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Informe Anual de Amnistía Internacional: Actualización sobre América

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Selección de acontecimientos ocurridos en América entre enero y abril del 2001

 Informe Anual de Amnistía Internacional: América

 
Continuó la lucha contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Entre los progresos realizados en Argentina se encontraban la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en febrero) y la resolución del juez Gabriel Cavallo según la cual la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida eran inconstitucionales y no podían aplicarse en el caso de la «desaparición», ocurrida en 1978, de una pareja y su hija. En febrero, México accedió a extraditar a España al presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo. En Chile continuaron los procedimientos judiciales contra Augusto Pinochet por la muerte o «desaparición» de 75 personas en la llamada «caravana de la muerte».

En Perú se llevaron a cabo exhumaciones en un intento de aclarar las circunstancias de la muerte de 14 miembros del grupo armado de oposición Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante el sitio de la embajada japonesa en Lima en 1997. Mientras tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución sobre la matanza de Barrios Altos, perpetrada en 1991, consideró que las leyes de amnistía peruanas carecían de toda validez judicial.

En Guatemala se reanudaron en marzo los procedimientos judiciales sobre el asesinato, cometido en 1998, del obispo Gerardi; la reanudación tuvo lugar en una atmósfera de intimidación y acoso a jueces y testigos. Se presentó un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional española según la cual el tribunal español negaba tener jurisdicción para hacerse cargo de la querella presentada por Rigoberta Menchú.

En una decisión muy aplaudida, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió a revisar la cuestión de si la ejecución de presos que sufren retraso mental constituye una violación de la Octava Enmienda a la Constitución estadounidense, que prohíbe las penas crueles e insólitas. Esta decisión se tomó en el contexto de la ejecución prevista de Ernest McCarver en Carolina del Norte. A finales de marzo se suspendió en Tennessee, media hora antes del momento en el que debía llevarse a cabo, la ejecución de Philip Workman, a quien se concedió una vista para analizar pruebas que desde hacía tiempo ponían en duda su culpabilidad. Pese a ello, las ejecuciones continuaron. En los tres primeros meses del 2001 se llevaron a cabo 23, con lo que la cifra de presos ejecutados desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977 ascendió a 706.

El 3 de abril, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte para los delitos comunes.

En febrero, la situación de las prisiones en Brasil alcanzó su límite, con motines y tomas de rehenes en prisiones de todo el estado de São Paulo. Las rebeliones causaron la muerte de al menos 19 personas. Otro disturbio que estalló en marzo en el centro de detención Franco da Rocha, en São Paulo, indicó que continuaban los arraigados problemas del sistema de detención de menores de este estado, un sistema regido por la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor (FEBEM).

Ese mismo mes se declaró el estado de emergencia en Ecuador, y durante ese estado de emergencia se recibieron informes de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y acoso contra indígenas, dirigentes comunitarios, sindicalistas y estudiantes. También se informó de una oleada de homofobia que recorrió el país en marzo y abril, con amenazas de emprender una operación de «limpieza social» contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

En Jamaica, el 14 de marzo la policía mató a siete jóvenes, tres de ellos menores de 18 años, durante un presunto intento de detención en Braeton. Las circunstancias de las muertes de los jóvenes, abatidos a tiros, sugieren que se trató de homicidios ilegítimos.

Junio 10, 2001

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