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Libertad Comunicacional en Tierras de Gracia

Favor poner en "Asunto" el título y autor del artículo

Soledad Morillo Belloso

 

Comienzo estas líneas con una aclaración: es éste un artículo de opinión. Más adelante, el lector podrá entender por qué a esta escribidora de oficio le parece importante dejar muy claro este punto, y comprenderá también que en estas tierras de gracia donde vivimos, las aclaraciones nunca están de más.

El decálogo de la libertad de pensamiento y expresión

En el mundo actual, moderno y progresista, del cual cada vez más pareciera que algunos países no formamos parte, la libertad de pensamiento y expresión es un valor innegociable. Se considera de la siguiente manera:

En primer lugar, se la plantea como "absoluta", a diferencia de "la mayor posible". Se la tiene o no se la tiene. No es posible tenerla a medias.  A las sociedades con respecto a las libertades ciudadanas, como a las mujeres, no les es posible estar "medio-preñadas".   A la Señora Libertad de Pensamiento y Expresión se la define como "sin límites ni cortapisas".   Si los tuviera, no sería tal. A esta buena señora se la considera una conquista de la civilización, un logro de la humanidad. Que al fin y al cabo, la historia revela que fueron muchos siglos de mordazas, de yugos.   Pero pareciera que hay humanidades que lo son menos que otras.

En segundo lugar, se establece clara diferencia entre lo que es información, interpretación y opinión. Pero se está también claro con respecto a que las líneas divisorias son tan finas, que unas y otras pueden entremezclarse y formar una nueva categoría. La tendencia moderna entonces es referirse a la libertad de información y a la libertad de prensa, dándoles el calificativo de hijas predilectas de Doña Libertad de Pensamiento y Expresión.

En tercer lugar, a la Doña en cuestión se la considera "indispensable".   Sin ella, sin su ejercicio pleno, abierto e incondicionado, no existe verdadera democracia. Los atentados a la libertad de pensamiento y expresión constituyen dardos envenenados contra los valores democráticos.

En cuarto lugar, hace rato que el mundo desarrollado cayó en cuenta que los comunicadores no tienen que ser graduados en Comunicación Social ni ser profesionales del Periodismo, y menos que menos tener que estar colegiados.  La gremialización se considera voluntaria.  Él imponerla se considera una medida compulsiva, y se califica como involución y mediocridad.  McLuhan, acaso el comunicólogo más destacado del siglo XX, jamás estuvo colegiado.  Creó asociaciones profesionales y académicas, propició la instrumentación de espacios de discusión, motivó a los comunicadores del mundo a desarrollarse intelectualmente para producir y divulgar grandes ideas, pero nunca estuvo de acuerdo con establecer organismos controladores.   Fue McLuhan quien estableció que el mundo necesitaba que cada uno de sus habitantes entendiesen que la comunicación le es natural al ser humano, que la incomunicación es una perversidad generada por hombres con mentalidades inferiores.

En quinto lugar, en el mundo desarrollado, se ha llegado a la conclusión que las diferencias o disputas se dirimen en los tribunales.  Los comunicadores, sea cual fuere el medio de comunicación en el que se desempeñen o la profesión que tengan, y con independencia de su carácter de empleados o colaboradores a destajo o ad honorem, no pueden ser llevados ante tribunales militares (Chile, alabado sea Dios, acaba de legislar en la materia).   Los medios, vehículos al fin de la comunicación, no pueden ser responsabilizados de las opiniones que libremente expresen sus columnistas, y tampoco pueden censurarlos, pues se considera que al fin y al cabo siempre les queda el recurso, perfectamente válido, de no incluirlos en su "staff".

En sexto lugar, los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido;  los ciudadanos pueden hacer todo aquello que nos les esté taxativamente prohibido.  Esto está directamente vinculado a que los gobiernos son poderosos por diseño, y por tanto, deben ser limitados en
su acción, no así los ciudadanos.

En séptimo lugar, los Estados no pueden establecer censuras, ni abiertas ni veladas, ni pueden marcar condicionamientos, ni pueden intervenir en los contenidos de los mensajes.  Están pasadísimas de moda, por decir lo menos, las ideas que convierten a los Estados y Gobiernos en suertes de "Pater Noster". La  tendencia moderna gira en torno a entender que primero fue el Individuo, quien se unió con otros pares y armó "Sociedad".   Esta creó el Estado, el cual siempre está para servir y proteger a la sociedad, nunca para sojuzgarla.  Esos Estados que se sienten con deberes de padres protectores, terminan tomando decisiones que restringen los derechos ciudadanos.

En octavo lugar, no caben las discriminaciones por ninguna razón, ni por raza, religión, ideología política, edad, sexo, nacionalidad.  Ni los Estados pueden pre-establecer balances. 

En noveno lugar, se considera que los ciudadanos tienen derecho a que haya de todo en información y  opinión, y que ellos pueden tener acceso a tal diversidad.  Y los Estados tienen él deber de poner a  disposición pública todas aquellas informaciones relativas al ejercicio gubernamental y legislativo, en cualquiera de sus niveles.  Más aún, si bien se entiende que existe información cuyo secreto está vinculado a razones de necesidad, la tendencia mundial gira en torno a que no existe razón para que esa información sea confidencial "per secula seculorum", y debe establecerse una fecha de desclasificación.

En décimo lugar, los Estados no pueden hacer uso de su poder de convocatoria o de su disponibilidad de medios bajo su control para opacar a los medios no oficialistas.  Al único comunicador al que se le pone límites es a los gobiernos.

Esos diez puntos, casi mandamientos, están presentes tan sólo a medias en los países de este continente nuestro.  Hay legislaciones que los contravienen. Acaso incapaces de entender que el mundo gira, y  cambia, y el sol y la luna salen y se esconden sin preguntarnos, muchos gobernantes y legisladores están persuadidos que deben ser los grandes controladores, y que con ello están cumpliendo una suerte de deber patrio...

Para utilizar un sencillo y coloquial juego de palabras, en Venezuela no hay un caso.  Venezuela - toda ella - es un caso.  Si vamos a ser sinceros, es un caso tragicómico.  Y como toda tragicomedia tiene una muy compleja trama.  Pero está sobre el tapete una situación muy interesante, que vale la pena revisar con detenimiento, no sólo porque sienta jurisprudencia sobre las libertades comunicacionales en Venezuela, sino porque bien que puede convertirse en una experiencia de estudio a escala continental, y como tal, servir de lección para que otros países no repitan errores.  ? El expediente Santana, o de cómo la máxima instancia judicial venezolana hiló fino y tejió una camisa de fuerza.

? Los hechos

En agosto de 2000, Elías Santana, locutor de radio y coordinador del espacio Ombudsman del Diario El Nacional de Venezuela, un hombre muy conocido en Venezuela por su acción en el ámbito de la sociedad civil, estaba en su casa, sentado frente al televisor, viendo el programa Aló Presidente. Fue grande su sorpresa cuando se percató que estaba siendo fue duramente atacado por el Presidente de la República, Hugo Chávez Fías.

