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Introducción a los Informes por Países sobre
Prácticas de Derechos Humanos en 2001

Favor poner en "Asunto" el título y autor del artículo

Lorne W. Craner
Secretaria adjunta de Estado
Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

Prefacio de los Informes por Países Colin Powell>
Reportes por países>

 

I.  Derechos Humanos y Seguridad Nacional

Para Estados Unidos, y de hecho para el mundo entero, 2001 fue un año en el que el terrorismo mundial trajo abruptamente al primer plano la importancia de los derechos humanos universales.

El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. Como lo declaró el presidente Bush en su Mensaje sobre el Estado de la Unión, "en un solo instante comprendimos que esta será una década decisiva en la historia de la libertad, que hemos llamado a desempeñar un papel único en los eventos humanos. Rara vez el mundo ha encarado una opción más clara o de mayores consecuencias... Elegimos la libertad y la dignidad de todas las vidas". Esta opción refleja tanto los valores estadounidenses como la
universalidad de los derechos humanos que, constantemente, han ganado aceptación internacional durante los últimos 50 años.

A medida que Estados Unidos y nuestros socios internacionales comprometen recursos a la lucha contra el terrorismo, lo hacemos así por todos aquellos que respetan y ansían los derechos humanos y la democracia. Nuestra lucha contra el terrorismo esparte de una lucha más amplia por la democracia. En palabras del presidente Bush, "Norteamérica liderará defendiendo la libertad y la justicia, porque son justos y verdaderos e inmutables para toda la gente en todas partes. Ninguna nación es dueña de estas aspiraciones, y ninguna está exenta de ellas. No tenemos intenciones de imponer nuestra cultura. Pero Norteamérica se mantendrá siempre firme en favor de las demandas no negociables de la dignidad humana: el imperio del derecho, los límites al poder del estado, el respeto a la mujer, la propiedad privada, la libertad de expresión, la justicia igualitaria y la tolerancia religiosa". Este mundo de democracia, oportunidad y estabilidad es un mundo en el que el terrorismo no puede prosperar.

Si bien la batalla apenas si ha comenzado, ya hemos logrado objetivos significativos. Los ciudadanos afganos han sido liberados del dominio brutal y opresor del Talibán. Las mujeres afganas, que sufrieron violencia y represión, empiezan ahora a retomar sus funciones en la sociedad. En verdad, Afganistán es un triunfo de los derechos humanos en 2001.

Sin embargo, hay mucho más trabajo por hacer. Los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2001 capta un mundo que todavía se tambalea y reacciona ante los eventos de septiembre pasado. Pero la misión central de los Informes sigue siendo la misma: darles una voz a aquellos a quienes les han sido denegadas las libertades y derechos que provee la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los Informes confirman que la batalla de ideas entre aquellos que suprimen la democracia y los derechos humanos y aquellos que quisieran verlos florecer sigue lejos de haber terminado. Sólo mediante la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales puede la comunidad internacional estar a salvo del flagelo del terrorismo.

II.  Evaluación del Año:
Acontecimientos en Derechos Humanos, Democracia y Trabajo


Los ataques al Centro Mundial del Comercio y el Pentágono y el comienzo subsecuente de la guerra internacional contra el terrorismo a fueron los acontecimientos definitorios de 2001. Estados Unidos, reuniendo a un grupo dispar de naciones en una coalición internacional, encabezó la marcha en una campaña para defender la paz, la seguridad y la libertad. Además de unir al mundo en una causa común, este esfuerzo ha ofrecido una oportunidad de ampliar, con una amplia gama de países, el diálogo sobre derechos humanos y libertades fundamentales.

Cambios Institucionales:

Tal vez en ninguna parte fue el cambio institucional más significativo que en Afganistán, donde llegaron a su fin 5 años de régimen Talibán represivo. Si bien todos los afganos sufrieron bajo el régimen cruel y arbitrario del Talibán, las mujeres se vieron particularmente afectadas, dado que a ellas se les negaron sus derechos y libertades civiles y se las relegó efectivamente a un estado de no existencia en la sociedad. A fines del año, los miembros de la comunidad internacional se comprometieron a reconstruir Afganistán, incluyendo la formación de un gobierno de amplia base y pluralista. Entre los nuevos ministros nombrados en el gobierno provisional hubo dos mujeres. Además, tres mujeres fueron nombradas miembros del "loya jirga", un consejo consultivo de ancianos.

