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Corrupción: Eje fundamental sobre el que descansan las formas de crimen organizado

Cristina Rojas Rodríguez (1)

Referencias
Notas 1 - 11

 

I.- Introducción

Como  punto de partida en nuestra presentación, debemos tener en mente que la corrupción,- como todo  fenómeno social,-  es dinámica y cambiante en sus formas, mecanismos y modalidades, al igual que los conceptos que se deben utilizar para definirla.

Numerosas sociedades a través de la historia, se han visto afectadas en su desarrollo, por funcionarios gubernamentales corruptos que en forma vanal, se han aprovechado de la posición que ocupan dentro de la administración pública para obtener provecho personal.   Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado cómo este fenómeno ha proliferado alarmantemente en algunos países, hasta tornarse en un inevitable componente cuasi-estructural  de la administración pública. Ha minado de esta forma, la confianza y la credibilidad en gobernantes y gobiernos y ha generado un cinismo y un oportunismo considerable en medio de la ciudadanía que tienen como consecuencia la incapacidad de los Estados de alcanzar el bienestar de la comunidad;   la estabilidad económica y la prosperidad.

II.-  Delimitaciones Conceptuales

El problema de la corrupción en el Gobierno, se  encuentra en este momento universalmente reconocido como crucial en el manejo de la cosa pública.  Sin embargo, un tratamiento responsable de la temática  en consideración, impone necesariamente algunas precisiones conceptuales.  Veamos:

Delito

-->

Organizado

-->

De Empresa

Nacional

Profesional

->

   

 

Política

Trans
nacional

En lo que a esta investigación interesa, es importante recordar que, entre otras clasificaciones, los delitos pueden ser instantáneos, permanentes y continuados;  materiales, formales y de pura actividad;  de daño y de peligro;  de comisión, de omisión y de comisión por omisión;  comunes y políticos.  Así mismo, que las acciones a que se hace referencia en el cuadro, son aquellas que a su respecto, se halla formulada una valoración social reprobatoria, descrita y delimitada por la ley.

Tomando en consideración que el delito no siempre  es producto de la actividad  de un solo hombre, con frecuencia a la realización de aquel, concurren varios sujetos.  De manera tal que la participación puede darse en la ejecución (autores propiamente dichos y coautores), en  los que determinan a otros a cometer los delitos (instigadores) o bien  en los que prestan al autor una cooperación indispensable (cómplices primarios).

Se agravan aquellos delitos en que participan dos o más individuos bajo la promesa de auxilio recíproco  (conspiración,  banda, cuadrilla, asociación ilícita y organizaciones delictuales de hecho o de derecho tales como las mafias, la camorra, los carteles, la Yakuza y el  terrorismo).

La delincuencia organizada de empresa se da normalmente en sociedades legítimas que realizan conductas ilegítimas, para reducir costos y aumentar al máximo sus utilidades. Así mismo, tiende a  especializarse por materia y campo de actividad del Estado, subsidios y otros privilegios;  contratos estatales;  infraestructura;  vivienda;  aduanas; banca; fisco, etc.

Por su parte, la delincuencia organizada profesional,  perpetra sus actos en forma usual, a través de empresas ilícitas de hecho o de derecho.  Tiende a utilizar la intimidación y la violencia, y están en condiciones de hacerlo.

En tanto, la delincuencia transnacional organizada es el producto de las infracciones cuyo inicio, consumación o efectos directos, abarcan a más de una jurisdicción nacional.  Se cometen invariable y exclusivamente en el plano transfronterizo.  Generalmente, parte de las operaciones se realizan a nivel local,  (Ej.: cultivo y procesamiento de la droga;  enganche de emigrantes indocumentados) y parte a nivel internacional (distribución de los bienes, drogas, o trata internacional de personas).

Cabe agregar, así mismo que hay dos modalidades en la delincuencia transnacional organizada a saber:

 

 

Tráfico de:
Drogas
Seres humanos
Bienes robados
Armas

Blanqueo del producto de actividades ilícitas
Evasión tributaria

Convencional
 

Delincuencia Transnacional Organizada

         

 

Delitos cibernéticos
Falsificación de equipos electrónicos
Espionaje Industrial

Eliminación ilegal de desechos químicos
Tráfico de:
Desechos nucleares
Plantas
y animales protegidos
Obras de arte

F
raudes financieros internacionales

No Convencional

 
 

III.-La corrupción, eje fundamental sobre el que descansan las formas de criminalidad organizada

Es un error querer analizar la corrupción como un delito común en cuanto a sus características típicas, y no visualizarlo como un fenómeno delictual de organizaciones criminales,- de hecho o de derecho,- de carácter nacional o transnacional.  Bien se puede afirmar que la corrupción, es el punto focal, el punto de unión, en el que descansan las diversas modalidades de delitos típicos del crimen nacional y transnacional  organizado. Es lo que los hace posibles.   Cada vez que se consuma un hecho delictivo del tipo analizado (2), bien sea por comisión, omisión o comisión por omisión, hay una función pública violentada.

