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Panorama general
La situación de los derechos humanos
en América Latina

Human Rights Watch

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Informe Anual 2003  Sucesos de 2002
[PDF-ZIP Argentina Brasil Chile Colombia Cuba Haiti Perú Venezuela]


E
l fallido golpe en Venezuela fue la muestra más dramática de los problemas cada vez más evidentes en toda América Latina y el Caribe: la fragilidad de la democracia electoral y la debilidad del Estado de derecho. A pesar de que los mecanismos formales de la democracia se mantuvieron en pie en toda la región — con la clara excepción de Cuba — los votantes fueron aparentemente perdiendo la confianza en que los gobiernos electos fueran capaces de afrontar con eficacia los problemas cotidianos. Con el aumento de la pobreza y la injusticia social, el desencanto popular generalizado hacia las democracias poco desarrolladas de la región despertó serias preocupaciones.

Argentina fue otro de los casos extremos con el paso de tres presidentes por el cargo en un período de diez días en diciembre de 2001 y una crisis provocada por el colapso casi total de la economía nacional. Haití, donde la reputación democrática del gobierno ya estaba en entredicho, vivió un aumento de la agitación política. Estallaron protestas y disturbios callejeros en ambos países, al igual que en Venezuela, Paraguay y Bolivia. La violencia y la brutalidad de la respuesta policial a dichos incidentes hicieron que se prestara la necesaria atención a las profundamente enraizadas deficiencias de los sistemas regionales de justicia penal.

Algunos líderes políticos, incapaces de ofrecer prosperidad a su electorado, parecían en cambio perfectamente capacitados para obtener beneficios financieros personales. En ciertos casos, como observó un comentarista sobre Argentina, los funcionarios del gobierno trataron el dinero público como "un botín de guerra". A pesar de lo mucho que se habló de iniciativas contra la corrupción, se avanzó muy poco en su erradicación. Y fue la misma corrupción oficial-por encima quizá de cualquier otro factor-la que erosionó la confianza popular en el gobierno. La prensa de la región contribuyó enérgicamente a denunciar las prácticas corruptas, pero su capacidad para hacerlo se vio limitada en algunos países por la opresiva legislación penal contra la difamación. En el caso más notable de Panamá, los funcionarios del gobierno tomaron represalias contra muchos periodistas mediante querellas judiciales.

Sin embargo, se prestó cada vez más atención a una de las causas de la corrupción, la falta de transparencia del gobierno, y algunos países tomaron medidas para remediarla. En México y Peru, se aprobaron leyes afirmando que la información en manos del Estado era en principio pública. Dichas leyes sobre la libertad de información también establecieron procedimientos para que los ciudadanos pudieran solicitar la publicación de documentos oficiales y fijaron sanciones para las negativas injustificadas del acceso a información.

En Colombia, se agravó el único conflicto armado de la región y la crisis más acuciante de derechos humanos. Como muestra de una aparente preferencia por la línea más dura, los votantes eligieron en mayo, por una mayoría sin precedentes, al Presidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe impuso inmediatamente medidas de emergencia que debilitaron la capacidad de las instituciones oficiales para vigilar e investigar las violaciones de los derechos humanos. También intentó permitir los registros y las escuchas sin orden judicial y restringir los movimientos de los periodistas, pero el máximo tribunal del país decretó la inconstitucionalidad de estas medidas. Fue especialmente preocupante que Uribe autorizara el reclutamiento militar de 15.000 aliados campesinos, lo que hizo temer que se tratara simplemente de una "legalización" de los socios paramilitares del ejército. Aunque el Presidente Uribe y su ministro de defensa anunciaron una política de no tolerancia de cualquier tipo de colaboración entre las fuerzas gubernamentales y los grupos paramilitares ilegales, siguieron apareciendo numerosas denuncias fundadas de las operaciones conjuntas entre el ejército y los paramilitares y de la aquiescencia gubernamental frente las actividades de estos últimos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el grupo guerrillero más numeroso del país, intensificaron sus ataques tras la ruptura de las negociaciones de paz en febrero. En mayo se produjo el incidente más sangriento, cuando una bomba de cilindro de gas lanzada por la guerrilla hizo impacto en una iglesia de Bojayá, Chocó, que albergaba a personas desplazadas y mató a 119 personas, entre ellas al menos 48 niños. Las FARC también incrementaron su ofensiva contra la infraestructura civil del Estado y asesinaron a alcaldes y otros funcionarios municipales.