Se preguntarán ustedes qué dijo el Presidente ese 27 de agosto, en el programa Aló Presidente. Esto fue lo
que dijo. Lamentablemente, este medio no permite transmitir inflexiones de voz, ni expresiones corporales. No queda entonces sino limitarse a la trascripción de las palabras.   "...aquí hay un llamado: 'Sociedad civil dispuesta a desobedecer' -dice alguien- ah, Elías Santana. Ese es otro representante de un sector pequeñísimo de la sociedad civil...".  "...Bueno aquí según el diario El Nacional de hoy, dice el señor Elías Santana, a nombre de 'Queremos Elegir' una agrupación, pequeña agrupación, tiene derecho a participar y siempre ha participado, pero no crean que ahora están esponjados y representan a la sociedad civil...".   "...'Sociedad civil dispuesta a desobedecer' -dice  el diario El Nacional atribuyéndole a Elías Santana- 'si es excluida de la designación de autoridades del Poder Ciudadano'. Esto es como una amenaza, suena así como una amenaza, voy a leer textualmente porque esto hay que puntualizar, esto es muy importante, esto es parte del proceso revolucionario y de transición que estamos viviendo: 'Si la Asamblea da un paso -dice Elías Santana- para escoger a dedo al nuevo Fiscal General, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros estaremos esperando para enfrentarla y ahora si sabrán cómo se come la sociedad civil' ...".   "...Resulta Señor Santana, que la sociedad civil, ya lo he dicho, se ha pronunciado aquí en siete repetidas cargas de caballería: 8 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de abril, 25 de julio, 15 de diciembre, seis veces y 30 de julio. ¿Quién votó aquí? ¿qué sociedad votó? ¿no fue la sociedad civil? ..." .  "...la sociedad civil es la inmensa mayoría de los venezolanos y está con este proceso...".


 "...Si la Asamblea Nacional decidiera mañana o pasado mañana que hay que sustituir al Fiscal General de la República o al Contralor General de la República o al Consejo Nacional Electoral, pues la Asamblea Nacional tiene la potestad y para eso se lo dio el proceso Constituyente y la soberanía popular para hacerlo. El que no esté de acuerdo tiene derecho a expresar su voluntad, como lo han hecho, pero nosotros, los que defendemos el proceso, los que lo impulsamos también estamos, no con el derecho, con la obligación de salir a aclararle a nuestro pueblo cómo son las cosas y poner las cosas en su lugar. Así que señor Santana, también le respondo a usted, lo estoy llamando a la batalla, señor Santana. A mí me gusta llamar a la  batalla, venga, venga, a mí me gusta. Esto de... esta amenaza de que usted va... si sabrán y va a enfrentarla con la sociedad civil, bueno, señor Santana vamos a hacer una cosa, llame usted a la sociedad civil suya a una esquina y yo llamo a la mía a la otra. Esa no es la idea, porque yo creo que ya basta de estos enfrentamientos, pero yo no estoy dispuesto a abandonar el enfrentamiento si ustedes siguen buscando el enfrentamiento y amenazando con enfrentamiento...".

? Qué hizo Santana

Conociendo a Elías (como lo conozco desde hace muchos años), apuesto fuertes a morisquetas a que no perdió la calma y la compostura. Elías es unos de esos seres moderados que hacen que pongamos en duda la excitación tropical caribeña de la cual somos tildados  los venezolanos.  Mientras el Presidente "hablaba", Elías procedió a comunicarse vía telefónica con la estación Radio Nacional de Venezuela, para  solicitar la participación directa en el programa. Le fue imposible conseguir comunicación.  Acto seguido, envió un fax a la estación radial.  No obtuvo respuesta. Procedió entonces a enviar una segunda comunicación vía fax, esta vez solicitando formalmente el derecho a réplica.  Luego, y en vista que en el programa hubo otras informaciones que consideró agraviantes, Elías envió una carta a Teresa Maniglia, Director de Radio Nacional, solicitándole el derecho a réplica. El 11 de septiembre,  Maniglia respondió a su solicitud, informándole que la réplica sería trasmitida el día que a tales efectos fijase Radio Nacional de Venezuela, y a través de sus tres emisoras (Antena Informativa 1050 AM, Antena Popular 630 AM y Canal
Clásico 91.1 FM)


Al parecer de Elías, tal situación para la réplica se alejaba del mandato constitucional, puesto que el programa Aló Presidente no sólo fue transmitido por esas tres emisoras radiales, sino que incluyó Venezolana de Televisión (canal del Estado, con alcance nacional), algunas emisoras radiales y canales de televisión privados que se unieron a la transmisión.  Si la réplica ocurría en las condiciones que planetaba Maniglia, se produciría disparidad e inequidad.  Pero en adición a lo anterior, Santana pensaba, y así lo alegó, que si bien Teresa Maniglia en su calidad de directora de Radio Nacional de Venezuela es a quien corresponde, en principio, garantizar el ejercicio del derecho a réplica, de conformidad con la usanza internacional que establece en cabeza de los directores de los medios tal responsabilidad, no menos cierto es que había quedado plenamente demostrado que Maniglia recibió órdenes directas del Presidente de la República el día 3 de septiembre, fijándole cómo  debía otorgarse la réplica. Santana arguyó que en el mismo programa el Presidente hizo afirmaciones según las cuales no corresponde a éste espacio radial otorgar el derecho a réplica.


El 9 de octubre de 2000, Elías Santana, actuando en su propio nombre y en su carácter de Coordinador General de la Asociación Civil Queremos Elegir, interpuso acción de amparo constitucional, dada la  negativa de los ciudadanos Presidente de la República, Hugo Chávez Frías y Teresa Maniglia, Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela, de permitirle el ejercicio del derecho de réplica respecto de los planteamientos hechos por el conductor del programa radial 'Aló, Presidente' (el mismo Presidente
de la República) en sus emisiones del domingo 27 de agosto y del domingo 3 de septiembre de 2000, cuyo origen de transmisión fue Radio Nacional de Venezuela, y retransmitida por diferentes medios de comunicación radial y televisivo.


 Mas, sin embargo, la cosa no quedó allí tan sólo en el asunto del ejercicio del derecho a réplica, pues en su recurso ante el Tribunal Supremo, Santana indicaba que concurría esa instancia para "[...] para hacer valer el derecho que tiene la sociedad toda a la información imparcial, y en definitiva, a formularse una opinión soberana y autónomamente, a partir del conocimiento de las distintas perspectivas que puedan haber sobre un tema determinado [...]".  Insto a la lectura del recurso interpuesto por Santana, trozos del cual son citados en la sentencia, pero que debe ser leído en su totalidad para la mejor comprensión de este controversial caso. Ambos textos, recurso y sentencia, están disponibles en las páginas web de los diarios El Universal y El Nacional.

? Y llegó la sentencia...

Mi padre tenía un primo que era verdaderamente un personaje.  Un hombre encantador, de perfectos modales y que se lucía a la hora de hablar.  Mi tío gustaba de la charla, y era muy ameno. Pero era imposible lograr que a una pregunta directa, diese una respuesta breve y concisa.  - Tío, qué bonita camisa. Me gustaría comprarle una a mi papá.  ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto te costó? - Veras, ya que me lo preguntas, en 1932, cuando estuve de visita en los algodonales del sur de Estados Unidos... Y ahí comenzaba una disertación que iba desde cómo se siembra y recoge el algodón, hasta cómo saber si una prenda de vestir estaba correctamente confeccionada, y con qué otras prendas combinaba. Si uno tenia tiempo y paciencia, mucha paciencia, quizás podía salir de allí con las respuestas a las preguntas planteadas a mi tío  unos noventa minutos antes.  A mi querido tío, a quien recuerdo con nostalgia y particular cariño, yo lo llamaba "Ya que...".


