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Tendencias del terrorismo mundial 2000:
Panorama de América Latina
 

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Comunicado de Prensa

 

América Latina experimentó un aumento de los ataques terroristas en relación con el año anterior, de 121 a 193. En Colombia, grupos guerrilleros izquierdistas capturaron rehenes y atacaron la infraestructura civil, mientras que los grupos paramilitares derechistas secuestraron a representantes congresionales, asesinaron a candidatos políticos y masacraron civiles en un intento de obstaculizar las guerrillas. En Ecuador, elementos criminales organizados, posiblemente vinculados a los terroristas, secuestraron a 10 trabajadores petroleros y también se hicieron responsables de explosiones en oleoductos que mataron a siete civiles. Grupos religiosos extremistas siguieron causando preocupaciones terroristas en la zona de las tres fronteras argentina, brasileña y paraguaya. Los incidentes terroristas mantuvieron una tendencia descendente en Perú, no obstante una situación política en deterioro y la abrupta renuncia del presidente de línea dura Alberto Fujimori.

Colombia

A pesar de las conversaciones de paz que se siguen realizando, los dos principales grupos guerrilleros de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), siguieron cometiendo actos terroristas internacionales, inclusive el secuestro de ciudadanos particulares estadounidenses y extranjeros, y extorsionando dinero de empresas e individuos en la zona rural colombiana.

Un acontecimiento significativo ocurrido durante el año involucró una serie de ataques de las FARC contra los intereses de la firma carbonera estadounidense Drummond, Inc., en Colombia, la cual se negó públicamente a pagarle al grupo millones de dólares anuales en extorsión de acuerdo con los términos de la Ley 002 de las FARC, que es un impuesto que se aplica a entidades valoradas en más de un millón de dólares. Como resultado de las acciones de las FARC, Drummond no presentó ofertas para la compra de una compañía carbonera de propiedad del gobierno, lo que potencialmente le costó a Bogotá decenas de millones de dólares en ingresos provenientes de la privatización. El segundo oleducto en importancia de Colombia, el de Caño Limón, fue atacado 152 veces en 2000 -- una cifra récord --, ataques que, en su mayoría, el ejército atribuye al ELN. Los ataques obligaron a Occidental Petroleum a detener las exportaciones en agosto y septiembre.

En octubre, la policía colombiana rescató un ciudadano norteamericano de cinco años de edad que había sido retenido durante seis meses por individuos relacionados con las FARC.

Las FARC y el ELN continuaron en contacto con grupos gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo, y especialmente de Europa y América Latina, a través de representantes internacionales y su asistencia a conferencias y reuniones regionales, tales como el Foro de Sao Paulo. Las FARC siguieron también tomando como blancos a las fuerzas de seguridad y otros símbolos de la autoridad gubernamental, para demostrar su poderío y fortalecer su posición negociadora. En diciembre, el presidente Pastrana prorrogó hasta el 31 de enero de 2001 la zona desmilitarizada de las FARC y prometió colocar controles gubernamentales en la zona. Las FARC -- que dijeron que no regresarían a la mesa de negociaciones hasta que Bogotá controlara a los paramilitares derechistas -- en noviembre congeló unilateralmente las conversaciones de paz.

Entre tanto, los grupos paramilitares derechistas continuaron en aumento y ampliaron su alcance en el 2000, más notablemente en las principales zonas de cultivo de coca del sur de Colombia. Los grupos, además de masacrar civiles en sus intentos de erosionar las zonas de influencia de las FARC y el ELN, en diciembre secuestraron también a siete representantes al Congreso nacional para exigir negociaciones con el gobierno.

Ecuador

El 12 de octubre, elementos criminales organizados, posiblemente vinculados a terroristas y grupos terroristas, secuestraron a 10 empleados de una compañía de aviación y trabajadores petroleros (cinco ciudadanos estadounidenses, dos franceses, un chileno, un argentino y un neocelandés) en el cantón norteño de Sucumbios. En diciembre, los secuestradores se proclamaron también responsables de múltiples ataques dinamiteros al Oleoducto Transecuatoriano; en uno de los atentados murieron siete ecuatorianos que se encontraban en el lugar. A fines de año, los terroristas exigían 80 millones de dólares como rescate de ocho rehenes (dos escaparon) y la situación seguía sin resolverse. La identidad exacta de los terroristas continuaba siendo incierta. (El grupo ejecutó a uno de los rehenes, un ciudadano estadounidense, en enero de 2001. Luego de prolongadas negociaciones con representantes de las compañías petroleras que empleaban a los rehenes, el resto de los cautivos fue liberado el 1 de marzo de 2001. Estados Unidos ha prometido llevar a los responsables ante la justicia).

