo un pequeño salario en pesos.

La semana de trabajo regular es de 44 horas, con días de trabajo más cortos en ocupaciones peligrosas, como la industria minera. El gobierno redujo el día de trabajo en algunas oficinas gubernamentales y empresas estatales para ahorrar energía.

Los controles medioambientales y de seguridad en los lugares de trabajo usualmente son inadecuados, y el gobierno carece de mecanismos efectivos para su aplicación.  Los accidentes industriales parecen ser frecuentes, pero el gobierno suprime esos informes.  El Código Laboral establece que un trabajador que considera que su vida peligra por causa de condiciones peligrosas tiene el derecho de no trabajar en su puesto o de no participar en actividades específicas hasta tanto esos riesgos hayan sido eliminados.  Conforme al Código Laboral, el
trabajador está obligado a trabajar temporalmente en cualquier otro puesto que se le asigne, por el salario que estipule la ley.

f. Tráfico de personas

En febrero de 1999, la Asamblea Nacional modificó el Código Penal para prohibir el tráfico de personas a través del país y desde él y fijó los siguientes castigos a las infracciones: de 7 a 15 años de prisión por organizar o cooperar en la introducción ilegal de extranjeros a través del país; de 10 a 20 años de prisión por entrar en el país con el fin de sacar ilegalmente a personas; y de 20 años de prisión a cadena perpetua por usar violencia, causar daño o muerte o poner vidas en peligro, al dedicarse a tal introducción ilegal.

Estas disposiciones están dirigidas principalmente a personas que se dedican la introducción ilegal organizada de inmigrantes potenciales.  Además, el código modificado hace que sea ilegal promover u organizar la entrada o salida de personas con el propósito de ejercer la prostitución; los infractores están sujetos a entre 20 y 30 años de prisión.

No hubo informes de personas objeto de tráfico hacia, desde, dentro o a través del país con el propósito de proveer trabajo o servicios forzados.

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