Aunque sin un conflicto armado, Venezuela estuvo varias veces al borde de un estallido violento. La situación de agitación política permanente, que condujo a la intentona golpista de abril, se calmó en cierto modo tras el retorno de Hugo Chávez a la presidencia, pero empeoró notablemente a finales de año.

Las fuerzas armadas obligaron a Chávez (quien anteriormente había encabezado un intento de golpe) a dejar la presidencia el 11 de abril, después de una manifestación masiva en la que se produjeron disparos. La marcha de protesta, convocada en respaldo de una huelga general, contó con la participación de sindicatos, organizaciones empresariales, la oposición política y miembros de la sociedad civil. Cuando unas 500.000 personas se dirigían hacía el palacio presidencial, en el centro de Caracas, donde los simpatizantes de Chávez se habían reunido para interceptar la marcha, varios francotiradores abrieron fuego contra los manifestantes desde edificios cercanos. Murieron 18 civiles y más de 150 resultaron heridos durante la protesta. Las víctimas incluían simpatizantes del gobierno y miembros de la oposición, así como un fotógrafo de prensa que cubría el evento.

Esa misma noche, un grupo de jefes de las fuerzas armadas depusieron al Presidente Chávez y permitieron que Pedro Carmona Estanga, el dirigente de la principal asociación empresarial del país, se autoproclamara presidente. Esta ruptura del orden constitucional dio paso a un atentando mayor contra el Estado de derecho cuando Carmona disolvió la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema y derogó la nueva Constitución Nacional. Aunque Chávez fue reinstaurado en la presidencia el 14 de abril, entre 40 y 60 personas fueron asesinadas en el segundo estallido de violencia que tuvo lugar durante el fin de semana en que estuvo depuesto. La mayoría de las víctimas fueron identificadas como simpatizantes de Chávez asesinados por las fuerzas de seguridad durante las protestas en los barrios pobres de Caracas.

En Haití, aunque los acontecimientos fueron menos dramáticos, se hizo evidente un nivel similar de polarización política. El resentimiento de la oposición política, ya de por si escéptica ante las constantes promesas del Presidente Jean-Bertrand Aristide, se agravó con los acontecimientos violentos del 17 de diciembre de 2001. Aprovechando las informaciones sobre un intento de golpe (que posteriormente se demostraron infundadas), bandas de jóvenes-miembros de las llamadas organizaciones populares afiliadas al partido del Presidente Aristide-emprendieron una campaña a gran escala de ataques contra la oposición. Las bandas recorrieron ciudades y pueblos incendiando sedes de partidos políticos y destruyendo las casas de los líderes políticos, sin que la policía interviniese.

Los casos de fraude en las elecciones legislativas celebradas en 2000 fueron la causa fundamental del estancamiento político en Haití. Aunque los negociadores internacionales prosiguieron con sus intentos de facilitar una solución al impasse en 2002, la falta de avances desalentó a los donantes que congelaron cientos de millones de dólares de ayuda internacional. El Presidente Aristide se quejó airadamente de la suspensión de la ayuda, pero pareció poco dispuesto a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación.

