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Manejo errático de la lucha contra la corrupción: Administración Pacheco de la Espriella, Costa Rica

Cristina Rojas (1)


I. Introducción

Nos asustamos, y nos alarmamos año con año, tanto por el aumento en los índices de pobreza, como por el ensanchamiento de la brecha entre clases sociales... ¿Cómo no van a aumentar los índices de pobreza, si miles de millones de colones que el Estado costarricense destina a programas de desarrollo,  son saqueados inmisericordemente?  ¿Cómo no va a aumentar la brecha entre las clases sociales,  si quienes engordan sus arcas a costa  del erario público mediante privilegios odiosos, tráfico de influencias y compadrazgos que rozan  la inmoralidad y la ilegalidad,  viven en la más absoluta impunidad social y jurisdiccional?

Los temas no son nuevos, son recurrentes.  Escándalos de tres días que en las flacas memorias de los costarricenses van dejando simplemente un pequeño escozor de malestar, mientras los graves problemas sociales del país se agravan día con día.  Pero, a pesar de ello, aún no vemos acciones claras y decididas para enfrentar con conciencia nacional, la problemática. 

II. Conflicto entre las creencias: los valores declarados y las acciones adoptadas

Entendemos  por corrupción,  el  abuso de la función pública en beneficio privado, sea éste para obtener un beneficio ilegítimo o para evadir un costo legal.  De conformidad con el concepto expuesto,  son múltiples los casos de corrupción que han sido denunciados por los medios de comunicación colectiva en el transcurso de los primeros seis meses de Gobierno del Dr. Pacheco de la Espriella. Algunos de ellos,  consecuencia de acciones desplegadas en la administración pública anterior, otros de actos ejecutados en la presente.(2

La falta de controles en el ejercicio de la función pública, prebendas y privilegios indebidos (3)-(4),  compadrazgos políticos, nepotismo y tráfico de influencias (5) han sido reportados en múltiples oportunidades por la prensa nacional en el transcurso de los seis primeros meses de gobierno de la Administración Pacheco de la Espriella.

Sin embargo, el Señor Presidente ha tenido que enfrentar recientemente una dura realidad: las salidas fáciles no son salidas... Al producirse en el ámbito nacional, los dos primeros escándalos relacionados con actos que la opinión pública tildó de corruptos,  don Abel adoptó medidas populistas.  Arrojó a los leones  a los jerarcas de las  dos primeras instituciones autónomas que los medios de prensa denunciaron, al mejor estilo de los circos romanos, dejando que su sangre corriera ante el pueblo  que lo vitoreaba por su “valiente” acción. 

Lo anterior,- en un inicio,-  tuvo los efectos esperados por el señor Presidente de la República. A los ojos del pueblo, don Abel respondió con fuerza, con autoridad,  personificando a un “buen padre de familia”, con  cumpliendo la palabra empeñada en la campaña electoral.  Enfrentó las consecuencias de su quehacer,  “pasara lo que pasara...”  Inclusive, si  ello implicaba,  cortar unas cuantas cabezas en su Equipo de Gobierno.  Encarnó de esta forma, la figura del Presidente que todos deseaban.

Los efectos en la popularidad del Presidente no se dejaron esperar.  De inmediato,  subió vertiginosamente a un 85% de opiniones favorables según las encuestas,  más que la de ningún otro Presidente de la República en sus primeros meses de gobierno.  

El apoyo ciudadano a las medidas adoptadas por don Abel era fácilmente previsible. No se necesitaba ser un experto para llegar a esta conclusión. Sin embargo, el Presidente, al ejecutar su mandato,  violó no sólo las más elementales normas de cortesía, sino también, a un tiempo, las normas constitucionales que garantizan el Principio de Inocencia, el Derecho de Defensa y el del Debido Proceso.

Sin llamarla para escuchar su versión de los hechos; sin darle ocasión de defenderse; sin averiguar con un poco de detalle los hechos denunciados para tratar determinar el grado de responsabilidad y participación de doña Roxana Víquez, y sin siquiera comunicarle personal y directamente su decisión de prescindir de sus servicios, el Presidente Pacheco  destituyó  a través de los medios de comunicación colectiva,  a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social.

Al suscitarse  el escándalo en el INCOP,  el gobernante fue un poco más cauto.  Ya la  medida de la destitución no le fue aplicada de inmediato a su  Presidente Ejecutivo.  En esta ocasión, no fue sino hasta varios días después que aparecieron los primeros cargos en contra del “de Guillermo Ruiz, esta vez, después de habérsele permitido tratar de explicar estilo de administración” su actuar a la ciudadanía nacional, que fue cesado en sus funciones.