En Perú, las elecciones presidenciales y legislativas cumplieron en general con las normas internacionales para las elecciones libres y justas y demostraron un impulso hacia la reforma democrática en la región. Tanto el presidente en transición Valentín Paniagua, que tomó las riendas del poder luego de la partida del presidente Fujimori, como el presidente Alejandro Toledo dieron durante el año pasos significativos para corregir abusos anteriores, combatir la corrupción y establecer la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno de Fujimori.

La Organización de los Estados Americanos aprobó una histórica Carta Democrática Interamericana, que declara claramente que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia, y que sus gobiernos tienen una obligación de promoverla y defenderla. La fecha de aprobación de la carta fue, de modo significativo, el 11 de septiembre, apenas unas horas después de los ataques terroristas.

En el Mediano Oriente, varios países tomaron medidas en dirección de mayores prácticas democráticos y pluralismo en la vida pública. Por ejemplo, en Bahrein el emir anuló la Ley de Seguridad del Estado, que permitía el arresto arbitrario, la detención prolongada y el exilio forzoso, y llevó a cabo un referendum nacional en el que votantes masculinos y femeninos respaldaron un plan para restablecer el régimen constitucional. El gobierno liberó también a todos los presos políticos, tomó medidas para estimular el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y creó un ambiente favorable al discurso político abierto, e inscribió a la Sociedad de Derechos Humanos de Bahrein, la primera organización de derechos humanos del país. Los acontecimientos en Qatar y Omán también fueron alentadores en 2001.

Derechos Políticos:

Las elecciones abiertas y transparentes y la transferencia pacífica del poder señalaron el advenimiento de varios gobiernos elegidos democráticamente. Tailandia celebró las primeras elecciones de miembros de su Cámara de Representantes de acuerdo con la constitución de 1997, luego de la elección de senadores -- que previamente eran designados por el rey -- en 2000. Timor Oriental siguió marchando hacia la independencia con su primera elección desde el referendum de 1999 sobre la independencia. El pueblo de Timor Oriental votó por una asamblea constituyente que inició conversaciones sobre cómo quedaría estructurado el nuevo estado. En Kosovo,
elecciones bien organizadas atrajeron participación de todas las comunidades étnicas. Bangladesh consolidó aún más su democracia celebrando exitosamente su tercera elección parlamentaria el 1 de octubre. La elección señaló la tercera transferencia democrática del poder entre gobiernos nacionales desde 1991.

En contraste, el hostigamiento, la intimidación, la violencia, las amenazas de muerte perjudicaron las elecciones y el proceso político en varios países. El líder belaruso Aleksandr Lukashenko prorrogó su periodo en septiembre mediante un proceso que no cumplió las promesas de elecciones democráticas hechas por el gobiearno a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Alegaciones de irregularidades en el proceso electoral en Madagascar fueron causa de demostraciones
masivas en ese país.

El proceso conducente a las elecciones de 2002 en Zimbabwe fue dañado por una campaña de violencia e intimidación contra la oposición, un colapso del imperio del derecho y el socavamiento de las instituciones democráticas, tales como la  independencia del poder judicial y los medios de comunicación, lo cual arrojó serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Durante los preparativos de las elecciones camboyanas de 2002, la cantidad de asesinatos motivados aparentemente por razones políticas aumentó agudamente. Varios meses antes de las elecciones han salido a relucir informes de compra de votos.

El gobierno cubano continuó denegándoles a sus ciudadanos derechos fundamentales civiles y políticos. La expresión política siguió prohibida, y el gobierno cubano continuó encarcelando gente por razones políticas, inclusive por simplemente criticar al gobierno. El gobierno siguió negándose a permitir que las organizaciones internacionales inspeccionen las prisiones.

En Turkmenistán, el gobierno siguió denegándoles a sus ciudadanos muchos derechos políticos fundamentales. No fueron permitidos los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales independientes.