Las protestas masivas en Argentina, un síntoma de las ruinosas condiciones económicas del país, provocaron la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Dos nuevos presidentes se sucedieron rápidamente en el cargo, hasta que el Congreso eligió finalmente al peronista Eduardo Duhalde para ocupar la presidencia. Al menos 23 personas murieron en todo el país durante los enfrentamientos y los disturbios violentos que acompañaron a las protestas. La crisis económica conllevó un fuerte aumento de la delincuencia violenta y los secuestros. La violencia policial, que ya constituía un problema crónico, empeoró.

La violencia policial también planteó graves preocupaciones en otros países; particularmente en Venezuela, donde las altas tasas de crímenes violentos provocaron una indiferencia de los ciudadanos frente a los abusos contra presuntos delincuentes. Los asesinatos para la "limpieza social" por parte de la policía venezolana fueron un problema grave, especialmente en las provincias. En el estado de Portuguesa, un autodenominado "grupo de exterminio", compuesto por miembros de la policía estatal y la Guardia Nacional fuera de servicio, fue responsable del asesinato de delincuentes callejeros y drogadictos.

En el Caribe de habla inglesa, donde las tasas de delincuencia violenta también fueron sumamente elevadas, varios estados persistieron en sus esfuerzos por reforzar la aplicación de la pena de muerte. Estos estados-señaladamente Barbados, Belice y Jamaica-intentaron eludir ciertos fallos del Privy Council (consejo privado del soberano), el tribunal de apelaciones con sede en Londres, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impedían la aplicación de la pena capital.

En diciembre, por ejemplo, el Primer Ministro de Jamaica, P.J. Patterson anunció durante un discurso televisado que intentaría la aprobación de una enmienda constitucional para reinstaurar la pena por ahorcamiento. Patterson había afirmado anteriormente que el Privy Council estaba "haciendo imposible la ejecución de la pena de muerte". Se refería al hecho de que la pena de muerte estaba contemplada legalmente en Jamaica, al igual que en otros países del Caribe, pero su aplicación se había visto limitada por varios fallos del tribunal de apelaciones.

El Privy Council emitió uno de estos fallos en marzo, confirmando una decisión previa de la Corte de Apelaciones del Este del Caribe por la que se revocaba la aplicación obligatoria de la pena de muerte para ciertos delitos en siete países caribeños. En octubre, el Privy Council anuló las condenas a muerte de dos hombres juzgados por un asesinato ocurrido en 1999 en Trinidad. En respuesta a dichos fallos, en noviembre, las asambleas legislativas de Belice y Barbados estaban considerando la propuesta de enmiendas constitucionales para limitar las apelaciones en casos de pena capital.

Guatemala y Cuba siguieron siendo los únicos dos países de habla hispana de la región donde se aplicaba la pena de muerte a delitos comunes, aunque otros países latinoamericanos se reservaban el derecho a ejecutar a personas condenadas por traición en tiempo de guerra o por otros delitos extraordinarios. No obstante, en Guatemala, el Presidente Portillo anunció una moratoria sobre la aplicación de la pena capital. En el momento de redactar este informe, ni Guatemala ni Cuba habían ejecutado ninguna condena a muerte en 2002.

Las condiciones en las prisiones latinoamericanas fueron generalmente malas y muchas de ellas estuvieron afectadas por el hacinamiento de presos, la falta de personal, el deterioro de las instalaciones y la peligrosidad. El 20 de septiembre, un motín en la prisión La Vega, en la República Dominicana, se saldó con la muerte de 29 presos. La mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo como consecuencia del incendio provocado por los presos para protestar contra un registro en busca de armas. Este centro mal gestionado había sido construido para 300 internos y albergaba casi al doble de presos cuando se produjo el motín. En enero, 29 presos fueron asesinados en Brazil durante una protesta en la prisión de Porto Velho, en el estado de Rondonia. En Perú, la población carcelaria de la remota prisión de alta seguridad de Challapalca, situada a más de 4.000 metros de altura en los Andes, pasó de 50 a más de un centenar en el transcurso del año. Dada la escasez de oxígeno en el aire, el aislamiento y las bajas temperaturas, el defensor de los derechos humanos de Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido repetidamente el cierre de la prisión, afirmando que implicaba un peligro inaceptable para la salud tanto de los presos como del personal.