Sin embargo al jalar la hebra de lana, en vez de recoger un pequeño  ovillo, al Presidente lo que se le vino encima fue una inmensa bola, que entre más se jala, más continúa creciendo.  La corrupción no estaba concentrada en una o dos instituciones, sino que como los abejones de mayo, pululaba por todo el sector público.  Se mencionaban ahora, hasta los nombres de algunos de sus más cercanos Ministros de Gobierno.

¿Y qué? ¿Iba a seguir don Abel destituyendo a diestra y siniestra del ejercicio de sus cargos a todos aquellos  que fueran denunciados por la comisión de supuestos actos corruptos,  sólo para ser congruente consigo mismo?  La respuesta es obvia.  Ahora no sólo no  cesó en sus cargos a los denunciados, sino que, más bien,  lo hizo con el “perro sabueso”  al que inicialmente había pedido que investigara y persiguiera a los culpables  Así es como el hasta entonces Ministro de Justicia y Gracia, Lic. José Miguel Villalobos, se convierte en el primer mártir  de esta Administración en la “cruzada” contra la corrupción. 

Se torna entonces golpeante la distinción entre los  “valores declarados”, que el Presidente de la  República proclama en público,  y  sus  “valores acción”, que son los que verdaderamente  guían su conducta.  Aquellos sobre los que apenas repara, los que rara vez se llevan a la superficie para cuestionarlos, pero que le  crean disonancias.

Don Abel escoge diversos matices  de la realidad, para presentarlas “oficialmente” al mundo exterior y a la posteridad como la Verdad.   En su elaboración ha integrado en el seño del Poder Ejecutivo, sendas  “comisiones de investigación” para investigar,- valga la redundancia,-  hechos identificados por la opinión pública como corruptos  o irregulares.  Estas comisiones, deberán rendir informes  “imparciales” sobre los hechos acontecidos, con sus respectivas justificaciones y conclusiones. 

Entre las comisiones integradas por el Señor Presidente,  podemos citar las siguientes:

  • Comisión para estudiar los “decretos de media noche” y el pago de prestaciones de altos jerarcas de la Administración Rodríguez Echeverría.

  • Comisión o Junta de Notables para investigar  las irregularidades en el Instituto Nacional de Seguros, INS.

  • Comisión de Transparencia Institucional  en el Instituto Nacional de Seguros para revisar las actuaciones indebidas o erróneas en materia de seguros, utilización de los recursos públicos y los programas, reglamentos y procedimientos internos

  • Comisión para investigar las compras irregulares de terrenos del Instituto de Desarrollo Agrario

  • Comisión para analizar el programa lotes con servicios ejecutado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS

  • Comisión para investigar el Sistema Nacional de Aduanas y recomendar las acciones para corregir su rumbo

  • Comisión para indagar las razones que incidieron en la determinación de declarar desierta la licitación 7076-T para la compra de accesos DSL (que conectan las líneas telefónicas con la red de fibra óptica) en el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE

  • Comisión para analizar la Licitación Pública Internacional para construir un Centro Penitenciario en Pococí, Limón y su respectiva adjudicación

  • Comisión para analizar si el  Ministro de Justicia y Gracia, Lic. José Miguel Villalobos fue desleal  con el equipo de Gobierno, en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el lunes 28 de Octubre del 2002. 

¿Y, será esta “comisionitis” en verdad la solución para los actos irregulares que se están presentando en este momento en toda la Administración Pública? ¿No será más bien el placebo que se receta a los enfermos para entretenerlos y que piensen que algo se está haciendo, cuando en realidad no se está haciendo nada  por  atacar a fondo  la causa de los males?

¿Y qué va a pasar con los informes de tanta comisión?  Después de gastar recursos en audiencias, inspecciones, visitas, etc. etc., ¿deberán reelaborarse los dictámenes iniciales como se hizo con las conclusiones de la Comisión que investigó los Programas de lotes con servicios del IMAS, para no herir las susceptibilidades de algunos funcionarios de gobierno allegados al Presidente? ¿Se irá a permitir disidencias en los criterios que sostengan quienes integran las comisiones? O, ¿deberán quienes discrepen, ser acallados por las buenas o por las malas, como pasó en el caso del informe que rindió la Comisión sobre la construcción y financiamiento de la Cárcel de Pococí, que el integrante disidente,- en este caso,- el Ministro de Justicia, pagó con su destitución?

Nos embarga una duda adicional como consecuencia de nuestros cuestionamientos anteriormente expuestos: ¿Deberán los dictámenes de las comisiones presentar las “verdades” a medias,  tal y como el Gobierno necesita  oírlas, consignando en los informes  únicamente lo que políticamente se espera de ellos? 