Conflictos internos y de otro tipo:

Si bien en muchos países los conflictos persistentes continuaron oponiéndose a los esfuerzos para proteger los derechos de la persona, hubo en algunos países indicios de que los esfuerzos para obtener más paz y estabilidad daban frutos. La Misión Observadora de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo comenzó a adelantar sus planes de ayudar al desarme y desmovilización voluntarias de los grupos armados no firmantes en el Congo, como se dispone en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka. Burundi negoció una estructura administrativa intermedia e inauguró el 1 de noviembre un Gobierno de Transición. Los facilitadores internacionales pudieron impedir que el conflicto interno estallara en Macedonia, cuando mediaron en la negociación de un acuerdo de paz que les garantizó más derechos a los albaneses étnicos.

Los grupos terroristas palestinos, inclusive algunos miembros de las fuerzas de seguridad y Tanzim de Fatah, mataron a 208 soldados y civiles israelíes en la violencia que comenzó en septiembre de 2000. La violencia se intensificó en Israel, Cisjordania y Gaza. Aumentaron los ataques terroristas a civiles israelíes, inclusive numerosos atentados dinamiteros y tiroteos suicidas. Las fuerzas de seguridad israelíes usaron en ocasiones exceso de fuerza en contravención de sus propias reglas de acción, para matar a 501 palestinos y herir a millares en respuesta a ataques terroristas, manifestaciones violentas y otros choques en Israel, Cisjordania y Gaza.

El temor de que la campaña antiterrrorista trascendiera fuera de Afganistán y lo que se percibió como una oportunidad de legitimar medidas contra los activistas musulmanes uigures acomodándolas bajo la cubierta del antiterrorismo condujo a una intensificación de una represión en la Región Autónoma de Xinjiang, en China, a fines de año. Funcionarios del gobierno chino afirmaron que algunas personas involucradas en actividades políticas o religiosas legítimas participaban, de hecho, en actividades terroristas o mantenían vínculos con al-Qaida.

Fuerzas rusas continuaron erradicando combatientes separatistas en Chechenia durante el año. Estas barridas estuvieron a menudo acompañadas de informes creíbles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, extorsión, tortura y detención arbitraria.

En Colombia, persistieron el conflicto interno y la violencia incontrolable -- tanto criminal como política - de larga data y ampliamente diseminados. Se estima que de 3.000 a 3.500 colombianos murieron durante el año como resultado del conflicto, que involucró a fuerzas militares, grupos paramilitares y las guerrillas. El gobierno siguió trabajando para poner fin a la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, que fueron responsables de la mayor parte de los asesinatos. Los grupos guerrilleros siguieron secuestrando a gran cantidad de ciudadanos para obtener rescate. Periodistas, empleados judiciales, trabajadores de derechos humanos y sindicalitas se contaron entre aquellos que los diferentes grupos tomaron como blancos. Además, siguió en aumento la población de desplazados internos.

Integridad de la personal:

Los arrestos arbitrarios, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales siguieron siendo recursos corrientes de la represión política y religiosa. Las fuerzas de seguridad con mucha frecuencia torturan a los detenidos en China, Indonesia, Kenia, Birmania, Uzbekistán, México y muchos otros países. En Turquía la tortura siguió siendo un problema grave, aunque disminuyeron los casos denunciados. En Birmania el arresto arbitrario siguió siendo una amenaza constante a las libertades civiles. A pesar de que en Birmania se liberaron unos 200 presos políticos durante el año, centenares más permanecían en la prisión. Similarmente, a pesar que Uzbekistán liberó a unos 800 presos acusados de delitos contra la constitución, otros miles quedaron encarcelados.

Las garantías del debido proceso de ley y de los juicios públicos justos y oportunos siguieron sin estar disponibles en muchos países. En Rusia una serie de casos denominados de espionaje plantearon durante el año preocupaciones en cuanto a la falta del debido proceso de ley por la influencia del Servicio de Seguridad Federal en los casos en corte. En Zimbabwe el gobierno perjudicó la independencia del poder judicial al presionar a los magistrados a renunciar y reemplazarlos con quienes eran considerados más favorables a las políticas del partido gobernante.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió un informe sobre las desapariciones ocurridas en la década de 1970. De las 532 desapariciones documentadas en el informe 275 supuestamente involucran a las autoridades públicas. El presidente Fox dio un importante primer paso para resolver esas violaciones del pasado al nombrar un fiscal especial para investigar los casos planteados en el informe.

