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Argentina ante la Crisis: ¿Decadencia u oportunidad?

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Juan Carlos Venesia
Presidente del Instituto de Desarrollo Regional

 

A pocos años de su segundo centenario como Nación, Argentina atraviesa una profunda y compleja crisis económica, política, social e institucional, que impone la urgente tarea de replantear nuestra razón de ser como país, sentando las bases para recrear el tejido social y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Sin duda, esta crisis constituye un momento de inflexión histórica difícil y doloroso, pero frente a la alternativa del caos y la decadencia, las dificultades del presente también pueden constituir una ventana de oportunidades para reconstruir un modelo de Nación próspera, equitativa y solidaria, capaz de replantear su destino colectivo y reinsertarse en el mundo, aprovechando sus potencialidades y ventajas particulares.

Para asumir estos desafíos y recobrar protagonismo ante el contexto internacional, Argentina necesita contar con una clara estrategia de desarrollo, sobre la base de un modelo de crecimiento económico continuo y sostenido. La inserción e integración constituye un factor clave porque, como demuestra nuestra historia económica, los mayores niveles de crecimiento del país se dieron justamente durante los ciclos de mayor integración.

En un escenario de creciente globalización de la economía, no son viables las “utopías autárquicas”, ni los modelos predefinidos. En el marco de las profundas transformaciones que han sufrido en las últimas décadas la dinámicas y fisonomía de la sociedad contemporánea, la competitividad de un país no está dada ya por la simple existencia de “ventajas comparativas” clásicas (recursos naturales, geografía) –que son sin duda condiciones necesarias pero no suficientes para el logro del crecimiento y el desarrollo– sino por las ventajas competitivas que sea capaz de construir a partir de sus recursos específicos y del posicionamiento estratégico que consiga adoptar y proyectar a escala internacional.

Por lo tanto, hoy resulta imprescindible aumentar el nivel de nuestras exportaciones, agregándoles valor, incrementando sustancialmente su relación con el PBI, eliminando trabas y aranceles al sector agroalimentario, núcleo de la producción de nuestra región. Sin descuidar el desarrollo del mercado interno, el impulso a las exportaciones será la herramienta que nos permitirá insertarnos rápidamente y ser confiables ante el exterior. Para ello, es fundamental el esfuerzo de fortalecer posibles mercados en la Unión Europea y el ALCA, pero nuestra prioridad hacia el comercio exterior tiene que seguir siendo el MERCOSUR.

Para consolidar esta estrategia, será esencial lograr acuerdos sustentables en el tiempo entre los distintos actores públicos y privados, estableciendo modalidades nuevas y “virtuosas” de relacionamiento para el logro de una mayor prosperidad y bienestar general, y de allí que resulte hoy central replantearnos tanto el rol como la fisonomía del Estado argentino.

Frente a las utopías del “Estado mínimo”, y alejando al mismo tiempo el fantasma del “Estado Predatorio”, sobredimensionado e ineficiente en muchos aspectos (algo especialmente relevante para América latina en general y la Argentina en particular), la experiencia internacional demuestra que en aquellos países que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX contaron con Estados activos, verdaderos “agentes de desarrollo”, con capacidad de gestión estratégica y de negociación, debidamente articulados con los actores económicos de sus sociedades, sin descuidar el objetivo de aumentar la prosperidad general.

La revalorización del rol del Estado en el logro del desarrollo económico, y la pregunta acerca de qué tipo de Estado es capaz de cumplir adecuadamente estas funciones, han surgido especialmente de los estudio y reflexiones derivadas de la experiencia reciente de los países del Sudeste de Asia, que constituyeron los únicos ejemplos del Siglo XX de naciones que emprendieron una industrialización capitalista suficientemente exitosa como para alterar la jerarquía global de naciones. Por ejemplo, nótese que en el transcurso de una generación, Japón devino la principal economía rival de los Estados Unidos; en un lapso de tiempo similar, Corea y Taiwán pasaron de tener niveles de ingreso per cápita similares a los de África a lograr niveles en algunos casos superiores a los europeos.

Para los argentinos, asumir este reto no implica emular modelos. Por el contrario, implica ser capaces de aprender de las buenas experiencias y lograr superar una situación en la cual el Estado argentino se presenta en muchos aspectos como “problema”, encontrando mecanismos para que el Estado pueda ser adecuadamente reformado, constituyéndose así en “parte de la solución”, parafraseando la fórmula interpretativa formulada oportunamente por Peter Evans en sus estudios de la experiencia del Sudeste de Asia.

Sobre la base de la diversidad de espacios de reflexión sobre las reformas que la Argentina necesita, y tomando en consideración muchos de los puntos especialmente destacados en el debate público actual (Mesa de Diálogo Argentino, iniciativas de organizaciones de la sociedad civil como Conciencia o Poder Ciudadano, Documentos del Foro Regional Rosario) consideramos prioritaria la tarea de identificar un núcleo de coincidencias básicas sobre las cuales avanzar, lo que deberá confluir en una propuesta de recuperación institucional de la República Argentina, el fortalecimiento y racionalización del Estado, de su estructura financiera y del sistema democrático, incrementando la confianza ciudadana hacia lo público y hacia la clase dirigente.