La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el caso, y designó como ponente al Magistrado Jesús E. Cabrera. Pasados varios meses (en este país la justicia es como la salsa de tomate, le gusta hacerse esperar), una mañana de esas en las El Avila le regala a Caracas un homenaje espléndido, el 12 de junio de 2001, desde la casa de Misia Justicia en San José, se emite un fallo, la decisión 1013.  Que se dediquen los numerólogos a estudiar tan sugestiva cifra. Los números 1013 suman 5. Fueron cinco los
magistrados que rubricaron esta sentencia. Que los astrólogos hagan el análisis correspondiente.  Quizás Mercurio estaba retrógrado, acaso la inminencia de un eclipse tuvo un efecto no esperado. Lo que viene a
continuación no es leve.  Tenga el amigo lector la actitud jobiana para revisar la sentencia, que es una obra maestra del "ya que": Está disponible por vía electrónica en las páginas web de casi todos los medios, y claro está, del mismo tribunal (
www.tsj.gov.ve).  Para no abusar de su paciencia, y dado que muchos expertos en leyes han expresado sus parereces, me limitaré tan sólo a algunos espacios. Este en definitiva es el análisis desde la perspectiva de una escribidora, alguien que hace 24 años salió de la universidad con un simple título de licenciatura en Comunicación Social y un portafolio de ideas, proyectos y sueños bajo el brazo. Me pongo puntillosa.  Al fin y al cabo, soy tan sólo una ciudadana en ejercicio, que se ha dado cuenta que en este país, como reza el dicho popular , "quien piestapierde, ñea..".

En la sentencia puede leerse:
("... A continuación pasa la Sala a decidir, lo que será doctrina vinculante en la interpretación de los artículos 57 y 58 de la Carta Fundamental...")   Ponga el lector especial atención a la palabra "vinculante", lo cual según me aclara una amiga abogado, quiere decir que a partir de ella, ..."los jueces deben regirse por sus fundamentos a la hora de establecer la  responsabilidad civil o penal...".)

Más adelante se lee en la sentencia:
("... La vigente Constitución separa el Derecho a la libre expresión del pensamiento (artículo 57), del Derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, el cual involucra el derecho a la réplica y rectificación por aquellos que se vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes (artículo 58). Se trata de dos derechos diferentes, uno dirigido a garantizar la expresión de las ideas u opiniones, y otro, en beneficio de los ciudadanos, constituido por el derecho de ser informados de manera oportuna, veraz e imparcial y sin censura, por los medios de comunicación, ya que el artículo 58 se refiere a la comunicación. Es en relación con la información comunicacional que surge el derecho a la réplica y a la rectificación,  como un derecho de los ciudadanos ante los medios de comunicación en general...".) ¿Habrá alguna "información" que no pertenezca al ámbito comunicacional?  ¿No será más bien que el ponente quiso decir 'información en los medios de comunicación social', o información de difusión pública'? Sigamos...

("... la posibilidad de acudir a los medios de comunicación para expresarse, no es un derecho irrestricto que tiene todo ciudadano para transmitir su pensamiento, ya que cada medio tiene limitaciones de tiempo y espacio, por lo que es el director del mismo quien... escoge cuáles ideas, pensamientos u opiniones son comunicables masivamente, lo que restringe el acceso de la libertad de expresión de las personas a través de los medios de comunicación masivos.   Si bien es cierto que la libertad de expresión es irrestricta en el sentido que se puede expresar cualquier pensamiento, concepto, idea u opinión y que, en consecuencia, no puede su emisión ser censurada previamente, impidiendo la divulgación de las manifestaciones generales del pensamiento, de hecho (en la práctica) ella sufre una restricción cuando se pretende utilizar para divulgarla los medios de comunicación masiva... al igual que la situación económica de quien quiere expresarse con proyección hacia el público, impide a alguien editar libros, panfletos, hojas volantes y cualquier medio de comunicación de ideas que implique un gasto.  De allí que el artículo 4 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, que establece que todos los ciudadanos nacionales o extranjeros puedan  expresarse libremente a través de los medios de comunicación social, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes, resulta una norma que no puede interpretarse literalmente. Surge así una diferencia entre la libertad de expresión, que es en principio irrestricta, y la libertad de  comunicación de esa expresión, cuando se hace necesario acudir a vías a las cuales no tiene acceso quien se expresa, sin que le nazca un derecho -derivado de la libertad de expresión- de utilizar coercitivamente la forma de comunicación y difusión que crea más conveniente.  Luego, el derecho al "uso de cualquier medio de comunicación o difusión", que otorga a las personas el artículo 57 constitucional, es un derecho relativo, dependiente de la posibilidad real de acceso que se tenga a los medios de comunicación o difusión...lo que se interpreta de dicha norma es que, en principio, los medios no pueden vetar a nadie para expresarse en  ellos, pero que tal actividad depende del tiempo, oportunidad, espacio, etc., que puedan brindarle a las personas para emitir sus pensamientos.

Sin embargo, apunta la Sala, que aquellos medios que utilizan servicios, bienes, o derechos concedidos por el Estado, deben prestar una mayor colaboración hacia la sociedad, en beneficio de la libertad de expresión de los ciudadanos....".)  Leyendo lo anterior, a uno le asalta la duda de si no será que el Presidente de la República interpreta que en su programa debe prestarse mayor colaboración hacia la sociedad, pero la revolucionaria, es decir en beneficio de la libertad de expresión de aquellos ciudadanos que están de acuerdo con sus ideas y planteamientos. Y otro punto, un programa como Aló Presidente, que no tiene límites de horario en transmisión (dura lo que el Presidente quiera) no tiene las mimitacionesa  la ue hace referencia la sentencia. Hum...

(..."Por otra parte, si bien es cierto que la libertad de expresión es irrestricta en el sentido que no puede ser impedida por la censura previa oficial (ya que de hecho los medios de comunicación masiva, públicos o
privados, limitan lo que se ha de difundir mediante ellos), una vez emitido el pensamiento, la idea o la opinión, el emisor asume plena responsabilidad por todo lo expresado, tal como lo señala el artículo 57 constitucional, y surge así, conforme a la ley, responsabilidad civil, penal, disciplinaria, o de otra índole legal, conforme al daño que cause a los demás la libertad de expresión utilizada ilegalmente....") ¿Entenderá el Presidente  qué quiere decir la frase " una vez emitido el pensamiento, la idea o la opinión, el emisor asume plena responsabilidad por todo lo expresado"?  (...Puede suceder que, con lo expresado se difame o injurie a alguien  -artículos 444 y 446 del Código Penal - ; o se vilipendie a funcionarios o cuerpos públicos  - artículos 223 y 226 del Código Penal - ; o se ataque la reputación o el honor de las personas, lo que puede constituir un hecho ilícito que origine la reparación de daños materiales y morales, conforme al artículo 1196 del Código Civil... Éstos y muchos otros delitos y hechos ilícitos pueden producir la "libertad de expresión"; de allí que el artículo 57 constitucional señale que quien ejerce dicho derecho, asume plena responsabilidad por todo lo expresado, responsabilidad, que al menos en materia civil, puede ser  compartida, en los casos de comunicación masiva, por el que pudiendo impedir la difusión del hecho
dañoso, la permite, convirtiéndose en coautor del hecho ilícito, conforme a lo previsto en el artículo 1.195 del Código Civil. En otras palabras, la libertad de expresión, aunque no está sujeta a censura previa, tiene  que respetar los derechos de las demás personas, por lo que su emisión genera responsabilidades ulteriores para el emisor, en muchos casos compartidas con el vehículo de difusión, sobre todo cuando éste se presta a un terrorismo comunicacional, que busca someter al desprecio público a personas o a instituciones, máxime cuando lo difundido no contiene sino denuestos, insultos y agresiones que no se compaginan con la discusión de ideas o conceptos...)