El régimen de Lukashenko en Belarús no adoptó ninguna medida seria para determinar la responsabilidad de las desapariciones políticamente motivadas que datan de 1999. Versiones creíbles señalan la presencia de un "escuadrón de la muerte" del régimen que opera desde el Ministerio del Interior, responsable de la desaparición de prominentes figuras de la oposición y de un periodista independiente. Un individuo acusado de ordenar las desapariciones fue colocado a cargo de las investigaciones. Las
denuncias hechas por los investigadores, que posteriormente buscaron asilo en el extranjero, indicaron que el régimen estaba bloqueando una investigación completa.

A pesar de que las condiciones carcelarias siguen siendo severas en Kazajstán, el gobierno tomó algunas medidas para mejorar la situación y tratamiento de los prisioneros.

Libertad de prensa:

Los gobiernos que perdían apoyo popular otra vez atacaron a periodistas y los medios de prensa independientes. En Zimbabwe el presidente Mugabe expulsó a los periodistas extranjeros y propuso medidas para frenar la libertad de prensa en el país.

El gobierno de Liberia continuó reprimiendo e intimidando a la prensa libre. Incidentes similares de ataques políticamente motivados contra la prensa libre ocurrieron en los estados postsoviéticos y en Rusia, donde hubo la aparente manipulación por el gobierno del sistema legal, con el fin de lograr el control de la red nacional de televisión independiente NTV. Cuando NTV fue absorbida por Gazprom, la empresa estatal de gas, TV-6 se convirtió en la última estación independiente de Rusia. A fines de año TV-6 también fue objeto de ataques del accionista Lukoil-Garant, empresa en parte propiedad del gobierno ruso. La falta de una investigación rápida y transparente sobre el asesinato, ocurrido el año 2000, del periodista independiente ucraniano Heorhiy Gongadze sigue siendo una gran causa de preocupación para los observadores.

Azerbayán lanzó otra represión contra la prensa independiente a mediados de año, intimidando y apresando a periodistas por sus opiniones críticas de funcionarios de gobierno. Sin embargo, a fin de año el presidente pidió poner fin al acosamiento de los
periodistas, y luego de muchos años de intentar lograr licencias, varias estaciones de televisión de todo el país recibieron licencias al final del año. En Kazajstán, el parlamento aprobó una ley de prensa que, entre otras cosas, considera a los medios locales de difusión como responsables penales del contenido al reimprimir artículos publicados en la prensa extranjera, limita la retransmisión de las emisiones extranjeras, y establece restricciones en la red Internet.  Aunque el gobierno de Kirgistán restableció el registro de 16 órganos de prensa luego de meses de postergaciones burocráticas, siguió presionando a la prensa independiente con juicios legales y otras tácticas intimidatorias. En Turkmenistán virtualmente no había una prensa independiente.

Libertad religiosa:

La libertad religiosa permaneció esquiva en muchas regiones del mundo. Según el Informe Anual del Departamento de Estado sobre Libertad Religiosa Internacional 2001 (emitido en octubre, que cubre el período de julio de 2000 hasta junio de 2001) Birmania, China, Irán, Iraq y Sudán fueron designados "países motivo de especial preocupación" por el secretario de Estado. El respeto del gobierno chino a la libertad religiosa y de conciencia ha disminuido. Varias fuentes informaron que miles de adherentes del movimiento espiritual Falun Gong fueron arrestados, detenidos y apresados y que unos 200 o más han muerto durante su arresto desde 1999. Algunos grupos religiosos no registrados fueron sometidos a restricciones mayores, intimidación, hostigamiento y arresto. Muchos líderes de los grupos religiosos no registrados seguían en prisión. En el Tibet el gobierno suprimió rápidamente y por la fuerza cualquier actividad considerada favorable a la independencia o separatismo del Tibet. En la práctica a los budistas tibetanos se les prohibió expresar su reverencia al Dalai Lama como líder religioso.

