Madrid.
— El acontecimiento del enlace regio del 22 de mayo en Madrid
puede soslayar cruciales aspectos institucionales más allá de la
ceremonia nupcial. Detrás residen una serie de detalles
fundamentales para entender la centralidad de la institución
política que tanto se juega con la boda.
Conviene
recalcar que el sistema político español iniciado en noviembre de 1975, desde
unas horas después de la muerte de Franco hasta las primeras elecciones
democráticas celebradas en junio de 1977, era una monarquía centralizada,
heredada del franquismo. La legislación entonces en efecto puso en marcha los
mecanismos sucesorios por los cuales los poderes detentados por el dictador
eran heredados por el monarca como Jefe de Estado. Los meramente ejecutivos
eran ejecutados por el Presidente del Gobierno, por aquel entonces Carlos Arias
Navarro.
Solamente
suavizado por la Ley de la Reforma política aprobada en 1976, que permitió el
paso a una democracia plena, el sistema político pasó a ser una Monarquía
Parlamentaria, pero tuvo que ser anclada con la aprobación de la Constitución
de 1978. Aunque los mecanismos constitucionales reservan el ejercicio de las
funciones gubernamentales al Presidente del Gobierno, las legislativas al
Congreso de los Diputados, y las judiciales a los tribunales, en buena
distribución al estilo de Montesquieu, conviene no perder de vista que la
monarquía disfruta de un lugar primordial, no meramente ceremonial o simbólico
(que los tiene), sino fundamentalmente legal.
La institución
monárquica detenta dos funciones pivotales. La Corona es la máxima
representación del Estado de cara al exterior (y muy especialmente hacia los
países iberoamericanos). El monarca es el Comandante en Jefe de las fuerzas
armadas, como detentadoras del núcleo de soberanía dura delegada por los
ciudadanos. Entre sus funciones específicas destaca el nombramiento del
Presidente del Gobierno, previa presentación de la decisión del Congreso (según
los resultados de las elecciones o los compromisos postelectorales) y la
prerrogativa de declarar la guerra y hacer la paz (previa autorización de las
Cortes, claro está).
Naturalmente,
todos estos poderes y privilegios (como recibir embajadores y aprobar los
tratados internacionales) están visiblemente limitados y reducidos a un valor
simbólico, ya que todo el edificio constitucional y político español gira
alrededor de la competencia de las Cortes, como receptora de la soberanía
nacional. Pero desde el punto legal, las especificidades en que la monarquía
tiene una función explícita se convierten en cruciales y su potencial violación
traspasaría el umbral de la anticonstitucionalidad.
De ahí que el
futuro de la institución monárquica dependa, en gran manera, de cómo se
desarrolle el guión tras la boda del príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz.
Ambos son sumamente inteligentes y, sobretodo, despiertos y alerta. El, porque
ha tenido que cumplir con unas reglas drásticas toda su vida. Ella, porque
debió de tomar una decisión de vértigo. La catapultaba a estar destinada a
ejercer como Reina de España, que no es una minucia, sobretodo si se traduce a
otros idiomas (hágase la prueba).
Conscientes de
lo que se juegan, el Príncipe y la Princesa de Asturias serán escrutados por la
prensa y los ciudadanos, ganándose el futuro puesto a pulso, con un precedente
impotente. El listón de la corrección y efectividad se lo han puesto muy alto
los padres del novio.
Paradójicamente, en contraste con lo que pueden pensar los observadores poco
precavidos, las reticencias y las críticas a su futuro papel detentador de la
Monarquía no vendrán de liberales o de la izquierda, ni siquiera de los
partidos explícitamente republicanos, sino de los conservadores y de los
“monárquicos de toda la vida”. Estos, reforzados por la nobleza dinosáurica,
han permanecido discretamente mudos durante este largo cuarto de siglo, a la
espera del primer error del Rey Juan Carlos o la Reina Sofía. Impecables en su
función (sobre todo ella, calificada certeramente por su marido en una rarísima
entrevista como “una gran profesional”), el resquemor por no haber establecido
una “corte” se lo pueden traspasar a la joven pareja, y sobretodo a Leticia
Ortiz (por su origen plebeyo, su previo divorcio, y su naturalidad
independiente).
La izquierda,
sobretodo el entorno de los socialistas, ha sido el más firme apoyo de la
Monarquía, a la que vislumbraron tempranamente como aliada y garantizadora de
la consolidación de la democracia, en estadio precario durante los primeros
años de la transición. Esto se vio cristalinamente en el intento de golpe de
estado de 1981, frenado de cuajo por el propio monarca. Escarmentado en su
abuelo Alfonso XIII, que perdió el trono por alentar la dictadura de Primo de
Rivera, Juan Carlos también estaba consciente de que la familia de su mujer
perdió el trono de Grecia cuando su hermano Constantino se confabuló con los
coroneles.
Finalizada la luna
de miel, errores más insignificantes no van a ser permitidos por el pueblo
español. Menos monárquicamente embelesado que el británico, los españoles
tienen menos paciencia: con un 10% de las travesuras reales en Londres, la
monarquía española se habría terminado en unas semanas. Felipe y Letizia lo
saben. Se van a tener que ganar el puesto a pulso.
Joaquín Roy es
catedrático ‘Jean Monnet’ y Director del Centro de la Unión Europea de la
Universidad de Miami.
jroy@miami.edu
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Mayo 25, 2004