Algunas de las múltiples formas que puede adoptar son:

  • aceptación de dinero, recompensas o regalos por el otorgamiento o adjudicación de un contrato,
  • violación de las etapas procedimentales para acelerar la consecución de intereses personales (pueden incluir el retraso en la ejecución de ciertos programas de desarrollo, trazado de caminos y carreteras, etc.)
  • “Subvenciones” a cambio de la promulgación de legislación interesada
  • Distracción de recursos públicos para uso privado
  • Distracción de recursos públicos para fines político-electorales (financiamiento de actividades político-partidarias y provisión de empleos (botellas) a la clientela particular de determinado grupo político)
  • Intervención ilegítima en la resolución de procesos judiciales,
  • Impunidad sistémica
  • Nepotismo
  • Tráfico de influencias y mantenimiento de privilegios e incentivos odiosos que favorecen normalmente a las clases gobernantes y socialmente poderosas
  • Establecimiento de sobreprecios en la ejecución de proyectos 
  • Recolección y fraudes tributarios, etc.

En la corrupción organizada, funcionarios de aduana y/o de control de puestos migratorios, participan necesariamente en los ilícitos relacionados con los diferentes tipos de tráfico internacional, a saber:  el contrabando, el tráfico de drogas,  mercancías robadas, el tráfico de desechos nucleares,  el de armas y explosivos, etc.   Es frecuente en este tipo de delitos que    las diferentes clases de organizaciones criminales,  sean dueñas a su vez de empresas de transporte y/o de importación y exportación.

Ordinariamente, autoridades locales de los cuerpos de investigación y prevención policial, de migración y extranjería y, en algunas oportunidades,  de los ministerios o secretarías de trabajo, están relacionados con la falta de prevención y/o control en la trata de seres humanos y su respectiva explotación física, ya sea en forma de prostitución  a manos de organizaciones delictivas,  o bien de patronos inescrupulosos que los emplean como trabajadores sin garantías, baratos e indocumentados.

Por otra parte, para consumar actos relacionados con  evasión tributaria, el blanqueo de dinero,  desvíos de fondos públicos, construcción de obras de infraestructura que no cumplen los requisitos acordados, etc. es requisito sine qua non,  “engrasar” las manos de uno o varios funcionarios públicos y fomentar, “estrechos vínculos” de cooperación con el personal que labora en el sistema financiero y en las superintendencias  encargadas de controlarlo.

No debemos olvidar mencionar que,  a fin de garantizar su impunidad, la criminalidad organizada  debe socavar el Estado de Derecho imperante, y estimular la corrupción judicial.

Una característica de la delincuencia organizada  y la corrupción en Costa Rica en la actualidad,  es que,- generalmente,-  tanto en el caso de los funcionarios públicos como de los políticos,  se da una participación bipartidista (miembros de las cúpulas corruptas de los dos partidos políticos mayoritarios).

Los políticos en el poder, “engrasan” las manos de algunos miembros importantes de los que se encuentran en oposición,  para evitar, a través de ellos, por una parte,  el control político que la Asamblea Legislativa esta llamada a ejercer;   y por otra,-   para obviar el control jurisdiccional.  En este sentido se cumple lamentablemente aquello de que las cárceles son para los pobres y no para los ricos y/o los políticos. Recuérdese en este punto que los Magistrados  de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por la Asamblea Legislativa,  y en esa selección, pesa en gran medida, la afiliación político-partidaria de los candidatos.

Es notable la reincidencia de actos corruptos  en determinados sectores de la Administración Pública. Perfectamente,- dándole seguimiento a sendos reportajes periodísticos aparecidos en el transcurso de varios años,-  se puede evidenciar diversos focos de corrupción gubernamental.  Sin embargo, en un evidente incumplimiento de deberes en estos casos,- culposo y/o doloso,-  los jerarcas del Poder Ejecutivo,- tanto de la Administración Central como de la descentralizada,-  se han quedado impávidos,  sin tomar las acciones pertinentes para frenar y controlar la corrupción institucional. 