En toda América Latina y el Caribe, los trabajadores continuaron sufriendo una inmensa variedad de violaciones de derechos laborales internacionalmente reconocidos. Entre las más comunes se encuentran las peores formas de trabajo infantil, la discriminación en el empleo y las violaciones del derecho a la libertad sindical. En ciertos casos, el hecho de que el gobierno no aplicara las leyes laborales nacionales perpetuó los abusos, en otros casos, estas leyes eran incompatibles con las normas internacionales del trabajo. Sin embargo, el resultado fue el mismo: los empleadores pudieron violar impunemente los derechos de los trabajadores. En Colombia, donde la defensa de los derechos laborales era una actividad sumamente peligrosa, se asesinó con frecuencia a dirigentes y miembros de sindicatos.

En una alentadora muestra de progreso, varios países adoptaron medidas significativas para establecer responsabilidades por abusos cometidos en el pasado. En México, por ejemplo, el gobierno tomó la histórica decisión de reconocer públicamente los actos de violencia política cometidos por sus fuerzas de seguridad durante los años sesenta y setenta, y de intentar enjuiciar a los responsables de dichos crímenes. En noviembre de 2001, el Presidente Vicente Fox anunció la creación de una fiscalía especial encargada de esta tarea. En Argentina, una serie de oficiales superiores del ejército implicados en abusos cometidos durante la "guerra sucia" estaban detenidos o en arresto domiciliario, entre ellos el ex presidente de la junta Leopoldo Galtieri. Sin embargo, en noviembre, la Corte Suprema de Argentina no había emitido todavía su dictamen sobre las apelaciones de dos fallos de los tribunales federales anulando las leyes de amnistía del país, una decisión fundamental en los esfuerzos para el establecimiento de responsabilidades.

En Chile, aunque los tribunales hicieron avances importantes en el enjuiciamiento de miembros de las fuerzas armadas implicados en las desapariciones cometidas durante el régimen pinochetista, el propio General Augusto Pinochet escapó a la justicia. A diferencia de muchos expertos legales, la Corte Suprema de Chile sostuvo que la "demencia moderada" diagnosticada a Pinochet satisfacía los requisitos jurídicos para archivar la causa en el notorio caso de la "Caravana de la Muerte".

La comisión de la verdad de Perú inició en abril sus audiencias públicas en ciudades y áreas rurales de todo el país. En las sesiones de la comisión, que fueron televisadas, se recogieron los testimonios de testigos presenciales de masacres, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. También en abril, como resultado de las negociaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal general nombró a un fiscal especial encargado de la investigación y el enjuiciamiento de cientos de desapariciones forzadas, asesinatos y otros crímenes, principalmente los cometidos en la década de los ochenta. El fiscal especial también recibió el encargo de exhumar e identificar los restos humanos enterrados en las más de 500 fosas clandestinas que, según se cree, existen en el país.

En América Central, las graves violaciones de los derechos humanos de décadas pasadas también continuaron recibiendo atención y tuvieron lugar exhumaciones de fosas comunes en una serie de países. En Panamá, una comisión de la verdad patrocinada por el gobierno publicó en abril su informe final sobre los abusos cometidos durante el régimen militar. En Guatemala, el país con el historial más trágico de asesinatos y masacres a gran escala, la intimidación de testigos, funcionarios judiciales y defensores de los derechos humanos fue un grave problema que obstaculizó el establecimiento de responsabilidades.

Otro hito importante en la campaña para rendición de cuentas en América Latina fue el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), que entró en vigor el 1 de julio. La CPI fue creada para enjuiciar a las personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Varios países latinoamericanos ratificaron el tratado de la CPI durante 2002, en concreto, Ecuador, Panamá, Brasil, Bolivia, Uruguay, Honduras y Colombia. Aunque el respaldo regional a la Corte fue considerable, muchos países-entre ellos Chile, Cuba, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, México y Nicaragua-todavía no habían firmado el tratado de la CPI cuando se redactaba este informe.