Sin pretender ser exhaustivos, propondremos algunos temas que consideramos especialmente relevantes para orientar la reflexión, discusión y el diseño de propuestas de reforma, con la voluntad de establecer áreas prioritarias que deben ser especialmente atendidas en el debate actual.

A continuación, presentaremos algunas propuestas de reforma política y de reforma institucional del Estado, que consideramos viales para fortalecer nuestras instituciones, fortalecer las capacidades del Estado, superar la creciente crisis de representación que hoy cuestiona el contrato celebrado entre representantes y representados, y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en la esfera de la acción política, pilar de toda sociedad democrática y abierta al futuro.

Propuestas para la Reforma Política:

La modificación del Régimen Presidencialista y la del procedimiento de Reforma Constitucional, son esenciales, por cuanto constituyen los pilares de nuestro régimen político, que hoy se encuentra interrogado por la sociedad y cuestionado en su legitimidad.

Otras reformas que contribuirían a mejorar la calidad de nuestro sistema de representación, y en aras de transparentar el funcionamiento de los partidos políticos, son la unificación de mandatos ejecutivos y legislativos, con elecciones cada 4 años; la creación de un nuevo régimen de Partidos Políticos, con internas abiertas y simultáneas, mecanismos públicos y transparentes de financiamiento y la posibilidad de plantear candidaturas independientes por fuera de las estructuras tradicionales.

Al mismo tiempo se impone con toda urgencia eliminación los gastos reservados, gastos de representación y viáticos excesivos e injustificados en todos los niveles del Estado.

Propuestas de Reforma Institucional del Estado:

Atendiendo a razones de eficiencia y maximización de los recursos públicos, proponemos que se efectúe una reducción operativa en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, eliminando ciertas estructuras burocráticas y evitando la superposición de funciones entre Nación, Provincias, Municipios y Comunas.

Teniendo en cuenta el profundo descrédito en que han caído las instituciones del Poder Judicial, debería realizarse una profunda reforma del Sistema, tanto a nivel federal como provincial, resguardando así el sentido de equidad y la seguridad de los contratos.

La optimización de los Organismos de Control sobre los actos de gobierno en todos los niveles y responsabilidades (fortalecimiento de los Tribunales de Cuentas, Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Auditorias Externas) son medidas encaminadas a aumentar la transparencia de la gestión pública y lograr mayores niveles de credibilidad de parte de sociedad civil.

Al mismo tiempo, atendiendo al objetivo de hacer más transparente la gestión pública ante la ciudadanía, deben publicitarse las acciones del Estado, diseñando sistemas de publicación amplia y detallada de la información presupuestaria y cuentas públicas, por objetivos y resultados.

La reestructuración de los sistemas de reclutamiento e incentivos al personal empleado en el Estado, debe modificarse el marco legal de la contratación de funcionarios y empleados públicos, incorporando criterios tales como ingreso por Concurso Público, eliminación de la Estabilidad y reforma del régimen remunerativo del funcionario público, con incentivos y bonificaciones en relación a los resultados de gestión.

Para enfrentar adecuadamente el flagelo de la pobreza, la desigualdad y los levados índices de exclusión social que golpean a nuestro país, deben diseñarse sistemas transparentes y eficaces de asistencia social, que eviten la superposición de programas, la proliferación de intermediadores entre los programas y los beneficiarios, y corrijan la ineficiencia del gasto. 

La revisión de los sistemas previsionales nacionales, provinciales, municipales y privados, debe ser acompañada por la efectiva eliminación de jubilaciones de privilegio y distorsiones nocivas.

Para fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, regionalizar el país y descentralizar las obligaciones de gastos y recaudación tributaria de impuestos desde la Nación hacia las Regiones y las Provincias, son reformas centrales y prioritarias.

La efectiva institucionalización del principio de Autonomía municipal (reconocida en la Constitución Nacional de 1994 pero aún sin vigencia en varias provincias argentinas, entre ellas la de Santa Fe) y la transferencia de la prestación de servicios básicos hacia las administraciones locales (atendiendo al criterio de “subsidiaridad”) son acciones encaminadas en el mismo sentido.

Estos puntos no constituyen una agenda de gobierno; más bien, pretenden constituir algunas de las bases que nos permitirán darnos una mejor calidad institucional y política. La experiencia internacional abunda en ejemplos de países que lograron sentar las bases para el desarrollo dinámico de sus respectivas sociedades a través de acuerdos políticos que luego se extendieron a otros temas (competitividad, seguridad social, legislación laboral, educación).

Por lo tanto, es fundamental que los argentinos logremos recrear una visión común que nos permita definir qué lugar queremos ocupar en el mundo, qué tipo de sociedad y qué modelo de desarrollo somos capaces de construir, transparentando y democratizando las formas de hacer política, superando los déficit de legitimidad de nuestro régimen político actual y, fundamentalmente, recuperando y fortaleciendo capital social, pilar de todo proceso de transformación y cambio democrático.

Junio 3, 2002

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