Por otra parte, un Ministerio Público ineficaz, que no ha asumido  acciones efectivas que permitan frenar la impunidad. Gravísimas omisiones y defectos en la conducción de las investigaciones policiales iniciales, lo mismo que “errores” procedimentales propios de incompetentes en Ciencias Jurídicas,  han culminado en múltiples procesos prescritos, nulidades, sobreseimientos, sentencias absolutorias y fuga de delincuentes peligrosos tanto en delitos de orden transnacional como tráfico de drogas  y lavado de dinero, como en delitos multimillonarios en que el Estado figura como principal  ofendido. (3) y (4) 

Para ejemplificar lo anterior, veamos un recuento de algunas publicaciones aparecidas en la prensa nacional, relacionadas con  el caso de la venta subsidiada de combustibles a los pescadores.  Su contenido se explica por sí solo:

1.-  “¡Otro Fraude! Negociaban combustible subsidiado para Pesca.  Fisco estafado durante años por altas sumas.” Al Día, Domingo 6 de septiembre de 1998 

Detrás del multimillonario fraude con combustibles que el Gobierno subsidia y vende libres de impuestos a los pescadores, podría haber “una típica figura de crimen organizado con amplio respaldo político, económico y de tráfico de influencias.”    Funcionarios ligados con fraude.  Engaño con combustible costó al menos 500 millones.  Subsidio pasó de 120 millones de colones a 1.800 millones en cuatro años.  Al día reveló  que en el fraude, podría tener participación “una peligrosa mafia nicaragüense dedicada al narcotráfico y al contrabando”

A pesar que este desfalco tiene su base principal en Limón, el Jefe del Ministerio Público afirmó que también investigan irregularidades en Puntarenas y Guanacaste

2.- “Fraude con combustible subsidiado:  Intermediarios en la mira.  INCOPESCA congelará parte de subsidio a pescadores limonenses.”  La Nación, martes 8 de septiembre de 1998

Se da cuenta de pesquisas relacionadas con un supuesto fraude millonario cometido con combustible que se vendió a precio preferencial pero que, al  parecer, no llegó a la flotilla pesquera.  El monto estafado superaría los 500 millones de colones  El reportaje menciona que ya la contraloría General de la República en 1996 y 1997, había detectado aparentes anomalías cometidas por funcionarios de INCOPESCA e intermediarios en la compra de combustible subsidiado.

3.- “Beneficio a Pescadores en seis años.  Óleo de Combustible exonerado. Mientras el retiro de gasolina creció 849%, el volumen de pescado creció únicamente 145%.” La Nación, jueves 1ero de junio del 2000

Las causas del aumento podrían estar relacionadas con el uso supuestamente incorrecto que se ha hecho del combustible.  En octubre de 1996 la Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público una tramitación supuestamente ilícita de órdenes de combustible exonerado por parte de personas que se habían identificado como pescadores.  La investigación aún esta en proceso.

4.- “Subsidio a pesca... A la Deriva.  Se desconoce el destino de millones de litros de combustible exonerado.”  La Nación, 25 de Noviembre del 2001

Toda red tiene huecos, pero a red de exoneraciones de impuestos al combustible que utilizan 1.950 pescadores, los tiene más grandes. Extraviada enorme cantidad de combustible exonerado.  Exención cuesta 3.800 millones de colones. 

Se evidenció que los controles sobre el buen uso de los más de 3.800 millones que en los últimos 12 meses fueron exonerados en combustible para pesca son deficientes o casi nulos.  Una parte de este combustible es distribuido y revendido ilegalmente a gasolineras y fincas de Puntarenas, Guanacaste y Limón con un buen margen de ganancia. (Gasolina para pescadores =  C. 61.99 el litro.  Precio al público = C. 178.10;  Diesel para pescadores = C. 65.14 para pescadores.  Precio al público C. 127.50)

La información resalta el hecho que la Contraloría General de la República, en cuatro sucesivos estudios previos ( 1996,1997, 1998 y 2001)  ha señalado y documentado distintos  tipos de anomalías y fugas en controles de INCOPESCA

El fuerte resurgimiento de prácticas corruptas en el Gobierno Costarricense, lo encontramos en:

  • El sobredimensionamiento del sector público, al punto que el manejo de la economía y la provisión de servicios públicos se torna ineficiente,
  • La asimetría de las relaciones y las medidas que favorecen a aquellos que están en el ejercicio del poder, ya sea éste: social, económico y/o político.  A manera de ejemplo podemos citar: el otorgamiento irresponsable y la negligente supervisión en el caso de beneficiarios de los certificados de abono tributario, CATS y de incentivos turísticos;  las compras de terrenos  no aptos para los fines y objetivos para los que deberían ser destinados. En el  caso del Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, de terrenos no aptos para el desarrollo de proyectos agropecuarios.  En el de los Proyectos de Vivienda,  de fincas que por sus condiciones topográficas no son apropiadas para la construcción de viviendas de interés social.  En consecuencia, no sólo se encarecen sustancialmente los costos de las urbanizaciones, sino que, además, se pone en peligro la seguridad y la vida de los que eventualmente habiten tales sitios.(5)
  • La creación de Fondos extra-presupuestarios mediante los que se reducen los controles administrativos y políticos (FODEA, FOGASA, Fondo de Contingencias Agrícolas,   FODESAF, etc.)
  • Conflictos de intereses de los políticos en el ejercicio de la administración pública que al mismo tiempo representan poderosos grupos de interés privado (Jerarcas del sistema financiero  como el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, que a su vez son  socios de bancos y empresas financieras)
  • Promulgación de leyes defectuosas,  omisas en temas esenciales, que contienen en algunos casos  contradicciones con otras normas   del ordenamiento jurídico, establecen procedimientos engorrosos y en otros,   reservan gran poder discrecional en su aplicación a las eventuales  autoridades competentes al efecto
  • Tolerancia y falta de persecución y sanción judicial a políticos corruptos .  Se encuentran “más allá del alcance de la ley”.
  • Situaciones excepcionales y/o de emergencia,  en las que los funcionarios públicos asumen control sobre bienes y servicios escasos (Múltiples denuncias presentadas con relación al manejo de partidas, primero en el Fondo Nacional y luego en la Comisión Nacional de Emergencias)
  • Supervisión complaciente e inefectiva sobre la eficiencia de la administración pública (“Biombos” en la Caja Costarricense de Seguro Social,   las pérdidas en CODESA por más de veintidós mil millones de colones, la ineficacia de la SUGEF para evitar la quiebra del Banco Anglo Costarricense y el Banco Cooperativo)
  • Erosión del espíritu cívico en los sistemas y en los políticos modernos.
IV.-  Evolución en el Tratamiento Conceptual del Tema en el Sistema de Naciones Unidas.

Los vínculos estrechos de la delincuencia organizada con la corrupción y el abuso de poder, fueron analizados con rigurosidad,- por primera vez en las Naciones Unidas,  durante el Quinto Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra del 1 al 12 de septiembre de 1975.  En esa oportunidad, se llamó la atención sobre los cambios en las formas y dimensiones de la delincuencia organizada, y se centró el interés en la “delincuencia como negocio  de ámbito tanto nacional como internacional. 

Se recalcó  las dificultades de obtener información útil sobre la corrupción oficial, dada su naturaleza inherentemente encubierta y consensual,  en virtud  que  ambas partes culpables se benefician de su arreglo ilícito.    Esta situación se agrava aún más en el contexto de actividades gubernamentales de carácter sumamente complejo y especializado.   En ellas,  el dolo puede encubrirse fácilmente para que resulte invisible a los que no son expertos, incluidos los de las autoridades investigadoras medianamente competentes.(6)

El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1980,  brindó nuevos elementos a la percepción internacional de la delincuencia organizada y la corrupción.  Señaló que la característica de este tipo especial de actos ilícitos es “el abuso de poder” y se refirió a ellos como: “ delitos y delincuentes que están fuera del alcance de la ley“, por cuanto, Otorgó especial atención a la delincuencia económica, e indicó que ésta solía actuar como factor incitador y agravante en la corrupción de la administración pública y de los altos cargos.

Disminuye notablemente la probabilidad que sean denunciados o procesados sus autores ante las autoridades competentes en razón del rango en la jerarquía social, política o económica de sus autores y sus interrelaciones. Normalmente, la falta de datos sobre ellos, obstaculiza la buena comprensión de los problemas que entrañan y obstaculiza así mismo, el desarrollo de los medios más adecuados para combatirlos.

El Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en 1985,  centró su atención en “ las nuevas dimensiones de la criminalidad y de la prevención del delito en el contexto del desarrollo”.   Subrayó cómo ciertas formas de delincuencia, entre las que está la corrupción, obstaculizan el progreso político, económico, social y cultural de los pueblos y amenazan los derechos humanos, las libertades fundamentales  la paz, la estabilidad y la seguridad.

Señaló que las fronteras habían dejado de ser una barrera eficaz contra las actividades de la delincuencia organizada, y que ésta, había logrado un notable grado de impunidad mediante su hábil explotación de las discrepancias entre el derecho interno de los diversos países. Identificó el tráfico ilícito de estupefacientes como una de sus principales operaciones y la corrupción de funcionarios en cargos públicos como el elemento clave de su impunidad.

En 1990, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,  sobre “corrupción en el gobierno”,   determinó, que las autoridades nacionales se encontraban a menudo conque no disponían de las herramientas adecuadas para luchar contra ella, y que los medios convencionales de cooperación entre los países para combatir el delito, ya no resultaban suficientes ante la internacionalización de las actividades criminales.