Al implementar la legislación nacional apropiada, varios países demostraron que se tomaban en serio su obligación de garantizar el funcionamiento eficaz de la CPI. El 25 de septiembre, por ejemplo, Brasil adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mientras que Perú, Bolivia y Venezuela comenzaban el proceso de implementación.

La defensa de los derechos humanos

El movimiento de derechos humanos de América Latina y el Caribe demostró una fortaleza impresionante en su base, además de la legitimidad reconocida en el ámbito gubernamental. Numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y regionales se dedicaron a la defensa de los derechos humanos, y se ocuparon de asuntos tales como los derechos de la mujer, los derechos de gays y lesbianas y la libertad de expresión. En algunos países, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales estuvo complementado por el de las comisiones nacionales permanentes de derechos humanos, los organismos parlamentarios ad hoc y otros órganos oficiales. Como prueba de su experiencia y capacidad, una serie de defensores latinoamericanos de los derechos humanos desempeñaron papeles destacados en Naciones Unidas y otros foros internacionales.

Sin embargo, en varios países, como Colombia, Guatemala, Haití y Brasil, algunos activistas se enfrentaron individualmente a la intimidación, los ataques y en ocasiones la muerte por su defensa de los derechos humanos. Colombia siguió siendo el país más peligroso para los defensores de los derechos humanos. En los primeros 11 meses de 2002, se registró la muerte de 16 activistas pro derechos humanos colombianos. Los investigadores del gobierno encargados del enjuiciamiento de líderes paramilitares también corrieron peligro, al igual que los testigos de dichos casos.

En Cuba, a diferencia de otros países de la región, la vigilancia de las condiciones de derechos humanos no se consideró una actividad legítima, sino un gesto de deslealtad y traición a la soberanía nacional. Los defensores cubanos de los derechos humanos continuaron operando en condiciones extremadamente difíciles, sometidos a vigilancia, hostigamiento y la amenaza de un proceso penal.

Después de haber vivido bajo gobiernos militares represores, los ciudadanos de muchos países latinoamericanos reconocieron en general la importancia de los principios de derechos humanos. No obstante, los defensores de los derechos humanos se vieron estigmatizados por proteger los derechos de grupos menos populares, particularmente los presuntos delincuentes.

El papel de la comunidad internacional

La Organización de las Naciones Unidas

Dado que la atención mundial se concentró en otras regiones, las condiciones de los derechos humanos en América Latina y el Caribe no fueron un asunto sumamente destacado en el programa de las Naciones Unidas, aunque se prestó atención a problemas y situaciones específicas.

James LeMoyne, el asesor especial para Colombia del Secretario General de la ONU, visitó frecuentemente este país en el transcurso del año. Desempeñó un papel extremadamente activo en los intentos de salvar las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el principal grupo guerrillero del país, aunque las negociaciones fracasaron finalmente.

Tanto en Colombia como en Guatemala, las Naciones Unidas mantuvieron oficinas locales para vigilar el respeto por los derechos humanos. En México, el gobierno acordó en julio la apertura de una oficina de derechos humanos de la ONU dentro del país. La misión de verificación de la ONU en Guatemala, conocida como MINUGUA, jugó un papel central en el control del cumplimiento de los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, la ONU mantuvo una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos encargada de documentar abusos cometidos por todas las partes del conflicto armado interno. Hubo momentos de gran tensión entre dicha oficina y el gobierno colombiano, sobre todo después de que la primera planteara preguntas sobre el papel del ejército colombiano en Boyajá, donde se produjo una matanza a gran escala por parte de la guerrilla. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también tenía oficinas en Colombia con capacidad operativa en las regiones de Urabá y Magdalena Medio, así como en el departamento de Putumayo.