¿Habrá leído el Presidente esta parte del fallo, en particular, esas últimas frases, "su emisión genera responsabilidades ulteriores para el emisor, en muchos casos compartidas con el vehículo de difusión, sobre todo cuando éste se presta a un terrorismo comunicacional, que busca someter al desprecio público a personas o a instituciones, máxime cuando lo difundido no contiene sino denuestos, insultos y agresiones que no se compaginan con la discusión de ideas o conceptos."? ¿Acaso las agresiones verbales, la expresión corporal, el uso de calificativos peyorativos y la risa despectiva no entran dentro de la calificación  de  "denuestos"? Según el diccionario ideológico de la Real Academia, compilación J. Casares, revisión de la Academia en 1999, "denuesto" es ofensa de palabra, por escrito o gestual. Sigamos leyendo...

"(... De todas maneras, apunta la Sala, que el criterio del animus injuriandi, para enjuiciar delitos, debe ponderarlo el juzgador, en concordancia con el derecho a la libertad de expresión, para determinar si
la actitud de quien expone sus pensamientos, realmente persigue dañar (como cuando se insulta o arremete sin motivo alguno, o por uno baladí), o es parte de la crítica que se ejerce sobre ciertas situaciones, que por lo regular, involucra políticas públicas y sus protagonistas...")  Ah, ya entendí, lo del Presidente no es denuesto, "es parte de la crítica que se ejerce sobre ciertas situaciones"... Tiene razón entonces ese "revolucionario" a quien una vez le protesté que el lenguaje presidencial en ocasiones no era fuerte, sino ofensivo. "Es que ustedes, los que no son bolivarianos, son como muchachitas vírgenes de pueblo, tienen la piel muy sensible y por naíta' se ampollan", me contestó. "Demasiao' bien se porta Hugo; yo comenzaría las cadenas mentándoles la madre, por si acaso.   Así agarrarían mínimo desde el principio", acotó junto con una retahíla de palabrotas que no reporto.  Busque  un café, o un refresquito, amigo lector, que ahora es cuando la cosa se va poniendo buena.

("...Diversas convenciones internacionales que son leyes vigentes en el país, con jerarquía constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la vigente Constitución, señalan responsabilidades derivadas de la libertad de expresión, las cuales deben ser fijadas por la ley.  El artículo 19 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reza: 1.    Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  2.  Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales... Por otra parte, el artículo 13 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, es aún más acabado en todos los sentidos, y es del tenor siguiente:  "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para  asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública...")   En este respecto, me remito a Liliana Ortega, COFAVIC, (..."La libertad de expresión como derecho humano es universal e irrenunciable y no configura una concesión de los Estados. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran la libertad de expresión como una obligación de carácter internacional ineludible (artículos 13 y 14 de la CADH y 19 del PIDCP).  El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social...". Por otro lado, "el derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos forman un complejo unitario e independiente. Como dijo la Corte: "El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión" comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... "Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas...") .

Supongamos que Santana hubiese replicado por la vía de su columna en el Diario El Nacional, o de su programa en Radio Capital. En ese  caso, el mensaje hubiese llegado a los lectores de su columna o a la audiencia de su programa radial. Estos receptores de la comunicación no puede presumirse sean los mismo que los de Aló Presidente. Si así fuere, si los receptores fuesen las mismas personas, entonces cabría afirmar que ambas informaciones-opiniones, la del Presidente y la de Santana, llegaron a  los mismos cerebros. Al no ser así, es a los ciudadanos a quienes se ha privado de su derecho a escuchar las razones  de la contraparte, y se les condenó a escuchar sólo la mitad del sonido.

Sigan leyendo. Aún hay más en la trama de esta novela ...

("... Consecuencia de las normas citadas, todas de rango constitucional, es que la libertad de expresión genera responsabilidades, que deben ser expresamente fijadas por la ley, y que deben asegurar:  1. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás (artículos 444 y 446 del Código Penal, 1196 del Código Civil, por ejemplo).... Una serie de delitos y hechos ilícitos que pudieran cometerse mediante la libertad de expresión, irrespetando los derechos de los demás, originarían por tanto responsabilidades ulteriores a quienes se expresan, y los perjuicios a las personas derivadas de la libertad de expresión, no dependen de su difusión, sino del  hecho de la expresión irrespetuosa....)   Sí, leyeron bien, "expresión irrespetuosa". ¿No es acaso una expresión irrespetuosa, por ejemplo, el calificativo hecho por el Presidente refiriéndose a Santana como  "Ese es otro representante de un sector pequeñísimo de la sociedad civil...". En Español, una de las clasificaciones de los adjetivos tiene que ver con los grados. "Pequeñísimo" es una voz que se inscribe en la  categoría de superlativo absoluta, es decir, sin comparación de ninguna especie. Los adjetivos pueden de hecho referirse a tamaño, pero también -  y el Español es un idioma muy rico -  expresan calificación adjudicada de relevancia. Si a eso le sumamos que la inflexión de la voz hizo que se escuchara un "¡pequeñííísimo!", no hay que ser un experto en Semasiología, para concluir que el Presidente quiso expresar menosprecio, y al hacerlo fue irrespetuoso. Se dirá, como siempre, que algunos no  alcanzamos al entender la sencillez coloquial del verbo de este hombre que ocupa la silla presidencial. Este es buen momento para recordar que no estamos hablando de un simple ciudadano más, no es el caso de un candidato en pleno fragor de la campaña electoral; hablamos del Jefe Presidente de todos los venezolanos.

Un Jefe de Estado, por razones más que obvias, no es un ciudadano común y corriente. Y sí, yo creo que los habitantes de esta Tierra de Gracia tenemos válido derecho a un primer mandatario que tenga a bien respetarnos a todos. Tenemos derecho, en fin, a que el primer funcionario entienda lo que implica la majestad de su cargo. 

Más abajo reza la sentencia...
 ("...El artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla otro concepto distinto al anterior, el del Derecho a la Información, el cual está íntimamente ligado al de la libertad de expresión, ya que las ideas, pensamientos y opiniones a emitirse se forman con base en la información. El derecho a la información es un derecho de las personas ... Pero este último derecho no está referido únicamente a la transmisión de expresiones del pensamiento como conceptos, ideas u opiniones, sino a la propagación de noticias del acontecer diario en el mundo, en el país o en una región del mismo; a la entrevista periodística, al reportaje, a la ilustración fotográfica o visual, tal como lo previene el artículo 3 de la Ley de Ejercicio del Periodismo..").

Vale destacar que cada vez que el Presidente da comienzo a una alocución o a una edición de Aló  Presidente, insiste en repetir que la razón de ser de estos programas es informar al pueblo.

? Más sobre la sentencia ...