Continuaron los incidentes con detenciones arbitrarias de ciudadanos vietnamitas por expresar pacíficamente sus puntos de vista políticos y religiosos. Líderes de grupos religiosos no registrados sufrieron acoso especial, detención y encarcelamiento. En octubre, un sacerdote católico, el padre Nguyen Van Ly, fue sentenciado a 15 años de prisión, aparentemente por pedir respeto a la libertad religiosa y los derechos humanos. Los líderes de la Iglesia Unificada Budista de Vietnam,  Thich Huyen Quang (patriarca supremo) y Thich Quang Do siguieron bajo arresto domiciliario.

Resultó difícil lograr información confiable sobre la situación en Corea del Norte debido al rígido control de la información por parte del régimen. Sin embargo, siguieron apareciendo informes sobre la ejecución de creyentes cristianos. Los antecedentes del gobierno en derechos humanos siguen siendo malos y continuó cometiendo numerosos abusos graves. El régimen siguió reprimiendo a los grupos religiosos no autorizados y controlando estrictamente a los grupos oficiales.

En Uzbekistán las fuerzas de seguridad siguieron arrestando y deteniendo a personas arbitrariamente bajo acusaciones falsas, particularmente a musulmanes sospechosos de simpatías extremistas. El gobierno siguió considerando enemigos del estado a quienes practican una versión no autorizada del Islam, tratándolos indiscriminadamente como terroristas potenciales. Aunque algunas versiones no autorizadas del Islam favorecen el derrocamiento de los gobiernos seculares -- en algunos casos por medios violentos -- el gobierno con frecuencia arrestó a quienes no favorecen la violencia y que solamente son culpables de poseer folletos de esos grupos.

En Sudán, la insistencia del gobierno en la ley sharia hizo de la libertad religiosa un tema delicado en el proceso de paz. El gobierno siguió restringiendo las actividades de los no musulmanes, incluyendo a cristianos y seguidores de las religiones africanas tradicionales indicas, así como contra algunos grupos islámicos. Las denuncias de conversiones forzosas al Islam de huérfanos, secuestrados y reclutas del ejército permanecieron como tema de preocupación. Aunque el gobierno de Arabia Saudita ha declarado públicamente que protegerá el derecho de los no-musulmanes para alabar en privado, no estaba clara la distinción entre la celebración privada y pública. Esta falta de claridad, en combinación con instancias arbitrarias de cumplimiento forzado, ha significado que la mayor parte de los no-musulmanes hagan sus celebraciones en la clandestinidad. Al ser descubiertos algunos celebrantes han sido detenidos y deportados.

Mujeres:

La causa de las mujeres afganas, que sufrieron bajo uno de los regímenes más represivos del mundo, sirvieron para aumentar más la atención sobre la continua opresión de las mujeres en todo el mundo e impulsaron a la primera dama Laura Bush a dar un mensaje radial sobre la brutalidad del régimen talibán con las mujeres y los niños. En diciembre el presidente promulgó la Ley de Ayuda para las Mujeres y Niños Afganos 2001 y la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, del Departamento de Estado, publicó La Guerra de Talibán contra las Mujeres, describiendo algunos de los abusos. Poco después de la caída del régimen talibán, las mujeres afganas comenzaron a reivindicar sus derechos a la dignidad humana básica. Algunas asumieron con entusiasmo papeles de liderazgo en la Autoridad Interina Afgana o la Ioya Jirga; otras regresaron a trabajar en diversas áreas. Al regresar las mujeres al trabajo y las jovencitas y niñas se preparaban para regresar a las escuelas, se hizo evidente que las mujeres estaban dispuestas a participar activamente en la sociedad afgana.