Por décima vez en 11 años, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El texto fue menos contundente que en el pasado, pero cabe destacar que varios países latinoamericanos impulsaron la resolución. A pesar de las duras denuncias cubanas, la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos con voto en la comisión apoyaron la resolución.

En el momento de escribir este informe, seis países latinoamericanos-Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México y Perú-habían cursado invitaciones permanentes para recibir la visita de representantes de organismos de vigilancia de los derechos humanos de la ONU. México, por ejemplo, recibió dos de estas visitas de observación durante 2002: en febrero, la del relator especial sobre los derechos humanos de los inmigrantes y en agosto, la del representante del Secretario General de la ONU sobre las personas internamente desplazadas. En septiembre, Haití recibió la visita de Louis Joinet, el recién nombrado experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití. Cuba, que en años anteriores sólo había permitido la visita de muy pocos representantes en materia de derechos humanos de la ONU, hizo presión para debilitar los mecanismos de vigilancia en la sesión de abril de la Comisión de Derechos Humanos.

La Organización de Estados Americanos

La Organización de Estados Americanos (OEA) dedicó importantes esfuerzos diplomáticos a contener las crisis políticas paralelas de Venezuela y Haití. El 13 de abril, inmediatamente después de la destitución del Presidente Hugo Chávez en Venezuela, el Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión de emergencia de acuerdo con los términos de la recién creada Carta Democrática Interamericana. Al cierre de la sesión, el Consejo Permanente de la OEA emitió una resolución condenando el golpe y declarando que los eventos ocurridos en Venezuela justificaban la aplicación de la Carta-una decisión que podría haber llevado a la aplicación de sanciones si Chávez no hubiera retomado la presidencia. El Secretario General de la OEA, César Gaviria, viajó a Venezuela varias veces durante el año con intención de facilitar un diálogo político entre las fuerzas opositoras y evitar una agudización de la crisis.

En Haití, el Secretario General Adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, trabajó para lograr una solución negociada de la crisis política y emprendió varias misiones en el país. En una sesión de enero, el Consejo Permanente de la OEA también examinó la situación de Haití. Preocupado por los ataques violentos y sistemáticos contra la oposición política ocurridos el 17 de diciembre de 2001, el Consejo Permanente emitió una resolución pidiendo a las autoridades haitianas que llevaran a cabo una investigación exhaustiva de los sucesos. En marzo, en una reunión de seguimiento, la OEA y el gobierno haitiano firmaron un acuerdo para el establecimiento de una Misión Especial de la OEA en Haití. El objetivo de la misión, que empezó a operar al mes siguiente, era ayudar a abordar las carencias del país en materia de democracia y derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los organismos de derechos humanos de la OEA, envió misiones de observación y cabildeo a varios países de la región, entre ellos Venezuela, Haití y Argentina. En octubre, la comisión celebró sesiones sobre la situación de las personas afectadas por el VIH/SIDA. En una de ellas se ofreció una visión general de los problemas de derechos humanos propios de la epidemia del VIH/SIDA, otras sesiones se ocuparon de la negación del acceso a medicamentos antiretrovirales a enfermos en Ecuador y de un caso similar en El Salvador. A lo largo del año, la Comisión hizo recomendaciones a gobiernos latinoamericanos con respecto a casos específicos de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal de la OEA encargado de casos de derechos humanos-y cuyas sentencias son de obligatorio cumplimiento-dictó varios fallos importantes. En agosto, por ejemplo, ordenó a Venezuela que indemnizara con 1.559.800 dólares a los familiares de 17 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante una revuelta popular del 27 de febrero de 1989.