Cuando uno sufre un trastorno neurológico, la más elemental lógica lo lleva a uno a pensar que lo procedente es consultar un especialista en la materia.  Se dirige  entonces a un centro hospitalario, y seguramente encontrará que en la cartelera de ese centro, hay algo que especifica que los doctores  que
integran la unidad neurológica está integrada por, valga la redundancia, neurólogos. No hallará allí  dermatólogos.  La Sala Constitucional del Tribunal Supremo  de Justicia de Venezuela no está integrada pro abogados constitucionalistas. Y el Magistrado Cabrera, padre de la a sentencia 1013 es abogado procesalista, y uno muy bueno, según dicen.   Sigo con este análisis de la sentencia... (".... También es un atentado a la información veraz e imparcial tener un número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica, a menos que el medio en sus editoriales o por sus voceros, mantenga y se identifique con una línea de opinión congruente con la de los columnistas y colaboradores... ")   Según esto, para yo que escriba en "El Universal" o en "La Piragua", debe haber alguien de una ideología contrapuesta. No me atrevo a calcular cuántas ideologías existen en esta esferita que llamamos Tierra. ¿Decenas? Que el abanico es amplio. Me pregunto, ¿sabe el ponente qué es una "ideología"?  Acaso, en un simplismo que asombra en un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, confunde "ideología" con posición con respecto al gobierno, dos cosas que ni son lo mismo ni se escriben igual. ¿Conoce el ponente cómo se maneja la sala editorial de un medio impreso, o el departamento de información de una estación de televisión, o de una emisora de radio?

¿Conoce  el sistema de decisiones de un Consejo Editorial?

("...En el caso que ocupa a la Sala, se observa que tanto los diarios El Nacional, por ejemplo, en su editorial titulado "Ya Basta", así como "El Universal" han disentido de opiniones adversas que sobre ellos ha emitido por televisión o radio el Presidente de la República, y esa disensión se ha llevado adelante por medio de Editoriales publicados en ambos diarios.  A juicio de esta Sala, ello demuestra cómo el medio escrito, en el caso de estos ejemplos, pero podría ser en cualquiera otro, puede contestar, contrastar opiniones o informaciones, etc., sin necesidad de acceder al otro medio donde se originó la opinión (o la noticia adversa), ya que su carácter de medio de comunicación social, le permite la proyección pública de la cual carecen los particulares...)

Fue en definitiva una decisión de El Universal, El Nacional y otros medios responder a los incordios, acusaciones y denuestos del Presidente, utilizando la vía de sus editoriales. Esa fue su elección. Nunca solicitaron derecho a réplica al Presidente. Pero uno se pregunta ahora qué hubiera pasado si lo hubieran hecho. A la luz de los acontecimientos, la respuesta es más que obvia.  ("... Por ello, considera la Sala, que el derecho a la réplica y a la rectificación no lo tienen ni los medios, ni quienes habitualmente ejercen en ellos el periodismo, ni quienes mantienen en ellos columnas o programas, ni quienes mediante "remitidos" suscitan una reacción en contra.  Se trata de un derecho concedido a quienes se ven afectados por la  información de los medios, y que carecen de canales públicos para contestar o dar su versión de la noticia...)

Esto establece sorprendente discriminación en el derecho a réplica, y convierte a los periodistas y columnistas en suerte de ciudadanos limitados.  Además, pudiera derivarse de ella que si un periodista reclama derecho a réplica, y tiene una columna o espacio en un medio (impreso o radioeléctrico), esa réplica la ejerce en ese espacio. Así, si yo soy un columnista de "La Piragua" de Santa Bárbara de Zulia (periódico que no existe, pero que sería el nombre que yo le pondría a uno que fundara en esa población con la que me unen lazos emocionales), y el Presidente en su Aló Presidente o en cadena nacional o en una alocución en cualquier evento ampliamente cubierto por los medios, y en su discurso dice de mí sapos y
culebras, yo, oh afortunada de mí, replico en mi columna de "La Piragua".  La Sala Constitucional tiene sin duda una manera muy sui generis de interpretar el concepto de equidad.  Vaya pues... ("... Quien publica un remitido en un medio, si un interesado le contesta en otro medio, no puede pretender (quien publicó el  primero) le den gratis un espacio en el segundo medio para contrarreplicar, ya que los remitidos no forman parte del periodismo de información al cual se refiere el artículo 58 comentado; pero tampoco pueden los periodistas, directores y editores de medios de comunicación, pretender que en otro medio se le permita responder lo que en el se haya difundido y  consideren los perjudica, ya que estarían utilizando innecesariamente un espacio, cuando muy bien ellos, utilizando sus canales de difusión escritos, orales o audiovisuales, pueden  hacerlo...")

Más claro no canta un gallo...

("... Considera la Sala que si Elías Santana o la Asociación Civil Queremos Elegir creen que han sido agraviados por el Presidente de la República, pueden ejercer las acciones que sean procedentes, pero que al ser un periodista con una columna fija en el diario El Nacional (El Ombudsman), y un programa radial diario "Santana Total", en Radio Capital, quien pide el derecho de réplica en su propio nombre y en el de la persona jurídica de la cual es vocero y por quien habla, carece de derecho a réplica o rectificación alguno, ya que lo que crea conveniente contestar al Presidente puede hacerlo, tanto en su columna como en el diario donde la tiene, que además es un periódico de circulación nacional, o en el programa radial, sin que pueda hacerse para  estos fines una separación entre su persona y la de la Asociación Civil Queremos Elegir...")  Al leer este último párrafo, descubro que el ponente no es sólo un jurista, sino un experto en el estudio de diferencias y confluencias de personalidad.

Logra en su cátedra explicarnos que Santana y Queremos Elegir son una misma "persona", y que ello no supone una caso psicológico de síndrome de personalidad múltiple (como Sybil). Así, Santana ya no es Santana, el hijo de la Sra. Santana, ahora es "Santana Queremos Elegir", un nuevo ser.  En fin, leamos la decisión,... "(....Por los razonamientos antes expuestos, este tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Improcedente in limine litis el amparo incoado por Elías Santana, actuando en su propio nombre y en representación de la Asociación
Civil Queremos Elegir "[...] frente a la negativa de los ciudadanos Presidente de la República, Hugo Chávez Frías y Teresa Maniglia, Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela, de permitirnos el ejercicio del derecho de réplica respecto de los planteamientos hechos por el conductor del programa radial 'Aló, Presidente' en sus emisiones del domingo 27 de agosto y del domingo 3 de  septiembre de 2000, cuyo origen de transmisión fue Radio Nacional de Venezuela, y retransmitida por diferentes medios de comunicación radial y televisivo.").

Termino esta entrega con un pensamiento de José Martí, que siento viene como anillo al dedo respecto de este asunto, que nos ha dejado atónitos a quienes creemos en una democracia en la cual el Estado sepa y entienda que existe para servir a la Sociedad. Así pensaba Martí: "... Sólo  sirve dignamente a la libertad el que, a riesgo de ser tomado por su enemigo, la preserva sin temblar de los que la comprometen con sus errores."  La Nación - Enero 1, 1888 José Martí

? Y las opiniones son diversas...

Este controversial asunto ha generado una intensa diatriba. Hay cientos de opiniones expresadas por profesionales de diversas especialidades.  He perdido la cuenta de cuántas horas he dedicado a la lectura de opiniones y análisis de expertos. Recogemos en este trabajo sólo unas cuantas. De no hacerlo así,  llenaríamos miles de cuartillas.   La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello  (Alma Mater de esta escribidora de oficio) acordó pronunciarse a este respecto, en los siguientes términos: 1. Rechaza "... categóricamente cualquier intento de establecer limitaciones al derecho a la libertad de expresión, con responsabilidad del emisor, con respeto a los derechos de las demás personas y a ciertos bienes colectivos como principios reguladores de la convivencia democrática..." 2. Rechaza ".. la idea del equilibrio ideológico dentro de cada medio, así como la posibilidad de que algún organismo pretenda interferir en la estructura y constitución de la nómina del medio de comunicación con la idea de garantizar un supuesto pluralismo..." 3. Ratifica "... el derecho que tiene toda persona en constituirse en empresa informativa o comunicacional con fines de lucro (vitales para su autogestión), sin que ello signifique que las informaciones que allí se emiten estén necesariamente parcializadas por el interés
comercial de la organización..." 4. Auspicia y apoya "... las acciones internacionales que sean necesarias para corregir los errores contenidos en esta sentencia."

