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Derechos Humanos Colombia 2000

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Informe del País
Resumen ejecutivo

Colombia es una democracia constitucional multipartidista en la cual los partidos Liberal y Conservador han dominado la escena política desde tiempo atrás. Los ciudadanos eligieron en 1998 al actual presidente Andrés Pastrana del partido Conservador y un congreso bicameral controlado por el partido Liberal en una selecciones generalmente libres, justas y trasparentes, pese a los intentos de intimidación y fraude de parte de los grupos paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes. Intentos similares de intimidación por los grupos armados ilegales, inclusive por medio de asesinatos y secuestros, amenazaron con perjudicar las elecciones locales en octubre; sin embargo las elecciones se llevaron a cabo en forma generalmente pacífica. La justicia ordinaria opera en gran medida independiente de la influencia del gobierno, pero es común el soborno o la intimidación de los jueces, los testigos y los fiscales.

El gobierno continuó enfrentando serios desafíos para controlar el territorio nacional debido a la persistencia del conflicto interno armado generalizado y la violencia desenfrenada, tanto criminal como política. Los principales actores fueron las fuerzas de seguridad del gobierno, los grupos paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes. Aumentó el número de víctimas de los ataques paramilitares. En algunas zonas hubo combates entre las fuerzas del estado y la guerrilla o los narcotraficantes, mientras que en otras fueron los grupos paramilitares los que se enfrentaron a la guerrilla, y en otras la guerrilla atacó a los miembros desmovilizados de facciones guerrillearas rivales. Los dos grupos guerrilleros más importantes, la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están integrados por un número aproximado de 11.000 a 17.000 combatientes permanentes organizados en más de 100 grupos semiautónomos. Las FARC y el ELN, junto con otros grupos menores, ejercieron un alto grado de influencia territorial e iniciaron acciones armadas en casi 1.000 de los 1.085 municipios del país durante el año, un nivel aproximadamente igual al de 1999.

Su apoyo popular a nivel nacional continúa siendo bajo según encuestas y muchos otros informes. Una parte considerable de los ingresos (cientos de millones de dólares) de las principales organizaciones guerrilleras provinieron de comisiones impuestas sobre la producción y el tráfico de narcóticos, así como el secuestro y la extorsión. La guerrilla y los grupos paramilitares suplantaron a las instituciones estatales en muchas zonas escasamente pobladas del territorio nacional. El proceso de paz iniciado en 1999 con las FARC continuó en la zona de despeje compuesta por cinco municipios del sur con una población total de aproximadamente 100.000 personas. En ausencia de una presencia estatal y una comisión verificadora internacional, continuaron los abusos de los derechos humanos por parte de las FARC dentro y fuera de la zona de despeje. El proceso de paz se complicó con el secuestro de un avión comercial el 8 de septiembre por un guerrillero de las FARC quien posteriormente se refugió en la zona de despeje.

El 14 de noviembre las FARC suspendieron las negociaciones unilateralmente y exigieron acciones concretas del gobierno contra los paramilitares. El 6 de diciembre el presidente Pastrana extendió el término para la zona de despeje hasta el 31 de enero de 2001 en medio de intenso debate público sobre el actual proceso de paz. El asesinato del presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Diego Turbay Cote, el 29 de diciembre, puso en duda nuevamente el futuro del proceso de paz, aunque el gobierno y los negociadores de las FARC continuaron en
contacto.