¿Se van a acatar las recomendaciones de las comisiones? ¿O irán a engrosar las ya sobrecargadas gavetas de los archivos ministeriales o los múltiples cestos de papel de deshecho en las oficinas de algún funcionario público? (6)

Bien recordamos aún, a un gran político costarricense que,  cuando ejerció la Presidencia de la República,  en múltiples ocasiones comentó que la mejor forma de parar un escándalo era crear una comisión.  “Las comisiones sirven para tapar cualquier cosa...”, decía. ¿Será ésta la estrategia que está tratando el Presidente Pacheco de poner en práctica  con la creación de tanta comisión en tan poco tiempo?  Porque,  tenemos todavía frescas en la memoria las palabras de don Abel, cuando alguna vez comentó que él no creía en las comisiones... ¿O será que ahora cambio de opinión?

III. El mayor potencial para el cambio se encuentra en las actitudes y creencias de la gente

Aún si aceptamos  la “verdad declarada” por el Presidente Pacheco de la Espriella,  y creemos  que en su fuero interno hay compromiso para prevenir y combatir la corrupción,   lo cierto del caso es,-  tenemos que reconocer,- que la fuerza de la inercia y la golpeante realidad,  son más fuertes que la voluntad del Presidente de la República.  De ahí las incongruencias y disonancias.  De ahí lo errático de su accionar que,-  en un momento determinado,- lo hace declararle a la prensa: “yo no soy sapo”, cuando se le pide que revele información por él conocida, pero que en silencio cómplice se niega a divulgar.

Es claro que no podemos pretender que el Presidente siga “cortando cabezas” o sacando tarjetas multicolores, verdes, rojas y amarillas a diestra y siniestra.  Esa no es la solución.  Tampoco la encontramos promulgando más y mejores leyes; su inaplicación,  aumenta tanto en el ámbito nacional como internacional, la desconfianza en las  instituciones costarricenses, la inseguridad jurídica,  la falta de credibilidad en  los políticos y jerarcas y la apatía y  frustración  ciudadana.

Aun cuando no se puede forzar el diálogo, se lo puede alimentar. Esencial, es el rol de los medios de comunicación colectiva.  Éstos pueden coadyuvar en el desarrollo de una visión compartida en torno a la problemática que se enfrenta, fomentando procesos de diálogo colectivo que propicien la reflexión nacional y promuevan la conciliación de puntos de vista divergentes  relacionados con el impacto socio-económico de la corrupción, su prevención y combate.

Necesitamos una nueva conciencia, una nueva sensibilidad. Debemos cobrar conciencia que la corrupción en Costa Rica dejó hace ya mucho de tiempo de ser un fenómeno esporádico, aislado, para convertirse en uno estructural, que permea  transversalmente todo el quehacer de la sociedad costarricense.  Debemos tomar conciencia que corresponde hacer algo al respecto, que no podemos seguir quedándonos como impávidos espectadores, mientras todo el país se desmorona a nuestro alrededor; mientras el riesgo de una  confrontación social de impredecibles consecuencias entre hermanos, crece alimentada por la injusticia social.

Se torna imprescindible en consecuencia,  introducir cambios positivos en la situación descrita.  La doble moral con que se manejan estos temas debe ser desenmascarada, debe ser expuesta con toda su crudeza.  Se debe evidenciar las lealtades mal entendidas que superponen los intereses de la “solidaridad partidaria”, los intereses personalistas y de protección al compadrazgo y al tráfico de influencias, sobre los legítimos intereses de la Patria.  Sólo así,  tomaremos conciencia del gran drama social que estamos viviendo. Quizás entonces, decidamos asumir la responsabilidad personal que todos y cada uno de nosotros tenemos en la construcción de esa sociedad más justa, equitativa y armónica  en la que todos aspiramos  vivir en el Siglo XXI.

1  CRISTINA ROJAS RODRÍGUEZ. Abogada Penalista. Consultora internacional experta en el Fortalecimiento de Sistemas de Administración de Justicia.  Se desempeñó como  Senior Crime Prevention and Criminal Justice Officer  de la División de  Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, con sede en  Viena Austria,  encargada de las actividades operacionales de la División, con énfasis en el  combate y la prevención del  crimen transnacional organizado y la corrupción.  Ex Embajadora de Costa Rica en Japón.   Miembra de  la Junta Directiva del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL, Asesora Parlamentaria y Presidenta del Centro de Mediación de Conflictos Enseñanza e Investigación, CEMEDCO.  Email:  sibuju@racsa.co.cr

2  Cabe agregar que no todas las conductas inmorales,  concebidas popularmente como corruptas, se encuentran tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico como  tipos penales.  Lo mismo ocurre con todas aquellas que a pesar infringir las prohibiciones de la Ley General de Administración Pública,  no son perseguibles en la vía jurisdiccional puesto que no están debidamente tipificadas.