Y también el Bloque de Prensa venezolano:  "Inaceptable, discriminatoria y una violación" de la Constitución. Esas tres palabras resumen la posición de esta organización que agrupa a la mayoría de los editores de medios de comunicación de Venezuela, que informó que acudirá a instancias legales internacionales para denunciar la sentencia Cabrera. En el mismo comunicado, rechazó la naturaleza del fallo del máximo tribunal y denunció que detrás de la decisión de los magistrados existe un "contenido político", y que hubo "extralimitación" en la sentencia del máximo tribunal. En la opinión del BP, el fallo contiene términos discriminatorios, "mecanismos restrictivos y violatorios de derechos y garantías constitucionales", con la pretensión de que se adopten como "normas de vida" en Venezuela. "El sentenciador no tiene empacho en ratificar otra odiosa discriminación, al dictaminar que ese derecho constitucional - el derecho a réplica -  corresponde a periodistas, redactores, editores, propietarios,  columnistas y colaboradores" de un medio. Para el BP "la actitud del TSJ preocupa sobremanera, especialmente dentro del contexto de ataques y amenazas a los medios de comunicación y densos sectores de la vida nacional como la Iglesia, empresarios y empresas, entre otros".

El Comité para la Protección de Periodistas : Esta organización internacional remitió una carta al presidente Hugo Chávez Frías expresándole 'alarma por el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que establece criterios sobre la información oportuna, veraz e imparcial, y que especifica cómo este derecho debe ser ejercido', según reporta un boletín oficial de esa organización. 'Estamos profundamente preocupados porque funcionarios venezolanos usen esta decisión como una herramienta para suprimir el periodismo independiente', dijo el subdirector, Joel Simon.

Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo expuso su posición con respecto a la sentencia emitida por  el TSJ. En su opinión, no existe posibilidad de que el dictamen restrinja la libertad de expresión. Sin embargo, no le parece acertado el criterio expuesto sobre el derecho a réplica, pues en función de tal, quedan excluidos los dueños e integrantes de los medios de comunicación. "La sentencia no debió establecer ningún tipo de distinción. Nosotros creemos que esa es una diferencia que no se corresponde con la realidad, porque los medios de comunicación no siempre son iguales". Cabe destacar que el Defensor del Pueblo opina que sin embargo que sí está de acuerdo con la sentencia en el punto en el cual se marca la distinción entre información y opinión. A su parecer,  la réplica sólo debe darse cuando se trate de informaciones agraviantes, no de opiniones.  "No tendría sentido que un medio de comunicación deba responder por las opiniones emitidas por un tercero".

Cecilia Sosa, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia: Calificó de ingenuas las  interpretaciones positivas de sentencia del TSJ.   La sentencia de este tribunal que declaró improcedente la solicitud de amparo de Elías Santana establece "unos criterios de obligatorio cumplimiento bajo unos supuestos de hecho que están enumerados en el fallo".   "... no puede haber equilibrio entre quien está en ejercicio de la
autoridad y tiene un programa, unas cadenas cada vez que quiere y los demás ciudadanos que estamos en una situación totalmente distinta... que esa sentencia nos va a permitir regular las cadenas del presidente, es una actitud ingenua." En su interpretación,  esto no es un "problema de las instituciones o del presidente Chávez, sino de que Elías Santana fue por una protección constitucional y el TSJ decidió, sin un sólo acto de procedimiento, regular en su sentencia dos derechos fundamentales para los venezolanos sin oír a los afectados"....  Quedamos regulados por unos criterios vinculantes de los que no puede zafarse ningún juez, ningún magistrado ni ningún ciudadano".

Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:  A su entender a partir de esta sentencia, los jueces serán los llamados a definir lo que es información veraz. Se ha allando el camino para la censura previa, el hostigamiento judicial, las sanciones penales. "...La libertad de expresión es un derecho clave para la existencia de una sociedad democrática. Es una condición básica para la discusión libre de ideas, para el control de la gestión pública y para garantizar la participación ciudadana. Por eso, tanto la Constitución como los tratados internacionales son especialmente rígidos en cuanto a las restricciones que acepta este derecho.   La libertad de expresión no puede estar sometida a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores. Pero éstas, en todo caso, no pueden convertirse indirectamente en  medios restrictivos.  El hostigamiento judicial contra periodistas ha ocurrido en varios países y ha demostrado ser, en las democracias, un mecanismo utilizado por el poder político para perseguir a quienes han difundido informaciones que afectan a determinados grupos e intereses.  Es muy importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la libertad de expresión no existe solamente para las ideas agradables, sino también para aquéllas que nos incomodan, nos perturban e inclusive nos ofenden.".

Gerardo Blyde, abogado constitucionalista, Diputado ante la Asamblea Nacional, opina: "... La réplica tiene su basamento en alusiones difamatorias o inexactas que perjudiquen al aludido... Así pues que si se producen alusiones o inexactitudes contra una persona, pero las mismas no la perjudican, no se llenan los requisitos de procedencia del derecho a réplica. Para que nazca el derecho debe existir el perjuicio y quien lo reclama debe probarlo. Pensar en que cada vez que un medio, un columnista, un periodista o cualquier persona que utilice los medios mencione a otra persona, nace para ésta de manera automática el derecho a replicar, resulta un absurdo que haría simplemente inmanejable cualquier medio de comunicación.  La lluvia de solicitudes de réplica haría que nadie pudiera nombrar a otra persona en ningún medio. Toda esta interpretación es favorable para los medios... tiene razón la Sala Constitucional cuando interpreta de manera separada los artículos 57 y 58 de la Constitución, pues así los dejó establecidos el constituyente. En el primero se consagra la libertad de expresión como el derecho que tenemos todos a expresar de nuestras opiniones, así lo hizo Santana y así lo hizo el Presidente, lo cual generó un debate público.  El artículo 58 consagra otro derecho distinto, íntimamente relacionado, pero distinto como lo es el Derecho a la Información.

Este consiste en la necesaria posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a toda la información que deseen para formarse su propio juicio.   Su relación con la libertad de expresión es directa, pues para formarse una opinión y luego expresarla tenemos derecho a conocer todas las informaciones que deseemos sobre un determinado tema. El Estado no puede limitar la libertad y la multiplicidad de medios de comunicación como una de las vías que tenemos los ciudadanos para informarnos... Lo negativo de la decisión son los excesos en que incurre al determinar que un periodista no tiene derecho a réplica, pues ello configura una discriminación inconstitucional.  Constituye, además, una extralimitación el haber pretendido regular las tendencias de los medios de comunicación y las tendencias ideológicas de los articulistas, pues es competencia del Poder Legislativo señalar en las leyes las condiciones del ejercicio de los derechos constitucionales.  Llama la atención y causa alarma el lenguaje de la ponencia que resulta extrañamente parecido al lenguaje que utiliza el Presidente cuando se refiere a los medios....".