Perú

No hubo actos de terrorismo internacional en Perú en 2000, pero el sistema judicial peruano siguió enjuiciando vigorosamente a individuos acusados de cometer actos de terrorismo nacional. De las 314 personas que arrestaron las autoridades peruanas por estar involucradas en actos significativos de terrorismo, 30 fueron sentenciadas a cadena perpetua y 25 a entre 20 y 30 años. Lima solicitó a Bolivia la extradición de Justino Soto Vargas, sospechoso de terrorismo. La Paz accedió al pedido, pero a fines de año seguía sin variantes la condición de asilado de Soto Vargas, lo que impedía su extradición.

En abril, las autoridades capturaron al comandante José Arcela Chiroque (alias Ormeño), del Sendero Luminoso (SL), y a fines de noviembre de 2000 continuaban los esfuerzos en gran escala para capturar a los líderes del SL Macario Ala (alias Artemio), y "Camarada Alipio". Las operaciones gubernamentales tomaron como blanco la actividad terrorista en el valle del Alto Huallaga y el valle del Apurímac/Ene, donde las columnas del SL seguían llevando a cabo ataques periódicos.

El gobierno peruano continuó oponiéndose vigorosamente a apoyar a los terroristas, pero prosiguieron las investigaciones en torno a alegaciones de que un pequeño grupo de oficiales militares peruanos vendió una cantidad substancial de armas ligeras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lima siguió acogiendo el adiestramiento antiterrorista patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y cooperó a plenitud para impedir ataques terroristas al proveer información valiosa, inclusive acceso a los archivos, antecedentes y bancos de datos de aplicación de la ley, concernientes a los grupos terroristas nacionales.

Región trifronteriza (Argentina, Brasil y Paraguay)

En 2000, la región trifronteriza de América del Sur -- donde se encuentran las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay -- siguió siendo un punto focal del extremismo islámico en América Latina, pero en ninguno de los tres de países ocurrió ningún acto de terrorismo internacional. Los gobiernos de Argentina, Brasil, y Paraguay continuaron esfuerzos para reprimir las actividades delictivas de individuos que tienen nexos con grupos terroristas islámicos internacionales, sin embargo, los recursos limitados, las fronteras porosas y la corrupción siguieron siendo obstáculos.

Las autoridades paraguayas arrestaron en febrero a Ali Khalil Mehri, empresario libanés que tenía vínculos financieros con Hizballah, por violación de las leyes de derechos de propiedad intelectual y por ayudar a una empresa delictiva involucrada en la distribución de discos CD que apoyaban los ideales extremistas de Hizballah. Huyó del país en junio después que procedimientos judiciales defectuosos permitieron su libertad. En noviembre, las autoridades paraguayas arrestaron a Salah Abdul Karim Yassine, un palestino que supuestamente amenazó con bombardear las embajadas de Estados Unidos e Israel en Asunción, y lo acusaron de posesión de documentos falsos y entrada ilegal al país. Yassine seguía en prisión a finales del año. La policía antinarcótica paraguaya arrestó también en octubre a un individuo que se creía que representaba a las FARC, por posible participación en una red que cambiaba armas de fuego por cocaína entre Paraguay y el grupo terrorista colombiano. No obstante estos éxitos, un sistema judicial ineficaz y la extensa corrupción, que facilita la actividad delictiva de apoyo a los grupos terroristas, obstaculizaron los esfuerzos contra el terrorismo en Paraguay.

Argentina continuó las investigaciones de los ataques dinamiteros a la embajada de Israel en 1992 y la Asociación de Mutualidades Israelitas en la Argentina (AMIA) en 1994, ambos en Buenos Aires. A principios de febrero, el magistrado del caso de la AMIA presentó sus conclusiones, las que incluyeron cargos de complicidad contra numerosos ex funcionarios de policía y civiles locales y la conclusión de que para ejecutar el ataque, se utilizó una bomba oculta en un automóvil, cargada con 300 kilogramos de explosivos. En mayo, agentes de INTERPOL arrestaron también a un empresario paraguayo sospechoso de vínculos con el ataque dinamitero a la AMIA. Los juicios quedaron fijados para principios de 2001.

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Noviembre 12 , 2001

 

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