En abril el gobierno y el ELN acordaron en principio una verificación dentro de la propuesta "zona de encuentro" en el sur de Bolívar y el noreste de Antioquia, en la cual se llevaría a cabo la convención nacional del ELN. Sin embargo el progreso se frenó cuando los residentes de la propuesta zona protestaron por su creación. Dos grupos (Asocipaz y el Comité "No al despeje") exigieron consultas activas con el gobierno sobre la creación de tal zona, y de vez en cuando bloquearon el acceso al área. Los grupos paramilitares han tratado de ejercer influencia sobre estas organizaciones. Los gobiernos de España, Francia, Suiza, Noruega y Cuba asumieron un papel cada vez más activo en el proceso de paz. Durante el año y se comprometieron a proporcionar asistencia para el desarrollo cuando la zona sea puesta en vigor. Sin embargo, el secuestro el 17 de septiembre de más de 50 personas cerca de Cali, una vez más frenó el proceso de paz. Luego de negociación además de presión militar,
los últimos secuestrados fueron puestos en libertad el 3 de noviembre. Líderes del ELN participaron en una conferencia a mediados de octubre en San José, Costa Rica, coauspiciada por el gobierno y un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG), para explorar soluciones al conflicto. (Aunque las FARC fueron invitadas, no participaron en la conferencia.) El 15 de diciembre cinco sicarios hirieron al presidente del sindicato de trabajadores públicos, Wilson Borja, miembro clave de la comisión facilitadora de la sociedad civil en el proceso de paz con el ELN. Carlos Castaño, cabeza de la coordinadora paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció su papel en el ataque. La puesta en libertad en época de navidad de 42 policías y soldados tomados como rehenes por el ELN preparó el camino para continuar las negociaciones sobre una zona de encuentro al finalizar el año.

En oposición abierta al gobierno, en noviembre las AUC secuestraron a siete miembros del Congreso y exigieron que el gobierno les diera un papel en las negociaciones de paz con las FARC. El Ministro del Interior Humberto de la Calle negoció la liberación de los rehenes con el líder de las AUC, Carlos Castaño, acción que enfureció a las FARC. El gobierno rehusó concederles status político a los grupos ilegales de autodefensa (paramilitares).

El Ministerio de Defensa, bajo ministro civil, es responsable de la seguridad nacional y supervisa a las fuerzas armadas (incluyendo el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, y la Guardia Costera) y la Policía Nacional. Anteriormente, la administración de las fuerzas armadas por un civil era limitada; sin embargo, en años recientes ha habido mayor profesionalismo y respeto por la autoridad civil entre los militares. Las fuerzas de seguridad incluyen las de administración de justicia armadas, investigativas y militares, entre ellas la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la Naval y la Guardia Costera, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y el Cuerpo Técnico de Investigadores de la Fiscalía General (CTI). El DAS, que tiene amplios poderes de inteligencia, de cumplimiento de la ley e investigativos, en línea de mando está directamente bajo la Presidencia de la República, pero está dirigido por un profesional de administración de justicia. La Policía debe mantener el orden y la seguridad nacionales, pero en la práctica, la administración de justicia a menudo es compartida con el Ejército en áreas rurales y urbanas. Muchos observadores insisten en que la acción gubernamental para combatir al paramilitarismo ha sido inadecuada y, en el pasado las fuerzas de seguridad a menudo no confrontaron a los grupos paramilitares; sin embargo, las fuerzas de seguridad mejoraron sus  esfuerzos por confrontar y detener a los paramilitares durante este año. No obstante, miembros de las fuerzas de seguridad a veces colaboraron ilegalmente con fuerzas paramilitares. Las fuerzas armadas y la Policía cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos durante el año.

A pesar de años de violencia política y relacionada con las drogas, la economía es diversificada y relativamente avanzada. Las principales exportaciones legales son petróleo crudo, carbón, café y flores. En 1999 el país sufrió su primera recesión en 60 años, con una reducción de 4,5% en el PIB y una cifra récord de desempleo, de más del 20%. Aunque la economía se recuperó con un 3% de crecimiento este año, el desempleo continúa igual y estaba en 19,7 al finalizar el año. La inflación al terminar el año era de 8,75%. Desde septiembre de 1999 el gobierno adoptó presupuestos austeros y una tasa de cambio flotante. Los altos niveles de violencia inhiben la confianza de los inversionistas. Los narcotraficantes continuaron controlando grandes extensiones de tierra y otros bienes, y ejerciendo influencia en la sociedad, la economía y la vida política. La distribución de los ingresos es bastante desequilibrada; gran parte de la población vive en pobreza. El PIB per cápita era de aproximadamente 2.100 dólares.