Jorge Olavarría, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente: "...la sentencia 1013 del TSJ es muy positiva para una mejor y mas democrática interpretación de los principios y derechos consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución que establecen, el primero, el derecho a la libertad de expresión y el segundo, el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial... En esta sentencia objetivamente examinada, no hay violación a de la letra, espíritu y propósito de los principios y derechos constitucionales que consagran la libertad de expresión y el derecho a la rectificación y la replica, y no se ha vulnerado el articulo 14 del Pacto de San José. Por el contrario, se ha aclarado la esencia del derecho a rectificación y replica y por ello se le ha negado a quien inicio una acción -a mi juicio temeraria- de amparo  constitucional.  Lo mas positivo del caso, es que esta sentencia crea una jurisprudencia, una doctrina vinculante para la interpretación de estos derechos y principios que yo califico de muy positiva para el futuro tormentoso que le espera libertad de expresión en Venezuela... Tengo reservas en relación a lo que aparece como una odiosa mutilación selectiva del derecho a replica y rectificación de los periodistas, pero en su conjunto pienso que es una sentencia respetable, casi diría que admirable..." .

Héctor Faúndez, Abogado de Elías Santana, Miembro de la Comisión Andina de Juristas: En forma esquemática, hizo un listado de errores del fallo.  Sobre el derecho a réplica, "... Cuando uno lee la Constitución y los tratados internacionales advierte que toda persona tiene derecho a la rectificación o
respuesta frente a informaciones inexactas o agraviantes. No se dice: 'todas las personas menos los ciclistas', 'todas las personas menos los católicos', 'todas las personas menos los periodistas'. Dice todas las personas".   En referencia a la diferencia entre libertad de expresión y libertad de información: "La expresión y la información están en relación de género-especie: la expresión es el género y la información es la especie.  La Constitución nacional, a diferencia de los tratados internacionales, distinguió la libertad de expresión (artículo 57) del derecho a la información (artículo 58).... mientras todos los tratados internacionales consideran que los derechos y garantías constitucionales implican mecanismos de protección del ciudadano frente al Estado, en la Constitución nacional, el derecho a la información está desarrollado como una mecanismo de protección del ciudadano frente a los medios de comunicación.  El Tribunal Supremo no podía disociar el vínculo estrecho que existe entre expresión e información. Pretender hacer esa dicotomía expresión-información, como lo hace la sentencia, basándose exclusivamente en el artículo 58 de la Constitución, es simplemente un error. Sería desnudar, vaciar de contenido la libertad de expresión. Sobre la regulación legal: "... La sentencia sugiere correctamente que la libertad de expresión no es un derecho absoluto.... Lo que la sentencia no dice es que eso sólo lo puede hacer el Estado a través de una ley.   Es la ley la que puede, en función de esos objetivos, restringir la libertad de expresión.   En  ninguna parte los instrumentos internacionales señalan que el juez, o los tribunales en general, puede regular la libertad de expresión.   Finalmente, sobre la doctrina vinculante: "... Los tribunales no producen doctrina, sino jurisprudencia. Las sentencias sólo surten efectos respecto de las partes en conflicto..."

Liliana Ortega, COFAVIC: "La libertad de expresión como derecho humano es universal e irrenunciable y no configura una concesión de los Estados.  Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran la libertad de expresión como una
obligación de carácter internacional ineludible (artículos 13 y 14 de la CADH y 19 del PIDCP).... El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social..."... Por otro lado, "el derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos forman un complejo unitario e
independiente.   Como dijo la Corte: "El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión" comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... "Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas. Asimismo, como lo ha señalado la Corte
Interamericana, "la ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art.14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art.13), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga negatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1"."

Asdrúbal Aguiar, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "La sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ, que niega el derecho a réplica de Elías Santana, le infiere una herida grave a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. Así lo he dicho, sin ambages, y en ningún caso prevenido por una manía opositora... No puede un Juez, por ende, cuando menos en países de derecho escrito, discriminar o restringir allí donde la misma ley no discrimina ni restringe. Y esto lo olvidó el ponente, Jesús Eduardo Cabrera... una sentencia no es una tienda por departamentos... los más graves atentados contra el Derecho no tienen lugar sólo cuando se burla al Derecho de manera frontal, desconociéndolo... peores son aquellas injusticias que se acunan en la manipulación de la verdad... la libertad de expresión es una sola -lo dice la jurisprudencia internacional- .. Así las cosas, si la expresión u opinión no admite réplica -como lo afirma Cabrera- nadie podrá tener derecho de réplica frente a las ofensas y agravios que de manera desbordante y cotidiana vierte el Presidente sobre sus adversarios.

Chávez sólo estaría opinando y punto. Eso sí, blindado ante las réplicas o respuestas pretendidas de los afectados; sólo admisibles en una democracia liberal y puntofijista, pero nunca en una de estirpe bolivariana, revolucionaria, protagónica y participativa.  Hugo Chávez. Presidente de la República:  'El Tribunal Supremo (...) tomó una decisión ajustada a derecho..."

José V. Rangel, Periodista, Ministro de Defensa:  'Nunca he sido partidario del concepto de información  veraz ya que, salvo la opinión pública, no existe ninguna autoridad o institución que pueda determinar cuándo la información cumple con este requisito'.

Fiscal General de la República:  En opinión del funcionario, aún no está claro si el TSJ tiene competencia para reglamentar los artículos 57 y 58 de la Carta Magna referidos a la libertad de expresión. 'Cuando se establezca la Ley del Tribunal Supremo de Justicia con la competencia de cada una de las salas pudiéramos tenerlo más claro(...) Este punto debe ser dirimido en algún momento fundamentalmente por el Poder Legislativo cuando se desarrolle la estructura normativa del máximo tribunal'".   Adicionalmente cuestionó  la sentencia pues establece un mecanismo de amparo para ventilar las normas con las cuales se reglamentan los artículos 57 y 58 de la Constitución: 'Pudiera ser que este juicio de amparo por su brevedad no fuera lo suficientemente amplio para ventilar en un debate probatorio todo lo que pudiera sustanciarse con respecto a las normas reglamentadas', señaló. Asimismo el Fiscal General  criticó la parte de la sentencia que se refiere al derecho a réplica. En este sentido indicó que siente que el derecho a la réplica no debe estar sujeto a que la persona que lo va a ejercer tenga o no un medio de comunicación a mano 'porque pudiera establecerse una discriminación con los periodistas'.

Colegio Nacional de Periodistas:  El presidente del Colegio Nacional de Periodistas calificó de aberrante la decisión no sólo porque afecta la libertad de expresión, sino porque viola el artículo de la Constitución que garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley al negar el derecho  de réplica a los periodistas y propietarios de medios.

Procuraduría General de la República: La Procuraduría analizó la sentencia 1013 de la Sala Constitucional y determinó que no viola ningún derecho constitucional. 'Más bien consideramos que el fallo protege a los medios de comunicación... Los protege cuando separa la libertad de expresión de la libertad de opinar y en el sentido de que si se permitiera una réplica de opinión, todos los periodistas que tengan una columna tendrían que ceder ese espacio para que opinen los funcionarios, particulares o afectados.  Entonces los medios se perjudicarían, porque tendrían que ceder el mismo espacio para opinar, en las mismas condiciones, si ese hubiera sido el criterio del TSJ...  Igualmente se garantiza el derecho a la igualdad. No niega el derecho a réplica, sólo aclara que hay personas que tienen acceso a medios... es obligación del medio informarle a los ciudadanos si los columnistas tienen la misma tendencia ideológica, para que   no pierdan la objetividad. Tiene que haber opiniones a favor y contra el Gobierno, para que al ciudadano se le  garantice el derecho de formarse un criterio".

