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La Ley y el Orden: su relación con la sociedad

Lic. Genaro D. Salom


E
l conocimiento de la ley, su respeto y cumplimiento son indispensables para el desarrollo de la democracia  y el bienestar social en Latinoamérica. Estos factores son los pre-requisitos necesarios para poder alcanzar y mantener una sociedad ordenada, disciplinada y respetuosa. Así es como el pueblo podrá disfrutar de un nivel apropiado de paz, seguridad y tranquilidad.

Una de las principales responsabilidades de un gobierno es la aplicación de la ley. Debemos reconocer que en la región existe en la población en general un gran desconocimiento de muchas leyes benéficas a la sociedad.  El desconocimiento de la ley no es un pretexto para su violación. También encontramos una cantidad sustancial de personas que, teniendo conocimiento de la ley, simplemente la burlan o se comportan al margen de ella.  Esta situación de negligencia y apatía por ambas partes, el Estado y el pueblo, es característica de muchos países.

Es fundamental el entender que corresponde al Estado hacer respetar las leyes utilizando los sistemas adecuados de implementación y que el deber del ciudadano es respetarlas, lo cual no significa que para hacer cumplir la ley, los gobiernos o sus funcionarios violenten los derechos humanos de los ciudadanos.

El Estado y los funcionarios gubernamentales en muchos países no están en capacidad de aplicar efectivamente la ley y de velar por el orden. Esto se debe en parte a la idiosincrasia de estos pueblos, que implica ignorancia, indiferencia, corrupción y mal manejo por parte de los organismos responsables.

Un ejemplo que podemos citar, el cual muchos de nosotros vivimos a diario, es la situación del tránsito en las ciudades de alta densidad.  Antes que nada, debemos partir de que conducir un vehículo no es un derecho sino un privilegio, principio que no entienden la mayoría de los conductores.

Por otro lado, nos encontramos con un sinnúmero de vehículos que, debido a las malas condiciones en que se encuentran, representan un peligro no sólo para sus conductores sino también para otros vehículos y peatones.  Estos vehículos violando la ley no deben transitar por la vía pública.

El estacionar o detener vehículos en áreas de alto tránsito constituye una infracción y un riesgo innecesario, situación que vemos a diario.  La velocidad, tanto por exceso como por defecto, representa otro gran problema; además, el peatón no es respetado. Podemos mencionar muchas más instancias que constituyen violaciones de las leyes de tránsito, pero estamos seguros de que todos somos conscientes de la situación, pues sufrimos a diario sus consecuencias: pérdida de tiempo, frustración, estrés, retrasos, gasto de combustible, mayores niveles de contaminación y riesgo de accidentes fatales.

En el caso que nos ocupa, los Departamentos de Tránsito encargados de esta tarea no están aplicando efectivamente las leyes ni imponiendo las multas o sanciones de lugar. No existe un mecanismo adecuado de implementación, ni un organismo jurídico encargado exclusivamente de procesar a los infractores, como pudiera ser una Corte de Tráfico. Los Departamentos de Tránsito necesitan urgentemente mejorar y reformar, de manera radical, lo que se refiere a la implementación de las leyes de tránsito y conducta ciudadana.

En el marco de esta reforma es indispensable contemplar la creación de una Corte de Tráfico que procesaría todo lo relativo a infracciones vehiculares, accidentes, etc. Debemos incluir un sistema de multas y retención de licencia de conducir para poder controlar las infracciones. Este mecanismo jurídico sería autosuficiente económicamente y se nutriría de los ingresos recibidos por concepto de multas. Debe ser, además, autónomo e independiente dentro del sistema jurídico.

Para el eficiente funcionamiento de este mecanismo jurídico es indispensable que un departamento con una fuerza policíaca sea destinado exclusivamente a velar por el cumplimiento de las leyes de tránsito y conducta ciudadana.  Se necesita adiestrar a cabalidad a estos para que pueda desarrollar su función sin violentar los derechos de los ciudadanos. 

Prácticas de las instancias mencionadas como la de arrestar a individuos por no respetar la luz roja o cometer otro tipo de violaciones a las leyes de tránsito, deben desaparecer pues constituyen una violación de los derechos humanos y no son la manera adecuada de tratar esta problemática. 

Si reflexionamos sobre este ejemplo del tránsito, nos podemos dar cuenta de la gran necesidad que existe de concienciar a las poblaciones en lo que significa conocer, respetar y obedecer las leyes, no sólo las de tránsito sino todas las leyes pertinentes al bienestar social. 

Uno de los indicadores más precisos en lo que se refiere a la obediencia de "la Ley y el Orden" en una sociedad es el cumplimiento de las leyes de tránsito y el comportamiento en áreas publicas.  

El Latinoamérica se necesita hacer un esfuerzo para establecer el orden y lograr la aplicación de las leyes. Cumpliendo esta relevante misión, gozaríamos de un sistema de tránsito más eficaz y descongestionado y de una mejor conducta ciudadana en un ambiente más apacible, y, por ende, se produciría una mejora esencial en el comportamiento de la sociedad.

Hace una década el WIT (World International Transfer) consideraba a Santo Domingo como una de las ciudades con mayores niveles de contaminación del hemisferio. Los niveles de contaminación por ruido, por escapes de gases tóxicos eran, más que elevados, alarmantes. Para llegar a esta conclusión se tomaron en cuenta los bocinazos, los vehículos y motores sin mufflers, la música alta, entre otros.

Desde que se realizó este estudio ha pasado una década; la situación ahora en este país es mucho más inquietante.  No se respetan las zonas de clínicas, hospitales, escuelas o residenciales. Ni las horas de descanso de las personas. Todos estos sonidos ensordecedores quiebran la paz, acto que es ilegal, y generan estrés en la población. Lo que es peor aún, los partidos políticos en campaña proselitista contaminan irrespetuosamente con el ruido de sus equipos toda la ciudad, mientras se desplazan promocionando a sus candidatos.
 
Las obras de infraestructura que se están realizando, aunque necesarias, son simplemente un paño tibio al problema del tránsito, y a un alto costo.  Estamos poniendo la carreta delante de los caballos.  La implementación de "la Ley y el Orden" en las calles de nuestras ciudades es absolutamente indispensable y debe ser la primera medida, no la construcción de nuevas vías de transporte.

Recordemos que una sociedad se puede juzgar por su comportamiento en lo que se refiere al tránsito vehicular y la conducta ciudadana. Si juzgamos la situación en nuestros países y sus ciudades sobre la base de este principio, entenderemos, sin lugar a dudas, la necesidad acuciante de que se establezca el imperio de "la Ley y el Orden", el cual brilla por su ausencia en estos momentos en muchos países de la región.

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Junio 10, 2001

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