El historial del gobierno en materia de derechos humanos siguió dejando que desear; hubo algunas mejoras en el marco legal y en los mecanismos institucionales, pero la puesta en práctica demora y aún quedan serios problemas en muchas áreas. Las fuerzas de seguridad del gobierno continuaron cometiendo serios abusos, incluyendo muertes extrajudiciales. A pesar de algunos juzgamientos y convicciones, las autoridades casi nunca juzgaron a altos oficiales de las fuerzas de seguridad y de la Policía, acusados de violaciones de los derechos humanos, y la impunidad continúa siendo un problema. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron con grupos paramilitares que cometieron abusos, en algunos casos permitiéndoles a los paramilitares cruzar los retenes; compartiendo información; o proporcionándoles provisiones o municiones. A pesar de los mayores esfuerzos del gobierno para combatir y capturar a los paramilitares, a menudo las fuerzas de seguridad no tomaron acción para prevenir ataques paramilitares. Las fuerzas paramilitares tienen una base de apoyo efectiva entre los militares y la policía, así como entre las élites civiles, en muchos sitios.

El 12 de agosto entró en vigencia el nuevo Código Penal Militar, el cual dispone un cuerpo judicial militar independiente, y protección legal para la tropa si rehúsa llevar a cabo órdenes ilegales que resultarían en abusos de los derechos humanos; el Código también impide que los comandantes de unidad puedan juzgar a sus subordinados. Una serie de decretos de reforma militar fueron sancionados por el presidente el 14 de septiembre, proporcionando mayor facilidad para que las fuerzas militares destituyan a quienes abusan de los derechos humanos, y oportunidades para mayor profesionalización de las fuerzas de seguridad. La justicia militar continuó demostrando mayor voluntad de enviar a la justicia ordinaria casos de oficiales acusados de violaciones flagrantes de los derechos humanos, según lo requieren un fallo de 1997 de la Corte Constitucional y el nuevo código penal militar; en agosto una directiva presidencial reforzó estas dos normas legales.

La Policía, guardas de prisiones y las fuerzas militares torturaron y maltrataron a detenidos. Las condiciones en las hacinadas y mal financiadas prisiones son duras; sin embargo, algunos prisioneros utilizan el soborno y la intimidación para lograr mejores condiciones. El arresto y la detención arbitrarios, así como la detención prolongada en espera de un juicio, son problemas fundamentales. La justicia ordinaria es ineficiente, sobrecargada con una acumulación de casos, y debilitada por la intimidación y el clima prevaleciente de impunidad. Esta situación es el meollo de los problemas de derechos humanos del país. El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) estimó, basándose en una encuesta de 1997, que el 63% de los crímenes no son reportados, y que el 40% de los crímenes quedan impunes. El 6 de abril la Corte Constitucional tumbó gran parte de la legislación que creaba la jurisdicción especializada (la cual había reemplazado a los jueces sin rostro regionales el 1 de julio de (1999). 

A veces las autoridades infringen el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Los periodistas típicamente trabajan en un ambiente de amenazas e intimidación, principalmente de los paramilitares y de la guerrilla, y esto pareció empeorar durante este año; los periodistas practican la autocensura par evitar represalias. Hubo algunas restricciones a la libertad de movimiento, generalmente por preocupaciones de seguridad. La violencia y la inestabilidad en áreas rurales desplazaron a entre 125.000 y 317.000 civiles de sus hogares durante este año. Casi una cuarta parte de estos desplazamientos fueron masivos. (Es difícil obtener cifras exactas de desplazados porque algunas personas fueron desplazadas más de una vez, y muchos desplazados no se registran don el gobierno ni con otras entidades.) El número total de desplazados internos durante los últimos cinco años podría sobrepasar el millón. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad acosaron o amenazaron a grupos de derechos humanos. La violencia y la extensa discriminación de la sociedad contra las mujeres, el abuso infantil, y la prostitución infantil son problemas serios. Continuó la extensa discriminación de la sociedad contra grupos indígenas y minoritarios. El trabajo infantil es un problema ampliamente difundido. El tráfico de mujeres y niñas con propósitos de prostitución forzada es un problema. Los asesinatos por "limpieza social" de gamines, prostitutas, homosexuales y otros considerados indeseables por grupos paramilitares, guerrilleros o mercenarios continuó siendo un problema serio.