Sociedad Interamericana de Prensa: Calificó de 'política' la sentencia del Tribunal Supremo. 'Es  prácticamente una defensa de la política presidencial de Venezuela que tiene la intención de seguir desprestigiando a los medios, los periodistas y cualquier ciudadano que critique, contradiga o enfrente la acción de gobierno'. En opinión de la SIP, el TSJ reguló 'injustificadamente' el concepto de información veraz y la responsabilidad de los medios de comunicación sobre las opiniones que emiten y su esquema de contratación de personal. Es  'flagrante' intromisión estatal la interpretación del artículo 58 de la  Constitución. El fallo es 'discriminatorio' pues excluye a los periodistas del ejercicio del derecho a
réplica.

Reporteros Sin Fronteras: Esta organización internacional condenó la sentencia por considerar que priva a los periodistas de su derecho a réplica, lo cual es contrario al artículo 1 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y al artículo 14 de la convención Americana sobre Derechos Humanos.  RSF también expresó su preocupación por la interpretación del artículo 58 de la Constitución sobre la información veraz pues 'un medio no tiene ninguna obligación de identificarse con una tendencia única'.

? Mi opinión...

Como dicen los ingleses...
"you may be right, but your reasoning though good is not complete; therefore, I disagree.." (Usted puede estar en lo cierto, pero su razonamiento empero bueno, está incompleto; así pues, discrepo).

Creo que los análisis tanto de Gerardo Blyde como de Jorge Olavarría, y otros expertos en materia jurídica (que merecen todo mi respeto) tienen base sólida. Mas siento que esos analistas se limitaron al ámbito de su especialidad, y dejaron de lado la indispensable reflexión que los llevara a sopesar el impacto sociológico y político de la sentencia sobre el concepto de Estado, Sociedad e Individuo. Se dirá que eso es otra cosa, que el análisis es de la técnica jurídica, el resultado del contrastar el fallo con la constitución (así, en  minúsculas) y las leyes. Y en ese sentido les asiste razón. Yo no soy abogado, y salvo los limitados conocimientos legales que haya podido adquirir en las aulas o en el trajinar por esta Tierra de Gracia, nada sé de leyes. Pero creo que se han quedado cortos. Algo falta.   A la torta le faltaron ingredientes, y se apelmazó. Si una constitución y unas leyes van en contra de la libertad humana, si no sirven para que las sociedades progresen y sean cada vez mejores, algo anda mal, muy mal. Creo que un Tribunal Supremo tiene que ver más allá, no quedarse tan sólo en el ámbito de la juridicidad. Tiene que ver y prever. Acaso sería conveniente que en los pensa de las Facultades de Derecho se incluyese el estudio de Salomón así como del libro de Jueces (que forma parte de ese tratadillo de vida que llamamos "La Biblia"). Un Juez, y mucho más un Magistrado, debe entender que una sentencia no es tan sólo una opinión que se pueda tomar o dejar de lado.   Un "sentenciador" debe pasearse por cuánto y cómo su decisión impacta la vida de las personas, cuánto y cómo su fallo afecta la vida y sus quehaceres. Está obligado a ver mucho más allá del horizonte.   Si no, a este paso, en el mundo estamos próximos a alimentar computadoras con sistemas inteligentes con "data" que puedan comparar con cuerpos legales.   Las sociedades requieren mucho más que decisiones mecánicas.  En la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la sentencia Cabrera, ha triunfado la involución.   Algunos historiadores, Salcedo Bastardo incluido, consideran que a Venezuela el siglo XX le llegó puntualmente en 1936. A este paso, el siglo XXI llegará por ahí el 201o, o en el 2020, o en el 2030... Quién sabe...

Pero el problema no está en que alguien quiera pisarnos, sino en que nos dejemos pisar. Esto no se trata de un pleito entre Elías Santana y el Presidente de la República. No se trata de ponerse de parte de Santana como una manera de atacar al régimen. No se trata de competir por figuración o "rating". El asunto es mucho más trascendente.  Se trata de valores republicanos, de derechos ciudadanos.  Se trata de dejar de ser una coincidencia geográfica de veintitantos millones de egoístas habitantes, para finalmente y de una vez por todas  convertirnos en un país. El silencio es el asesino de la democracia.

Y cito a Liliana Ortega, quien a mi juicio ha logrado entender el problema en toda su magnitud y profundidad, que no se limitado a ver alguno que otro árbol, sino que ha entendido la necesidad de mirara el bosque: "... La libertad de pensamiento y de expresión (art. 13) constituye uno de los elementos  esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros". Hay que reconocerla, incluso cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete. Como ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, es ello una exigencia del "pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática"..."

Y recurro también a Gustavo Linares Benzo: "...El deporte más popular de toda democracia es denostar del jefe de Estado o de gobierno. Los programas cómicos, los artículos de opinión y la picardía de los periodistas se ceban sobre la autoridad, haciendo contrapeso a sus potestades. Lanzarse al ruedo político en una democracia implica abrirse al escrutinio público, irreverencia que es sin duda una de los más sólidas garantes de libertad..."

Me siento bastante más identificada con el pensamiento expresado por Asdrúbal Aguiar, pues creo que ha entendido el verdadero meollo del asunto:"  ... La sentencia de marras no es un hecho trivial o intrascendente; menos un asunto de eventual injusticia en el trato, por parte de un Juez equivocado, a un problema personal -el pleito de Santana con Chávez- que haya sido llevado a su conocimiento por un "individuo". Trátase, por el contrario, de un fallo que, asido en un debate puntual y sobre el que debía de pronunciarse su ponente de modo igualmente puntual, desborda sus contornos para legislar, por vía jurisprudencial, sobre el ejercicio por "todos" del derecho a la libertad de expresión; que es -como bien lo han dicho las Cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos- la base primaria y radical de la democracia, su fundamento esencial...".

Acaso eso es lo que nos va quedando a los ciudadanos de un país con un régimen casi autoritario disfrazado de democrático.  Si nos quitan eso, si la Sala Constitucional decide limitar y restringir el "derecho a  pataleo", se habrán caído las máscaras.

Creo que no es lo mismo la arena legal que la moral, y menos la política.  Pero creo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentenció abordando el asunto como un debate en las tres arenas. Pero acaso olvidó el sentenciador que como dijera el sabio, todos somos ignorantes, mas no en las mismas cosas. Siento que hubo una suerte de guiño constitucional.  Esta diatriba me hizo recordar a Churchill, quien - no recuerdo bien las palabras exactas - dijo una vez que la democracia es mala, pero todos los otros sistemas son peores.

Nos pica el gusanillo de la curiosidad. ¿Qué hubiera pasado de haberse dado una audiencia pública?

En fin, en mi próxima vida, en lugar de Comunicador Social, quizás sea más conveniente - y mucho menos riesgoso - ser Psicólogo Forestal. Amanecerá y veremos, dijo un ciego, y se quedó con los ojos claros y sin vista...

? Post Scriptum...

Curiosidades de la sentencia: En su texto se pueden contabilizar  37 "que" galicados, 23 errores de puntuación, 8 errores de acentuación, 9 errores de concordancia.

¿Quién es Jesús Eduardo Cabrera?
Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional. Nació en Valencia, Edo. Carabobo (1934). Egresó como abogado de la UCV (1957). Es
Abogado Procesalista y Profesor de la UCAB y la UCV.

El silencio es el asesino de la democracia.

Septiembre 24, 2001

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