3 “Por supuestos viajes irregulares Fiscalía ve posible  peculado en el INS.  Entidad no dará declaraciones” La Nación, lunes 24 de junio del 2002;  “¿Qué pasa en el INS?  La renuncia de Mónica Nagel suscita diversas dudas”, Editorial del periódico La Nación del jueves 20 de junio del 2002; “Dudas sobre salida de Nagel.  Diputados pendientes del INS”, Al día jueves 20 de junio del 2002; “ANEP Y PLN tras investigaciones Piden cuentas por viajes e  INS”, La Nación, jueves 20 de junio del 2002; “Fiscalía Investiga viajes desde el 2001.  Gobierno cauto ante caso INS.  Contraloría valora indagar reaseguros”,  La Nación viernes 21 de junio del 2002; “Diputados lanzaron lluvia de preguntas: Zawadzki con larga tarea” Al día, Viernes 5 de julio del 2002;  “Crisis en el INS, C. 1.243 millones en viajes.  610 salidas al exterior en 4 años.”  Al día, Informe Especial, Lunes 5 de agosto del 2002; 

3 Declaraciones dadas por el Lic. José Manuel Echandi al periódico La Nación el miércoles 2 de Octubre del 2002, en referencia a cláusulas abusivas de la convención colectiva de JAPDEVA

4  “Negociación de Beneficios Laborales.  Cuestionan al INS” Al Día, sábado 18 de mayo del 2002;  “Discrepan sobre Convención: Roce en el INS por beneficios, Convenio implica 1.73% del presupuesto”, La Nación, Lunes 17 de Junio del 2002;  “¿Por qué renunció?  La Nación, miércoles 19 de junio del 2002.  En la página 15 de La Nación el periodista Mauricio Martínez  destaca que:  “ de acuerdo con el Frente Interno de trabajadores del INS, los nuevos beneficios se gastaron a cambio del “silencio” del sindicato UPINS por aparentes cuestionamientos sobre la labor de la pasada administración que lideró Cristóbal Zawadzki,  “PLN y PAC denuncian irregularidades.  Piden Intervenir el INS” Al día, viernes 28 de junio del 2002; “Zawadzki sin Respuestas,  Piden explicar gastos en el INS”,  La Nación Martes 16 de julio del 2002; “Subieron Gastos en Publicidad y Recepciones:  El Estilo Zawadzki”, Al Día, lunes 5 de agosto del 2002, “Comisión de Notables para el INS”, Editorial el Periódico La República del Viernes 28 de junio del 2002

5  Al  Día jueves 26 de septiembre del 2002: “JAPDEVA les paga extras sin que trabajen, reconocen Presidente Ejecutivo y Auditor. C.25 millones a sindicalistas”;  La Nación el miércoles 2 de Octubre del 2002:  “Piden anular privilegio en JAPDEVA”;  Al Día, Viernes 4 de Octubre del 2002:  “Pide erradicarlos de JAPDEVA, Pacheco: no a privilegios”

“INS giró C.32.6 millones, Dudosos pagos por Accidente. Reportan atropello de caballo, pero era una persona” La Nación, Sábado 29 de junio del 2002.  Este pago favoreció al yerno del entonces presidente ejecutivo del INS Cristóbal Zawadzki. 

6 Recordemos al efecto el triste final de seis informes de Comisiones Legislativas de Investigación de la anterior legislatura.  Ninguno de los informes fue analizado por el plenario legislativo Ninguno fue acogido o rechazado.  A pesar que el inicio de las investigaciones generó una gran expectativa en la sociedad costarricense, los partícipes en los hechos acaecidos,  permanecieron en la más absoluta impunidad política:     a) Compensación Social, sobre el manejo de los fondos del Programa Nacional de Compensación Social  durante la Administración Figueres Olsen; b) Caso Hank, sobre los vínculos, actividades comerciales y relaciones políticas del empresario mexicano Carlos Hank González, sus hijos y su grupo empresarial; c) Subfacturación Agrícola, investigó los deficientes controles administrativos y la impunidad imperante en los casos de importación de productos agrícolas con declaración de precios inferiores en aduanas;  d) Depósito Libre de Golfito, identificó prácticas ilegales que podrían estar ocurriendo  en a operación del depósito; e)  Incentivos Turísticos, indagó sobre los supuestos abusos que se cometieron al aplicar la Ley de Incentivos Turísticos durante las tres últimas administraciones; f) Servicios de la CCSS, analizó la calidad de los servicios, la compra a entidades privadas y el uso de los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

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Diciembre 09, 2002

 

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