Los grupos paramilitares y la guerrilla fueron responsables de la gran mayoría de asesinatos políticos y de otra naturaleza durante este año. Por todo el país, los paramilitares asesinaron, torturaron y amenazaron a civiles sospechosos de simpatizar con la guerrilla, en una campaña diseñada para aterrorizarlos y hacerlos huir de sus hogares, para así quitarle a la guerrilla el apoyo civil y permitirles a los paramilitares desafiar a las FARC y al ELN por el control de los cultivos ilícitos y territorios estratégicamente importantes. Las fuerzas paramilitares fueron responsables de un número creciente de masacres y otros asesinatos políticos. También pelearon contra la guerrilla por el control de algunas regiones con cultivos lucrativos de coca y se ocuparon directamente de la producción y el tráfico de narcóticos. La coordinadora paramilitar AUC, cuyos miembros sumaban aproximadamente 8.150 combatientes armados, ejerció influencia creciente durante el año y luchó por extender su presencia por medio de la violencia y la intimidación en áreas previamente bajo control de la guerrilla, al tiempo que llevaba a cabo asesinatos selectivos de civiles que acusaba de colaborar con la guerrilla. Las AUC trataron de presentarse más y más como una organización con una agenda política, aunque en la práctica continuaban siendo una fuerza mercenaria, financiada por actividades criminales y sectores de la sociedad que son el blanco de la guerrilla. Aunque algunos grupos paramilitares reflejan los deseos de la población rural de organizarse con el único propósito de autodefensa, la mayoría son organizaciones mercenarias y otros en realidad son los ejércitos privados de los narcotraficantes o de grandes terratenientes. El apoyo popular para estas organizaciones creció a medida que la violencia de la guerrilla aumentó en medio de la lenta evolución del proceso de paz. El gobierno continúa insistiendo en que los paramilitares, como la guerrilla, son fuerzas ilegales y aumentó sus esfuerzos para aprehender a los paramilitares; sin embargo, el historial de las fuerzas de seguridad en su trato con los grupos paramilitares continuó siendo contradictorio. En algunos sitios las fuerzas de seguridad atacaron y capturaron a miembros de tales grupos con mayor frecuencia; en otros sitios miembros de estas instituciones toleraron o inclusive colaboraron con grupos paramilitares.


Las FARC y el ELN atacaron poblaciones civiles constantemente, cometieron masacres y ejecuciones sumariales, y asesinaron a personal médico y religioso. Las FARC continuaron su práctica de utilizar cilindros de gas como morteros para destruir pequeñas poblaciones, hiriendo indiscriminadamente a funcionarios gubernamentales y civiles. La guerrilla fue responsable de la mayoría de los casos de reclutamiento forzado de indígenas y de cientos de menores; también fueron responsables de la mayoría de los secuestros. La guerrilla mantuvo a más de mil civiles secuestrados, y los pagos de rescate fueron una importante fuente de ingresos. Otras víctimas del secuestro fueron asesinados. Al finalizar el año las FARC y el ELN supuestamente mantenían a 527 soldados y policías en cautiverio. En muchos sitios la guerrilla recaudó "impuestos de guerra", forzó a civiles a unírsele, obligó a pequeños agricultores a sembrar cultivos ilícitos, y reglamentó los viajes, el comercio y otras actividades. en marzo las FARC anunciaron su "Ley 002" exigiendo que toda persona con patrimonio mayor de un millón de dólares pagara impuestos a las FARC o corriera el riesgo de ser secuestrada. Las FARC continuamente cometieron abusos contra ciudadanos residentes en la zona de despeje. Numerosas fuentes dignas de confianza informaron de asesinatos, violación, extorsión, secuestro, robos, amenazas, detenciones y el reclutamiento forzado de adultos y menores, así como obstáculos a la libertad de expresión y a juicios imparciales e interferencia con sus prácticas religiosas.

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