En el mencionado cónclave internacional, se  urgió,-  como un asunto al que debía otorgarse la más alta prioridad,-  la inclusión de estrategias anti-corrupción dentro de los planes nacionales de desarrollo económico y social que promuevan a un tiempo, la buena gobernabilidad, la transparencia y responsabilidad  de los funcionarios, y fortalezcan la  capacidad de los Estados para hacer frente a la criminalidad organizada.

El Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en El Cairo, Egipto, del 29 de abril al 8 de mayo de 1995, mostró su alarma por la grave amenaza que plantean  para la sociedad, las vinculaciones de la delincuencia transnacional organizada y sus actividades conexas  con  los delitos económicos y financieros y  la corrupción,  así como por  la infiltración  de delincuentes organizados en las economías legítimas.

Puso de relieve el nexo existente entre la delincuencia y el desarrollo e instó a fortalecer los sistemas de justicia penal y a crear el marco jurídico para el desarrollo, ya que el mantenimiento del imperio de la ley, es indispensable para poder establecer y mantener condiciones de paz y estabilidad social.  Hizo notar así mismo que  la erradicación de la corrupción administrativa y profesional sólo podría lograrse mejorando la gestión administrativa y económica.

V.-  La pregunta fundamental es:  ¿Quién obtiene los beneficios y  quién paga los costos de la corrupción gubernamental?

  • Aquellos individuos y empresas que están dispuestos a pagar por la asignación preferente o el otorgamiento de beneficios jugosos,  sobre aquellos que utilizan simplemente los  criterios y procedimientos  legalmente establecidos
  • Los funcionarios públicos,- generalmente mal pagados y mal supervisados,-  que imponen a los usuarios de sus servicios, retrasos injustificados  y trabas en los procedimientos, a cambio de los sobornos que reciben.  Estos actúan como bonos de incentivo salarial.
  • Empresas y empresarios que a través de actos corruptos, reducen los costos empresariales establecidos por el Gobierno  a través de impuestos, cargas aduaneras y otras regulaciones tributarias y fiscales.
  • Los delincuentes comunes, profesionales y del crimen organizado, por cuanto, los sobornos estimulan sus actividades  criminales y la impunidad de que gozan

Entre las principales consecuencias  de la corrupción se encuentran las siguientes:

  • Afecta el desempeño gubernamental (eficacia y eficiencia).  Torna la Administración ineficaz para responder a las necesidades públicas.

  • Afecta la disponibilidad de los recursos públicos especialmente aquellos destinados a los programas sociales, perpetuando las disparidades.  (Reduce los gastos en educación y salud por cuanto éstos no se prestan con facilidad a las prácticas corruptas.) 

  • Reduce la productividad de la inversión pública y de su infraestructura. (Reduce la inversión de operación y mantenimiento de las obras públicas por las mismas razones antes apuntadas)

  • Reduce la inversión extranjera por cuanto la corrupción tiene el mismo efecto que los impuestos, opera como tal, aumenta los costos  y crea incertidumbre

  • Aumenta el gasto público, por cuanto los proyectos de inversión pública,- especialmente aquellos relacionados con la construcción de grandes obras de infraestructura física,- fácilmente se prestan a manipulaciones de los jerarcas en la consecución de sobornos.

  • Produce distorsiones en la ejecución,  costos, tamaño y composición de los proyectos de inversión pública.  Se aprueban  y ejecutan proyectos que no se justifican por criterios objetivos,  de oportunidad, ni mediante análisis de costo / beneficio.  

  • Aumenta el déficit fiscal, y en general,  los costos económicos, administrativos y sociales.  Distorsiona el gasto público en la compra de bienes y servicios

  • Reduce los índices de crecimiento como consecuencia directa de  la reducción de la inversión

  • Aumenta la pobreza por cuanto reduce las posibilidades de producir ingresos a los pobres.

  • Mina y debilita los procesos de la Administración Pública al crear líneas paralelas de autoridad a las formalmente establecidas

  • Afecta la moral general del servicio público

VI.-  Conclusiones y Recomendaciones:

La conciencia en la ciudadanía, respecto a los efectos negativos de la corrupción y sus serias consecuencias sobre los procesos de desarrollo, el respeto de los derechos humanos básicos y los fundamentos mismos del gobierno, es muy baja.  En consecuencia, cualquier estrategia exitosa de lucha contra la corrupción debe contemplar como requisito sine qua non, procesos óptimos de concientización ciudadana de base amplia y largo plazo.

El objetivo de la lucha contra la corrupción no es pretender la eliminación de todas las formas de corrupción de una sola vez,- sería iluso,-  sino limitar sus alcances y reducir el impacto de sus consecuencias.  Esto se logra dando un salto cualitativo en el mejoramiento integral de eficacia,  la eficiencia, la equidad, la transparencia  y la legitimidad del Estado.  Lo anterior, sólo puede alcanzarse introduciendo cambios fundamentales en la  gestión administrativa y económica del Estado. 