Hubo otros progresos notables en los derechos humanos para las mujeres. En febrero, el Tribunal para Crímenes Internacionales en la ex-Yugoslavia emitió un trascendental veredicto que confirmó que la esclavización de mujeres y niñas en el pueblo bosnio de Foca con fines de su violación permanente merecía el nivel de crimen contra la humanidad. Diez y seis mujeres y niñas testificaron que fueron sometidas como esclavas y violadas en múltiples ocasiones.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su primer informa sobre el tema de la violencia contra la mujer, señalando que Brasil había violado los derechos de una mujer demandante porque el país no había procedido a actuar y había
tolerado la violencia padecida. La comisión recomendó que el culpable fuera procesado, la víctima recompensada y que el gobierno siguiera y ampliara su proceso de reformas para acabar con la tolerancia estatal de la violencia doméstica contra la mujer.

En Yemen el gobierno y la asociación nacional de mujeres comenzaron un diálogo para considerar cambios en las leyes que discriminan contra las mujeres. El grupo femenino entregó al gobierno justificaciones legales y religiosas para los cambios.  El gobierno también creó el ministerio de Estado para Derechos Humano y designó a una mujer en ese cargo, siendo la primera vez que una mujer tiene un cargo ministerial en Yemen. En Turquía las importantes reformas al Código Civil del país reforzaron la igualdad entre los sexos en materias civiles. Las ONG participaron activamente en el proceso y contribuyeron mucho al el resultado.

A pesar de este progreso, la muertes llamadas por cuestiones de honor o dote continuaron siendo problemas importantes en ciertas partes del Mediano Oriente y el sur de Asia. En muchas partes de Africa, la mutilación genital femenina continuó dañando la salud física y sicológica de mujeres y niñas e impidiendo el desarrollo económico del continente. A millones de mujeres se las somete a esta práctica cada año. En marzo, el Departamento de Estado publicó un Informe sobre Mutilación Genital Femenina.

La comunidad internacional protestó enérgicamente una decisión de una corte nigeriana de sentenciar a una mujer a ser apedreada hasta la muerte por haber cometido adulterio. A fines de año la sentencia estaba bajo apelación. La frecuencia de la violencia, incluyendo la violencia doméstica, las leyes discriminatorias de familia y matrimonio, así como también el acceso desigual a la  educación, el empleo y la salud pública eran aún problemas importantes para las mujeres en muchas partes del mundo.

Niños:

Al fin del año, 80 naciones, incluyendo Estados Unidos, habían firmado el Protocolo Optativo de la Convención de Derechos del Niño sobre la participación de los niños en conflictos armados. No obstante, los derechos de los niños en las zonas de conflicto y en países empobrecidos continúa siendo un gran problema. Las guerras privaron a muchos niños de alimento, refugio, atención médica y bienestar mental. Los niños desplazados por el conflicto se vieron privados de educación. En muchos lugares del mundo, los niños de la calle encararon problemas similares. Además, estos niños siguieron siendo especialmente vulnerables a la explotación sexual y a los abusos de algunos policías y funcionarios locales. Muchos se han vuelto adictos a drogas. Algunos muchachos en los estados ricos del Golfo Pérsico se exponen a gran peligro cuando se los usa como jinetes en carreras de camellos.

Los niños representaron la proporción más grande de poblaciones desplazadas internamente en muchos países que sufren conflictos internos tales como Afganistán, Angola y Liberia. En Sri Lanka, Ruanda, Burundi y Sudán a muchos niños se los reclutó
forzosamente para entrar en combate; sin embargo, en la República Democrática del Congo y Sierra Leona, los gobiernos comenzaron a desmovilizar a los soldados niños como parte del proceso de resolución de conflicto en esos países.

Los gobiernos continuaron ratificando la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de manera más rápida que cualquier otra convención en la historia de la OIT. Para fines del año, 133 naciones habían depositado instrumentos de ratificación.  Estados Unidos aprobó la Convención en 1999 y la ratificó en 2000. Entre los países que aún tienen que ratificar la convención, Sudán continuó utilizando el trabajo forzado de niños.

