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Más allá de la boda real

[Joaquín Roy] (1)


Madrid
. — El acontecimiento del enlace regio del 22 de mayo en Madrid puede soslayar cruciales aspectos institucionales más allá de la ceremonia nupcial. Detrás residen una serie de detalles fundamentales para entender la centralidad de la institución política que tanto se juega con la boda.

Conviene recalcar que el sistema político español iniciado en noviembre de 1975, desde unas horas después de la muerte de Franco hasta las primeras elecciones democráticas celebradas en junio de 1977, era una monarquía centralizada, heredada del franquismo. La legislación entonces en efecto puso en marcha los mecanismos sucesorios por los cuales los poderes detentados por el dictador eran heredados por el monarca como Jefe de Estado. Los meramente ejecutivos eran ejecutados por el Presidente del Gobierno, por aquel entonces Carlos Arias Navarro.

Solamente suavizado por la Ley de la Reforma política aprobada en 1976, que permitió el paso a una democracia plena, el sistema político pasó a ser una Monarquía Parlamentaria, pero tuvo que ser anclada con la aprobación de la Constitución de 1978. Aunque los mecanismos constitucionales reservan el ejercicio de las funciones gubernamentales al Presidente del Gobierno, las legislativas al Congreso de los Diputados, y las judiciales a los tribunales, en buena distribución al estilo de Montesquieu, conviene no perder de vista que la monarquía disfruta de un lugar primordial, no meramente ceremonial o simbólico (que los tiene), sino fundamentalmente legal.

La institución monárquica detenta dos funciones pivotales. La Corona es la máxima representación del Estado de cara al exterior (y muy especialmente hacia los países iberoamericanos). El monarca es el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, como detentadoras del núcleo  de soberanía dura delegada por los ciudadanos.  Entre sus funciones específicas destaca el nombramiento del Presidente del Gobierno, previa presentación de la decisión del Congreso (según los resultados de las elecciones o los compromisos postelectorales) y la prerrogativa de declarar la guerra y hacer la paz (previa autorización de las Cortes, claro está).

Naturalmente, todos estos poderes y privilegios (como recibir embajadores y aprobar los tratados internacionales) están visiblemente limitados y reducidos a un valor simbólico, ya que todo el edificio constitucional y político español gira alrededor de la competencia de las Cortes, como receptora de la soberanía nacional. Pero desde el punto legal, las especificidades en que la monarquía tiene una función explícita se convierten en cruciales y su potencial violación traspasaría el umbral de la anticonstitucionalidad.

De ahí que el futuro de la institución monárquica dependa, en gran manera, de cómo se desarrolle el guión tras la boda del príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. Ambos son sumamente inteligentes y, sobretodo,  despiertos y alerta. El, porque ha tenido que cumplir con unas reglas drásticas toda su vida. Ella, porque debió de tomar una decisión de vértigo. La catapultaba a estar destinada a ejercer como Reina de España, que no es una minucia, sobretodo si se  traduce a otros idiomas (hágase la prueba).

Conscientes de lo que se juegan, el Príncipe y la Princesa de Asturias serán escrutados por la prensa y los ciudadanos, ganándose el futuro puesto a pulso, con un precedente impotente. El listón de la corrección y efectividad se lo han puesto muy alto los padres del novio.

Paradójicamente, en contraste con lo que pueden pensar los observadores poco precavidos, las reticencias y las críticas a su futuro papel detentador de la Monarquía no vendrán de liberales o de la izquierda, ni siquiera de los partidos explícitamente republicanos, sino de los conservadores y de los “monárquicos de toda la vida”. Estos, reforzados por la nobleza dinosáurica, han permanecido discretamente mudos durante este largo cuarto de siglo, a la espera del primer error del Rey Juan Carlos o la Reina Sofía. Impecables en su función (sobre todo ella, calificada certeramente por su marido en una rarísima entrevista como “una gran profesional”), el resquemor por no haber establecido una “corte” se lo pueden traspasar a la joven pareja, y sobretodo a Leticia Ortiz (por su origen plebeyo, su previo divorcio, y su naturalidad independiente).

La izquierda, sobretodo el entorno de los socialistas, ha sido el más firme apoyo de la Monarquía, a la que vislumbraron tempranamente como aliada y garantizadora de la consolidación de la democracia, en estadio precario durante los primeros años de la transición. Esto se vio cristalinamente en el intento de golpe de estado de 1981, frenado de cuajo por el propio monarca. Escarmentado en su abuelo Alfonso XIII, que perdió el trono por alentar la dictadura de Primo de Rivera, Juan Carlos también estaba consciente de que la familia de su mujer perdió el trono de Grecia cuando su hermano Constantino se confabuló con los coroneles.

Finalizada la luna de miel, errores más insignificantes no van a ser permitidos por el pueblo español. Menos monárquicamente embelesado que el británico, los españoles tienen menos paciencia: con un 10% de las travesuras reales en Londres, la monarquía española se habría terminado en unas semanas. Felipe y Letizia lo saben. Se van a tener que ganar el puesto a pulso.

                      

Joaquín Roy es catedrático ‘Jean Monnet’ y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

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Mayo 25, 2004
 

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