Se debe  reducir  al máximo las condiciones  básicas en que  los incentivos de pago y recepción de sobornos se  producen, y no amarrar los sistemas con procedimientos engorrosos de control post facto

  • Ligar integralmente el establecimiento y la implementación de políticas públicas con sistemas de evaluación de resultados;

  • reestructurar la administración pública mediante: la introducción de procedimientos adecuados, simples y transparentes de gestión;  la eliminación de procesos   engorrosos(7);  y la adopción de acciones y medidas de orden disciplinario con canales eficientes para  la presentación de denuncias;

  • reducir en la medida de lo posible el poder discrecional de los funcionarios públicos,  incluido aquel relacionado con el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público;

  • aumentar la sensibilización pública ante las causas y  consecuencias de la delincuencia nacional y transnacional organizada y la corrupción;

  • divulgar información sobre corrupción que fomente en la comunidad en general la censura social y la denuncia de actos corruptos; 

  • ofrecer incentivos a quienes denuncien casos de corrupción(8);

  • fortalecer la institucionalización de la participación ciudadana en la prevención y  el combate de la corrupción(9)

  • estimular  y vigorizar la labor de  investigación y  denuncia de la prensa,  relacionada con actos de corrupción;

  • introducir las reformas legales que resulte necesario,  a fin de fortalecer la capacidad de los Poderes Judiciales para aplicar de la ley y para  resolver disputas y controversias de una manera expedita e innovadora;

  • obligar legalmente, tanto a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República, como  al Ministerio Público,  a coordinar funciones en la investigación,  seguimiento, y eventual procesamiento de los actos corruptos que sean denunciados a través de los medios de comunicación colectiva.

  • Aumentar la eficacia y eficiencia del Ministerio Público.  Se sugiere a su vez, como mecanismo para ese fin  la conceptualización de un Ministerio Público integrado por funcionarios inter y  transdisciplinario, especializados en la investigación y persecución penal de todos los delitos de “nueva criminalidad”, tales como los “delitos de computadora”; los relacionados con la violación de la propiedad intelectual, con materia fiscal y financiera de carácter nacional y transnacional; el blanqueo de dinero, etc.

  • incorporar en el ordenamiento jurídico medidas como la inhabilitación en el ejercicio del cargo y otro tipo de sanciones y medidas administrativas para quienes incurran en actos corruptos;

  • establecer medios para contrarrestar la intimidación a quienes denuncien actos corruptos.

  • Instaurar sanciones económicas contra las empresas implicadas en casos de corrupción;

  • Fortalecer el funcionamiento, las competencias y la independencia  de  las contralorías y auditorías públicas

  • limitar el secreto de la información financiera,

Es necesario y urgente,  fortalecer los valores  y el funcionamiento del régimen de democrático de Derecho, la respuesta del Sistema de Administración de Justicia y el control de la impunidad (social y legal) bajo el lema de “cero tolerancia” .  El ataque a la corrupción debe ser de carácter específico, focalizado por tipo de actividad,  con  metas claras, precisas  y alcanzables,- no pretenciosas,-  y ojalá medibles en su impacto.  

El establecimiento de acciones concertadas entre el Gobierno y la Sociedad Civil para la prevención de la corrupción se torna a su vez un imperativo.  No se puede pretender prevenir y combatir eficazmente la corrupción sistémica, si no se producen a su vez,  cambios de valores y  actitudinales importantes,  se le permite a las víctimas monitorear y controlar las acciones de los funcionarios públicos que ellos eligen,  y se reestablece la sanción social para las conductas que lo así ameriten.

Se ha sugerido que el compromiso político con la transparencia(10) en el ejercicio de la función pública para estos efectos es esencial.  Pero, lo cierto es que la transparencia es difícil de alcanzar.  Normalmente enfrenta la férrea oposición de aquellas instituciones públicas y personas físicas y jurídicas que van a ser sometidas al escrutinio.  Recuérdese que implica proveer información relevante a través de la cual sus actuaciones y omisiones van a ser evaluadas. En consecuencia, en algunos casos tratarán de  proteger la adopción de políticas cuestionables, su propia incompetencia, el incumplimiento de estándares o su  accionar negligente.  En otros, protegerán las oportunidades de obtención de beneficios secretos e ilegítimos.

