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Por la abolición de las “leyes de desacato”

Raymond Louw (1)
Director y Editor,
Southern Africa Report

“Quien, a través de amenazas o insultos, ofenda al Presidente de la República, o a quien funja una posición ejecutiva, será condenado entre seis meses y dos años en prisión y a pagar una multa”.  Esta ley se aplica también a ofensas contra miembros del parlamento, jueces y magistrados, pudiendo también ser castigadas personas que no muestren el debido respeto a instituciones públicas con palabras, gestos o acciones ultrajantes o que provoquen disturbios u obstrucciones.
(Extracto de la “Ley de desacato” en Ecuador)


E
n los dos siglos desde la emancipación de los países africanos del yugo colonialista, ha habido un fuerte afán de deshacerse de los símbolos y de las prácticas del régimen colonial.  Las facciones revolucionarias examinaron una serie de leyes opresivas y las restricciones flagrantes a la libertad fueron suprimidas rápidamente de los códigos. En algunos países, se instauraron numerosas libertades constitucionales muy saludables.

Sin embargo, el fervor revolucionario nunca ha llegado a abolir una de las disposiciones más inicuas de la herencia jurídica colonial: la que concierne a la protección rigurosa del “derecho divino de los reyes” o, en su versión más actualizada, de los presidentes y sus colaboradores. Se trata de las “leyes de desacato”,  que protegen a los presidentes y a otros representantes estatales de cualquier escrutinio de su conducta.  En mucho países, estas leyes se usan implacablemente contra los periodistas.

Bajo las “leyes de desacato” se imponen severas condenas de prisión a los periodistas que se refieran a los jefes o representantes del estado en términos que se consideren “ofensivos”. Se han empleado también para condenar las denuncias de acciones reprensibles de la policía o de los militares, para censurar material políticamente embarazoso, y para impedir referencias negativas a los símbolos o instituciones estatales. El hecho de aludir a una enfermedad del presidente o de otro representante del estado – que podría sugerir que la persona no está capacitada para cumplir con sus deberes – basta para que el autor se vea acusado de cometer un delito y condenado a penas prolongadas de prisión. La veracidad o la imparcialidad de la información no vienen a cuento y son varios los casos de editores y periodistas encarcelados en la región por haber difundido este tipo de noticias.

La existencia de “leyes de desacato” significa que un futuro gobierno o déspota pueden echar mano a ellas en cualquier momento. Estas leyes tienen un efecto disuasivo para los directores de periódicos y periodistas, quienes tienen la alternativa de ignorarlas con el riesgo de encontrarse en prisión o de ejercer la autocensura.

Las “leyes de desacato” no tienen razón de ser en países que se precian de democráticos. Es más, resulta imposible instaurar las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 19), a la cual adhieren la mayoría de las naciones, sin respetar seriamente las disposiciones allí enunciadas. Tampoco puede prosperar la democracia si la libre circulación y difusión de la información se ven restringidas por estas leyes. Este año, en Chad, dos periodistas fueron encarcelados por haber supuestamente difamado al director de servicios sociales del Ministerio de Acción Social y de la Mujer. Los periodistas acusaron al director de haberse vengado de unos presuntos ladrones de joyas torturándolos hasta la muerte de uno de ellos. Según la policía, el hombre falleció a raíz de una enfermedad incurable y ni siquiera había sido detenido.

No puede existir un buen gobierno si los medios informativos no disponen de la libertad de recabar y difundir información, y esta libertad no puede garantizarse mientras perduren las barreras legales que protegen a las autoridades del escrutinio de sus actividades y conductas. En Kenya, las leyes de desacato se abolieron en 1996. En África del Sur, sólo es considerado aún como delito la difamación criminal. Doce países más han abolido las “leyes de desacato” en el mundo. Estas cifras demuestran que el problema dista mucho de haber sido remediado. Es por ello que, con el objeto de combatir la vigencia y la aplicación de leyes de desacato en el continente africano, ciertas organizaciones de defensa de la libertad de prensa han presentado una propuesta para que la Unión Africana inicie su propia campaña de buen gobierno a través del continente con un llamamiento a la abolición de todas las “leyes de desacato” en los países miembros.

(Para una ampliación haga Click sobre la Imagen)

Nota sobre la campaña contra las “leyes de desacato”

El World Press Freedom Committee, Article 19, el Media Institute of Southern Africa, el Instituto Internacional de Prensa, Journaliste en Danger y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) han lanzado un llamamiento a otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa destinado a concienciar al público de esta problemática particular en la fecha conmemorativa del 3 de mayo, ejerciendo presión sobre los gobiernos en aquellos países donde dichas leyes siguen vigentes, o manifestando su apoyo a la supresión de estas leyes en todo el mundo a través de sus organismos afiliados regionales e internacionales. Estas leyes, que se emplean contra los medios informativos cuando las referencias personales a jefes o representantes del estado se consideran ultrajantes o cuando los periodistas denuncian conductas oficiales indebidas, constituyen una afrenta directa a la libertad de prensa y de expresión.

Para unirse a esta iniciativa de concienciación de las leyes de desacato en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dirigirse a la dirección siguiente en el World Press Freedom Committee (WPFC): [mgreene@wpfc.org]

1. Raymond Louw es Director y Editor del Southern Africa Report, boletín informativo de actualidades en África del Sur, y Representante Africano del Comité Mundial para la Libertad de Prensa (World Press Freedom Committee, WPFC). Es también el antiguo Director del Rand Daily Mail. Reside actualmente en África del Sur.

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Abril 28, 2003
 

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