Derechos de los trabajadores:

Los líderes sindicales siguieron siendo objeto de asesinatos y amenazas en Colombia, donde 171 líderes de ellos fueron muertos, lo que representa una cifra más alta que las cifras combinadas de todo el resto del mundo. Las Naciones Unidas informaron que 73 por ciento de estas muertes de sindicalistas fueron cometidas por grupos paramilitares. En Birmania, el trabajo forzado siguió siendo un problema generalizado, aun cuando, bajo presión internacional el gobierno promulgó nuevas regulaciones para disminuir la práctica. China experimentó descontento de los trabajadores y los frustrados trabajadores de fábrica se apoderaron de fábricas -- y algunas veces capturaron a los administradores -- en demanda de salarios atrasados y trato justo por la parte patronal. Una nueva ley sobre sindicatos ordenó que la entidad oficial Confederación de Sindicatos de Toda China dirija su atención a la contratación colectiva y represente los intereses de los trabajadores ante los patronos.

Rusia promulgó un nuevo Código de Trabajo que pareció debilitar la función de los sindicatos independientes y dejar a todos los sindicatos vulnerables a la dominación patronal. En Guatemala, varias muertes de líderes sindicales siguieron sin resolverse, y a los trabajadores que intentaban organizar un sindicato se los intimidó físicamente. Sin embargo, el gobierno de Guatemala decretó reformas del Código de Trabajo que lleva al país un paso más cerca del cumplimiento de las normas internacionales.

En Vietnam, las fábricas de ropa pusieron a prueba un código privado voluntario de normas laborales que tiene el propósito de mejorar las condiciones de trabajo y certificar los resultados a los compradores en Estados Unidos y Europa.

Tráfico de seres humanos:

La práctica detestable del tráfico de más de 700.000 hombres, mujeres y niños afectó cada año a casi todos los  países y siguió siendo uno de los problemas de derechos humanos más graves que encara el mundo. Las mujeres y niños de Europa Oriental, la antigua Unión Soviética y el sudeste Asia se han vuelto blancos principales de los elementos delictivos trasnacionales, incluyendo a los traficantes. A las víctimas se las secuestra por la fuerza o se las engaña mediante tergiversación, fraude o coacción y se las transporta por todo el mundo, donde se las fuerza a trabajar en malas condiciones en fábricas, como criados o trabajadores agrícolas, o se las explota sexualmente. Los secuestros de hombres, mujeres y niños de tribus minoritarias del sur de Sudán para someterlos a trabajos forzados o para obtener rescate siguió siendo un asunto
motivo de grave preocupación.

Varios gobiernos tomaron medidas para combatir el tráfico de seres humanos; sin embargo, queda aún mucho por hacer. En Corea del Sur, por ejemplo, más de 50 Oficinas de Fiscales Públicos de distrito designaron fiscales especiales para casos de tráfico y han venido operando equipos conjuntos para combatir delitos relacionados con el tráfico de seres humanos. Varios países del sudeste de Europa han concentrado sus esfuerzos para enfrentar el problema, a pesar de limitaciones importantes de recursos. Por ejemplo, Albania elaboró y aprobó una abarcadora Estrategia Nacional contra el Tráfico, que marca el curso para combatir el tráfico, y Rumanía aprobó una ley que prohíbe el tráfico de seres humanos. La Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales aprobó una Declaración Política y Plan de Acción con metas y objetivos alcanzables. Las Filipinas elaboró también un plan de acción para combatir este creciente crimen transnacional y violación de los derechos humanos.

Como indicación del compromiso del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado publicó en julio su primer Informe sobre Tráfico de Seres Humanos y, en noviembre inauguró oficialmente la Oficina de Control y Combate contra el Tráfico
de Seres Humanos. Para fines de año, había más de 100 signatarios del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Seres Humanos, Especialmente Mujeres y Niños, y 80 signatarios del Protocolo Optativo de la Convención de Derechos del Niño sobre la venta de niños, prostitución y pornografía infantil. Ambos acuerdos ofrecen estructuras multilaterales para combatir estas prácticas horrendas.

Responsabilidad social corporativa:

Las asociaciones entre gobiernos, empresas, uniones laborales y la sociedad civil para promover los derechos humanos y abordar la responsabilidad corporativa aumentaron durante el año y lograron nuevos partidarios. El Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas combinó los recursos del sector privado y el de los trabajadores, la sociedad civil y los gobiernos, para alcanzar la responsabilidad corporativa en el terreno de los derechos humanos. Las instituciones financieras multilaterales comenzaron a abordar de manera más constante las cuestiones de responsabilidad corporativa.