Si se pretende que la transparencia juegue un papel decisivo como mecanismo para prevenir y combatir la corrupción,  no sólo se requiere del compromiso, sino además,  del ejercicio del poder político. Debe aplicarse medidas coercitivas  que induzcan la revelación de informaciones y que permitan la reestructuración de los “incentivos”.  Lo anterior sin olvidar que, una de las consecuencias que se pueden producir a raíz de la obtención de este tipo de información de prácticas confidenciales, es un simple traslado del poder y del ejercicio de la acción, de aquellos que anteriormente lo ejecutaban, a los que ahora tienen la información de cómo realizarlo(11).

Resultará indispensable en consecuencia,   crear y cultivar así mismo,  una Cultura de Transparencia que permita balancear la relacionada con los incentivos que propician la continuidad de la opacidad , la confusión y la vaguedad. 

Por último, resulta indispensable que la legislación de los países desarrollados estipule medidas más rigurosas para regular la conducta de las sociedades en el extranjero,  a fin de privar de esta manera a dichas empresas, de la posibilidad de utilizar recursos ocultos para corromper funcionarios de la administración pública de países extranjeros.


  

 

Lista de referencias

  1. Arland, Rodolfo;  “Corrupción versus Competitividad” Revista Probidad No. 4 – Septiembre-Octubre/1999
  2. American Chamber, “Corruption Among the Palms”, Business, Costa Rica, March 2000, 
  3. Banco Mundial, Informe Sobre el Desarrollo Mundial, 1997, El Estado en un Mundo en Transformación”, Banco Mundial, Washington D.C.
  4. Banco Mundial, Informe Sobre el Desarrollo Mundial, 2000/2001, “Lucha Contra la Pobreza”  Banco Mundial, Washington, D.C.
  5. Basle Committee on Banking Supervision.  1988. “Enhancing Bank Transparency: Public disclosure and Supervisory Informatin That Promote Safety and Soundness in Banking Systems”,  Basle Committee on Banking Supervision
  6. Buscaglia, Edgardo;  “Judicial Corruption in Developing Countries:  Its causes and Economic consequences”,  Hoover Institution web page, Essays in Public Policy
  7. Cretin, Thierry;  “Observaciones sobre la Corrupción y el Régimen Penal de los Delitos Genéricamente llamados Corrupción en la Ley Francesa”,  Conferencia dictada en  el Seminario sobre “Ética en la Función Pública” celebrado en San José, Costa Rica, Enero de 1996
  8. Declaration of G7 Finance Ministres and Central Bank Governors, 1988, Paris, France
  9. G7 Leaders’ Statement on the World Economy; 1988, London, U.K. 
  10. Gray, Cheryl W., and Kaufmann, Daniel;  “Corruption and Development”,  Finance & Development/ March 1998
  11. Financial Action Task Force on  Money Laundering, 1988. “Annual Report 1997-1998”, Paris: Financial Action Task Force on Money Laundering.
  12. Florini, Ann M.;  “Does the Invisible Hand Need a Transparent Glove?, The Politics of Transparency”, paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, D.C., April 28-30, 1999
  13. Kaufmann, Daniel and Wei, Shang-Jin; “Does ‘Grease Money’ speed up the Wheels of Commerce?”,  World Bank Institute, World Bank web page on  Selected Research & Analysis
  14. Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart, and Zoido-Lobatón Pablo;  “Governance Matters:  from Measurement to Action”,   Finance & Development, June 2000, volume 37, number 2
  15. Mauro, Paolo, 1997.  “The effects of Corruption on Growth, Investments, and Government Expenditure: A Cross Country Analysis”  en Corruption and the Global Economy, Editor Kimberly A. Elliot, Washington, D.C., pags. 83 y sig.
  16. Novartis Foundation for Sustainable Development, “Multinational Corporations, Governance Deficits and Corruption:  Discussing a Complex Issue from the Perspective of Business Ethics”,  
  17. Rose-Ackerman, Susan, “Corruption and Gogernment: Causes, Consequences, and Reform”, Cambridge University Press, 1999
  18. Rojas, Cristina;  “Los Esfuerzos de las Naciones Unidas en la Lucha contra la Corrupción”, Conferencia preparada en ocasión de la celebración del Seminario Regional Ministerial de Seguimiento de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada celebrado en Buenos Aires,  Argentina,  Noviembre,   1995
  19. Rojas, Cristina;  “Corrupción,  Globalización, Competitividad y Desarrollo Sostenible”, Ponencia presentada en la Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencia Económicas, 2000
  20. Rojas Cristina y Villasuso,  Juan Manuel; “Corrupción en Costa Rica, Causas, Consecuencias y Acciones para Combatirla”,   Centro de Estudios Democráticos para América Latina, CEDAL, 2001
  21. Schloss, Miguel, “Combating Corruption for Development”, presentado en la Segunda Conferencia de Responsabilidad Social Empresarial en las Américas, Sao Paulo, Brazil, Junio, 1999
  22. Shepherd, Geoffrey;  “The Fight Against Corruptio in Latin America and the Caribbean: A World Bank View”, World Bank web page on  Selected Research & Analysis
  23. Sullivan, John D., “Combating Corruption: A Policy Tool Kit”,  Center for International Private Enterprise
  24. Tanzi, Vito;  1996.  “Money Laundering and the International Finanacial System. IMF Working Paper 96/55”,  Washington, D.C., International Monetary Fund 
  25. Thompson, Dennis F.;  “Political Ethics and Public Office “, Harvard University Press, 1987
  26. United Nations, “Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, Vienna, Austria, April 2000
  27. Urcuyo Fournier, Constantino,  “Una Crisis Multidimensional:  los problemas del Sistema Político Costarricense”,  ponencia presentada en la Conferencia “La Democracia de Costa Rica ante el nuevo siglo:  Tendencias, problemas y perspectivas”  Universidad de Costa Rica, mayo 2000
  28. Vega Carballo, José Luis;“Democracia y Reforma del Estado en Costa Rica:  Necesidad y Opciones de Cambio”,  2000
  29. Working Group. 1998.  “Report of the Working Group on Transparency and Accountability”, Washington, D.C., International Monetary Fund
  30. World Bank, 1997.  “Helping Countries Combat Corruption:  The Role of the World Bank”,  The World Bank Group web page