La Unión Europea

La Unión Europea (UE) respaldó los esfuerzos por resolver los problemas más acuciantes de la región en materia de derechos humanos y derecho humanitario, entre ellos el caso más destacado del conflicto armado en Colombia. Entre otras ayudas, aportó apoyo financiero para el proceso de paz colombiano y para la asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Sin embargo, en febrero, cuando se rompieron las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la UE adoptó una postura claramente más dura con respecto a las FARC-EP. En junio, tras un prolongado debate y con la significativa presión del entonces Presidente Andrés Pastrana, la UE agregó a las FARC-EP a su lista negra de organizaciones "terroristas".

En noviembre, Cuba seguía siendo el único país latinoamericano sin un acuerdo de cooperación con la UE sobre comercio y desarrollo. Aunque el gobierno cubano y los representantes de la UE discutieron dicho acuerdo, el primero no estaba dispuesto a implementar las reformas necesarias para satisfacer la "posición común" de la UE sobre Cuba, según la cual la plena cooperación económica dependía de la adopción de medidas para mejorar la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Los esfuerzos de los tribunales europeos por extraditar a presuntos responsables de graves abusos contra los derechos humanos ayudaron a presionar para la rendición de cuentas por dichos crímenes. En enero, por ejemplo, los tribunales suecos pidieron la extradición del ex oficial de la armada argentina Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel de la Muerte" por sus actividades durante el régimen militar en Argentina. Sin embargo, el gobierno argentino rechazó la solicitud de extradición esgrimiendo el principio de la soberanía territorial.

En mayo, se celebró la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Los participantes en la cumbre condenaron los abusos contra los derechos humanos y acordaron cooperar más estrechamente para protegerlos y fortalecer el Estado de derecho.

El trabajo de Human Rights Watch

La división de las Américas de Human Rights Watch se mantuvo atenta a los acontecimientos en materia de derechos humanos en la región mediante un contacto estrecho con activistas locales, visitas frecuentes a países y un seguimiento intensivo de las noticias y otras fuentes de información. Esta división no sólo intentó identificar los problemas acuciantes de derechos humanos sino también entender las causas fundamentales de las violaciones y desarrollar estrategias eficaces para abordarlas.

Estas estrategias consistieron en campañas específicas con los diseñadores de políticas, una coordinación cuidadosa con las ONG locales y una campaña de concienciación del público en general en medios de comunicación e Internet.

Los asuntos de los que se ocupó la división en 2002 incluyen la determinación de responsabilidades por abusos y el caso de los niños soldados en Colombia; la protección de los defensores de los derechos humanos en Guatemala; la crisis política en Venezuela; la libertad sindical y el trabajo infantil en Ecuador; el trato a los inmigrantes haitianos y dominico-haitianos en la República Dominicana; la libertad de expresión en Chile; la rendición de cuentas, la libertad de prensa y los presos políticos en México; los enjuiciamientos de casos de derechos humanos en Argentina; y el trato a los disidentes políticos en Cuba.

Durante el transcurso del año, la división de las Américas envió misiones de investigación y cabildeo a Argentina, Chile, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Con la información reunida en estos viajes, la división elaboró informes detallados, documentos informativos y otros materiales para documentar los problemas analizados. Con el fin de facilitar una amplia divulgación de los resultados obtenidos, la división concedió una gran prioridad a la traducción de sus materiales al español (y al portugués, en algunos casos) y su publicación en su página Web.

Además de divulgar la información mediante materiales escritos, Human Rights Watch se dirigió directamente a funcionarios gubernamentales y representantes de los órganos regionales e internacionales competentes. Los representantes de Human Rights Watch mantuvieron reuniones con presidentes y otros altos cargos oficiales de varios países. En estos encuentros, así como en la correspondencia y las declaraciones escritas, la división de las Américas hizo recomendaciones específicas para la mejora de las condiciones de los derechos humanos.