Durante el año surgieron ejemplos positivos de asociaciones entre los sectores privado y público. Chevron-Texaco, Conoco, Freeport MacMoRan, BP, Shell y Río Tinto, junto con grupos de derechos humanos y responsabilidad corporativa y los gobiernos de Estados Unidos y británico trabajaron para integrar y aplicar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. El gobierno de Holanda se unió a este esfuerzo en diciembre. Respondiendo a los informes de los medios y otros informes de trabajo forzado de niños en plantaciones de cacao en Africa Occidental, las compañías y asociaciones de la industria del chocolate prestaron apoyo las iniciativas del gobierno y las ONG para abordar el tráfico y el trabajo de niños. Otros esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y los derechos del trabajador continuaron también a medida que varias industrias trabajaron con las ONG y los gobiernos para aplicar códigos de conducta voluntarios y sistemas de observación en las fábricas.

III. Derechos Humanos en el Siglo XXI

La extensión del terrorismo mundial se hizo evidente de manera espantosa con los sucesos del 11 de septiembre. Los acontecimientos fortalecieron el argumento presentado por Estados Unidos y nuestros socios internacionales de que participábamos en una lucha para defender nuestras libertades y  valores. Además, juntamente con la necesidad de defendernos vino la percepción cada vez mayor de que por algún tiempo el terrorismo ha venido logrando partidarios en algunos países donde se niegan los derechos y se reprimen las libertades civiles. Los ciudadanos en muchos de estos países carecen también de oportunidad económica.

La extensión de los beneficios de la mundialización, por lo tanto, ha agregado una nueva dimensión al desafío que encaramos al defender nuestros valores. Los beneficios de participar en la economía mundial -- el intercambio de mercaderías y tecnología, la creación de empleos y una fuerza laboral educada – son evidentes. Los gobiernos democráticos estables ofrecen la vía más clara al crecimiento económico y la prosperidad que las naciones y sus pueblos buscan. Terminar con la corrupción, asegurar la observancia del imperio del derecho y proveer garantías judiciales justas son cuestiones centrales al desarrollo económico y contribuyen al buen gobierno corporativo.

Los acontecimientos del 11 de septiembre no alteraron el compromiso constante del gobierno de Estados Unidos con los derechos humanos y la democracia.  Indudablemente estos sucesos fortalecieron más nuestra resolución para ayudar a garantizar estos derechos para la gente de todas partes. Continuaremos urgiendo los derechos humanos, los procesos democráticos y las libertades civiles en todos los países, utilizando la gama de herramientas que tenemos disponibles. Continuaremos observando e informando de manera exacta y completa en cuanto a los derechos 
humanos en todo el mundo. Continuaremos trabajando para integrar en nuestros programas y política exterior las preocupaciones de derechos humanos -- tales como la libertad religiosa, la libertad de prensa, el buen gobierno, los derechos del trabajador, el respeto a la mujer y la lucha contra el tráfico de seres humanos. Y aceleraremos nuestra tarea de elaborar programas para ayudar a otros países a mejorar sus políticas e infraestructura de derechos humanos.

Para alcanzar estas metas y lograr resultados sostenibles, necesitaremos socios. El surgimiento de una sociedad civil mundial vigorosa en las últimas tres décadas ha contribuido a nuestros esfuerzos, como lo han hecho nuestros socios tradicionales -- los gobiernos. El sector privado tiene también una función importante que ejecutar. Reconoce, como nosotros, que los países que respeta la democracia y los derechos humanos son estables y seguros y, por lo tanto, buenos ambientes para la inversión. Como lo demuestran los acontecimientos del año pasado, la protección y la promoción de los derechos humanos ya no pueden considerarse como responsabilidad de los gobiernos y las ONG únicamente. Será necesaria una asociación de los gobiernos, las ONG y el sector privado para ganar la lucha para asegurar la observancia de los derechos humanos universales en el siglo XXI.

 

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Marzo 10, 2002

 

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