 

 

(1) Cristina Rojas Rodríguez.  Abogada Penalista, con amplia experiencia judicial. Experta en el Fortalecimiento de Sistemas de Administración de Justicia.  Se desempeñó como  Senior Officer  de la División de  Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, con sede en  Viena Austria,  encargada de las actividades operacionales de la División con énfasis en el  combate y la prevención del  crimen transnacional organizado y la corrupción.  Ex Embajadora de Costa Rica en Japón.   Miembra de la Junta Directiva del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL y Presidenta del Centro de Mediación de Conflictos Enseñanza e Investigación, CEMEDCO.  

(2) Entendemos por corrupción, el aprovechamiento por parte de funcionarios gubernamentales de la posición que ocupan dentro de la administración pública, para evadir un costo o para obtener un provecho personal indebido,  para sí o para un tercero. 

(3) Consideramos que las reformas al Código de Procedimientos Penales introducidas en 1996 debilitaron en algunos aspectos esenciales la función acusatoria del Ministerio Público y en otros, le otorgaron un excesivo poder discrecional, para el que no estaba preparado.  Ni el Poder Judicial, ni las Facultades de Derecho de las diversas  universidades costarricenses,  crearon como paso previo a la puesta en práctica de la nueva legislación procesal penal,  una Cultura Jurídica relacionada con el significado y las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de  la aplicación de criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal.  Lo anterior ha tenido como consecuencia por una parte,  abusos múltiples de parte del Ministerio Público y por otra, un aumento considerable en los índices nacionales de desconfianza hacia la labor de la Corte Suprema de Justicia, acompañado de un incremento sustancial en la percepción de impunidad imperante.

(4) Ver al efecto la fuga los hermanos López y de Martínez, imputados  en dos resonados procesos judiciales que conmovieron la sociedad costarricense recientemente.  Uno relacionado con la escandalosa quiebra del Banco Anglo Costarricense,- y  otro con los peculados del Fondo de Asignaciones Familiares, FODESAF. 

(5) Tal es el caso de tierras ubicadas en zonas propensas a deslizamientos, inundaciones, ubicadas sobre fallas geológicas, pantanosas, etc.

(6) “Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Contexto del Desarrollo”,  Revista Internacional de Política Criminal, oficina de las Naciones Unidas en Viena,  Números 41 y 42,  1993, Pág. 12

(7) Cabe anotar en este punto que, resulta indispensable  y urgente reformar la administración de las  aduanas, lo mismo que los sistemas de recolección de impuestos y tasas.

(8) Este método ha probado ser muy efectivo sobre todo en los casos relacionados con corrupción en los servicios aduaneros y tributarios.

(9) Lo anterior puede hacerse a través de mecanismos como las contralorías o veedurías ciudadanas.

(10) Transparencia es el proceso mediante el que la información acerca de las condiciones existentes, decisiones y acciones, se hace accesible, visible y comprensible.  Esta definición fue adoptada por el Working Group on Transparency and Accountability, del Grupo de los 22 en 1998,  Washington D. C., International Monetary Fund.

(11) Florini, Ann M.;  “Does the Invisible Hand Need a Transparent Glove? The Politics of Transparency”; paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, D.C., April 28-30, 1999

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Diciembre 31 , 2001

 

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