Por padecer la crisis de derechos humanos más grave de la región, la división de las Américas concentró gran parte de sus energías en Colombia durante 2002. El trabajo de la división en defensa de los derechos humanos en Colombia tuvo tres aspectos: la presión para el cambio dentro del país, el trabajo para influir en la política estadounidense y la promoción de las iniciativas de la ONU y otros organismos internacionales. Human Rights Watch realizó dos misiones de investigación a Colombia. Durante la primera, los investigadores recopilaron testimonios de antiguos niños soldados y mantuvieron reuniones con ONG y otros expertos sobre el tema. En la segunda visita reunieron información para un informe sobre la conducta de la Fiscalía General de Colombia en investigaciones concretas de presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por altos oficiales militares y líderes paramilitares. En el informe resultante, "Un giro erróneo: La actuación de la Fiscalía General de Colombia", se concluyó que el Fiscal General Luis Camilo Osorio había debilitado importantes investigaciones y fomentado un ambiente de temor dentro de la Unidad de Derechos Humanos. Una delegación de Human Rights Watch presentó su informe en una conferencia de prensa celebrada el 8 de noviembre en Bogotá, tras haberse reunido con el Presidente, el Fiscal General y otras personas en Colombia.

En Guatemala, la División de Derechos de la Mujer publicó un informe en febrero en el que se constataba la persistencia de la discriminación sexual y el maltrato en los sectores laborales con más participación femenina-las plantas de procesamiento de exportaciones y el trabajo doméstico. La división de las Américas visitó Guatemala en agosto con el fin de presionar al gobierno para que adoptara medidas más efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos, que habían sido objeto de numerosos actos de intimidación durante el año. También pidió que se avanzara en los casos judiciales relacionados con graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que terminó en 1996.

En abril, la división de las Américas publicó un informe en el que se documentaba el maltrato laboral a los niños y los obstáculos a la sindicalización en el sector bananero de Ecuador. Tras la publicación del informe, Human Rights Watch presionó al gobierno para que aplicara las leyes sobre trabajo infantil e instó a la industria bananera a que las respetara. En julio, los representantes del sector bananero firmaron un acuerdo para eliminar el trabajo infantil ilegal en el plazo aproximado de un año, y en octubre, el gobierno creó un nuevo Sistema de Inspección y Monitoreo de Trabajo Infantil. Human Rights Watch aplaudió estas iniciativas, pero expresó su seria preocupación por su implementación. Human Rights Watch también reclamó un mayor respeto al derecho a la libertad sindical de los trabajadores y quedó decepcionada por la falta de respuesta de la industria bananera a esta petición. Como condición para recibir mayores ventajas arancelarias con arreglo a la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA), el gobierno de Ecuador se comprometió a adoptar medidas para mejorar el respeto al derecho de los trabajadores a organizarse, pero este compromiso se expresó de manera vaga y general.

En abril, ante la preocupación por el trato racista a los inmigrantes haitianos y los dominico-haitianos en la República Dominica, una delegación de Human Rights Watch viajó a Santo Domingo para presentar un informe sobre el tema. En el informe se describía cómo se niega sistemáticamente la nacionalidad a los dominicanos de origen haitiano, a pesar de que la constitución dominicana establece el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en territorio nacional. En dicho informe se explicaba que la consecuencia era que muchos dominicanos de origen haitiano vivían una existencia precaria, expuestos constantemente al riesgo de que los expulsaran de su propio país. En el informe también se documentaban toda una serie de violaciones de las garantías procesales padecidas por las personas de "aspecto haitiano" durante las deportaciones. En una reunión con el Presidente Hipólito Mejía, la delegación de Human Rights Watch recomendó una serie de reformas para ayudar a prevenir abusos en el futuro.

En Chile, Human Rights Watch continuó presionando al gobierno para que avanzara en las reformas legales destinadas a eliminar las leyes represivas sobre desacato, que exponen a periodistas y otras personas a cumplir penas de cárcel por comentar las políticas gubernamentales. El Presidente Ricardo Lagos y el presidente del comité del congreso encargado de debatir la reforma comunicaron a la división de las Américas su compromiso de dar la mayor prioridad al asunto.

Informe Anual 2003  Sucesos de 2002
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Febrero 18, 2003